El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha frenado el intento del fundador del Grupo Zed, Javier Pérez Dolset, de cargar más pruebas contra Mijaíl Fridman. El magistrado instructor ha limitado, por el momento, la investigación de la causa dirigida a esclarecer si el dueño de la cadena de supermercados Dia participó en la quiebra de la tecnológica a la práctica de las diligencias que indicó la Sala de lo Penal en su auto por el que revocó el archivo del procedimiento con respecto al magnate ruso. Se trata de los interrogatorios a los socios rusos que interesó la Fiscalía Anticorrupción y que, a su entender, demostrarían que la empresa española fue “asfixiada económicamente” para poder comprarla por solo 20 millones de euros, un importe muy por debajo del valor de mercado en ese momento.
La ‘calma’ llegó para Fridman hace casi un año, en diciembre de 2020, cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, acordó dejarle fuera de la causa. El juez entendió que con las diligencias practicadas hasta ese momento no se podía acreditar “la participación ni directa ni directa” en cuestiones relativas a la multinacional por parte del empresario ruso. Sin embargo, a instancia de Anticorrupción y de la familia Pérez Dolset, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal revisaron el asunto y el pasado mes de julio señalaron que el instructor se había precipitado a la hora de descartar cualquier tipo de intervención y “poderes de decisión” del magnate en la despatrimonialización e insolvencia de la tecnológica, por lo que volvieron a imputarle.
La Sala asumió el criterio del fiscal, que alegó que la investigación contra Fridman aún no se había agotado, y ordenó al juez instructor a librar una comisión rogatoria a Rusia para recabar los informes que la oficina de PwC en Moscú realizó con el objeto de analizar el negocio del Grupo Temafon -del que Zed adquirió el 50,10 % de su capital en 2009- y las apropiaciones que en él se produjeron. Entre los documentos reclamados, se señalan los elaborados por Edwin Harland, que auditó a Zed entre abril de 2013 y noviembre de 2014 y alertó que los accionistas rusos estaban bloqueando la actividad de la empresa española. En relación a esto, el juez también tuvo que acordar la citación como investigado a Anton Kudryasov, director ejecutivo de la rama rusa de Vimpelcom, quien según el fiscal actuaba bajo las órdenes de Fridman. Cabe destacar que debido a la dificultad de practicar este interrogatorio, ya que el imputado reside fuera de España, el instructor libró una Orden Europea de Investigación a Países Bajos.
Asimismo, también imputó a Alexei Azarenkov, director regional de la tecnológica en Rusia y Europa del Este, que ya declaró que, en un encuentro en Barcelona, Kudryasov y el que fuera responsable de desarrollo de negocio de Vimpelcom, Philip Yalovega, le comentaron que el magnate estaba “enfadado” porque había recibido una llamada del ministro del Interior de Rusia. Según un informe policial que obra en la causa, el “inicio del conflicto y bloqueo por parte del lado ruso” al Grupo Zed empezó en el momento que el hijo del político, Alexander Kolokoltsev, se quejó de que su empresa estaba siendo “injustamente” tratada por el Grupo Tema. Así para esclarecer las supuestas presiones políticas que pudieron influir en esta trama, Anticorrupción hizo especial hincapié en poder interrogar como testigo a Yalovega, que cesó de su puesto en 2013.
Solo las pruebas del fiscal
Pese a la complicada batería de diligencias acordadas por el juez García Castellón, la defensa del fundador de Zed consideró que se podían practicar muchas más pruebas para esclarecer los hechos, si bien Fridman se opuso rotundamente a esta petición, alegando que la Sala dejó marcado el camino a seguir. Y el magistrado así lo entiende también, según un auto con fecha del pasado 17 de noviembre, al que ha tenido acceso La Información, en el que indica que los términos en los que se expresó la Sala de lo Penal “son inequívocos”.
En este sentido, subraya que los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dejaron expresamente claro que la reapertura de la causa se hacía para la “continuación de las actuaciones instructoras, mediante la práctica de las diligencias propuestas por el Ministerio Fiscal en su recurso”. “Por ende, en este estadio procesal no ha lugar a practicar otras diligencias”, explica García Castellón, que a su vez apunta que si en el marco de estas actuaciones “surgen nuevos indicios de criminalidad”, posteriormente podrá valorarse la procedencia de realizar otras actividades indagatorias.
Y en este último extremo insiste al referirse a la postura sostenida por el fiscal Anticorrupción, que no se opuso a la petición realizada por Pérez Dolset. En su auto, García Castellón explica que la “limitación en cuanto a la admisión de diligencias” que ha realizado la Sala de lo Penal, le obliga a “adoptar una postura restrictiva” y por tanto “sostener un enfoque secuencial: una vez practicadas las diligencias interesadas por el Ministerio Público en su recurso de apelación, y a la vista de su resultado, se valorará si han de practicarse nuevas diligencias, por ser pertinentes, útiles y necesarias”.
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