Últimos pasos en la investigación por el 'tarifazo' de la luz a finales de 2013, en plena ola de frío. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ya ha recabado toda la documentación que solicitó tras anunciar que no ampliaría por más tiempo la instrucción y ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que informe "sobre el procedimiento a seguir". De este modo, el magistrado ha preguntado al Ministerio Público si ve indicios de delito o no contra Iberdrola, investigada como persona jurídica, por el aumento de los precios de la electricidad en dichas fechas y por el que se sospecha que habría obtenido un "lucro ilícito de 20 millones de euros" con la alteración de los precios de mercado.
Así se deduce de la providencia que dictó el pasado 1 de marzo el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, a la que ha tenido acceso La Información: "Visto el estado de las presentes actuaciones y las practicadas que han sido las diligencias de investigación solicitadas por las partes, confiérase nuevo traslado a la Fiscalía Anticorrupción a fin de que informe sobre procedimiento a seguir", reza la resolución. Fuentes jurídicas consultadas por este diario explican que cabría la posibilidad de que el Ministerio Público solicitara más pruebas, a raíz del examen de la documentación recién llegada, aunque creen que es improbable debido a que el instructor comunicó que no continuará indagando en los hechos denunciados.
Es por ello por lo que una vez que Anticorrupción remita su informe, para el que no hay plazo estipulado, el juez instructor deberá acordar el cierre de la investigación y decidir si propone juzgar a los investigados, entre los que se encuentra la compañía eléctrica y cuatro directivos, y por qué delitos; o bien dar carpetazo al asunto tras casi cinco años de investigación, por la que han pasado testigos de referencia como el exministro José Manuel Soria y su 'número dos', Alberto Nadal . Las mismas fuentes consultadas señalan que el magistrado no está obligado a seguir el criterio que exponga el fiscal, si bien en la mayoría de las ocasiones sí que se suele ser asumido, ya que el representante de la acusación pública suele conocer con detalle el procedimiento.
El juez Moreno acordó a mediados de julio de 2021 no prorrogar por más tiempo la investigación, si bien poco después aceptó, a instancia de una acusación, reclamar a Iberdrola Generación documentación técnica y compleja sobre cuántas plantas tenía la eléctrica entre el 29 de noviembre y el 31 de diciembre de 2013 que trabajasen a partir de energías renovables y qué volumen de energía generaban las misma. Asimismo, requirió a OMI, Polo Español, gestor del mercado ibérico de electricidad, ampliar su informe pericial para incorporar las unidades de venta de la compañía acogidas a dicho régimen de retribución y la "verificación de las condiciones complejas en el cálculo de las ofertas de ventas consideradas".
Rechazó el archivo
Así, a la espera de recibir dicha información, el juez Ismael Moreno rechazó también la petición de archivo que formuló la defensa de la eléctrica, al entender que aún no era el momento de pararse a analizar dicha situación. En este sentido, el magistrado recogió la opinión técnica del fiscal, en cuyo informe expuso que no se podía atender a tal solicitud de sobreseimiento porque "aunque el plazo de investigación no se ha prorrogado, la instrucción de la causa no ha finalizado".
Cabe recordar que el procedimiento se abrió en mayo de 2017 a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en la que acusó a Iberdrola de haber obtenido un "lucro ilícito de 20 millones de euros" con la alteración de los precios de mercado ofertados por las centrales hidroeléctricas de Duero, Sil y Tajo. La compañía ha defendido en todo momento que el precio de la luz a finales de 2013 lo marcó las "demandas altas, producción eólica baja, indisponibilidades de centrales nucleares y precios altos de gas en mercados internacionales". En este sentido, asegura que en esas fechas no se ofertó menos cantidad de producto y que el precio de mercado subió por "circunstancias ajenas" a la eléctrica, como la escasez de agua.
Iberdrola defiende que el precio de la luz lo marcó las "demandas altas, producción eólica baja, indisponibilidades de centrales nucleares y precios altos de gas en mercados internacionales".
La causa cogió cierto impulso en el último tramo de la instrucción, después de que a principios de 2020 el juez de la Audiencia Nacional, a instancia de la acusación particular que ejerce la asociación de consumidores Facua, requiriera a la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) que volviera a estudiar la situación y calculara cuál debió ser el coste real de la luz en los dos últimos meses de 2013. Se da la circunstancia de que el organismo regulador impuso en 2015 una multa a Iberdrola Generación de 25 millones de euros -cuyo pago dejo en suspenso la Audiencia Nacional- por la supuesta "manipulación fraudulenta" de los precios de la luz.
Testigos claves
Para seguir indagando en esta línea, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 también pidió a Red Eléctrica de España y a la Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados diversa información técnica. Así para completar toda estos datos, solicitó a la Agencia Española de Meteorología (AEMET) que documentara "las precipitaciones de agua y datos de viento, por zonas peninsulares", entre los meses de noviembre y diciembre de los años 2009 a 2013, ambos inclusives.
Tras analizar toda esta documentación, el juez citó a declarar a cinco testigos claves para la causa: dos directivos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE); otro de Operación de Red Eléctrica de España; al exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria; y el exsecretario de Estado, Alberto Nadal. El turno del entonces responsable del Ministerio competente en esta materia fue el 4 diciembre de 2020, quien afirmó ante el juez que Iberdrola infló el precio de la luz, reafirmando así las acusaciones de "burdas manipulaciones" que lanzó tras saltar el escándalo de la subasta eléctrica del 19 diciembre de 2013. De hecho, el Gobierno se vio obligado a anular dicha puja con el fin de evitar que en enero de 2014 la luz se encareciera de golpe casi un 11 por ciento. El Ejecutivo también cambió todo el sistema de fijación trimestral de costes que existía entonces: la subasta Cesur.
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