Un año después de que se acordara la apertura de la pieza 21 de la macrocausa 'Tándem' para investigar si presuntamente Repsol y Caixabank habrían encargado al comisario jubilado José Manuel Villarejo labores de espionaje para evitar que la constructora Sacyr Vallehermoso se hiciera con el control de la petrolera, el horizonte penal de ambas empresas podría complicarse debido a que el juez instructor Manuel García Castellón se plantea la posibilidad de imputarlas como personas jurídicas.
Según han informado fuentes jurídicas a La Información, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 estudia concienzudamente si Repsol y Caixabank cumplieron entre los años 2011 y 2012, cuando supuestamente se realizaron los encargos a Villarejo, sus respectivos sistemas de 'compliance', que marcarían los controles internos para garantizar que sus actividades y negocios se desarrollan conforme a la normativa vigente.
La imputación como persona jurídica de ambas empresas del Ibex 35 llegaría justo unas semanas después de que sus máximos responsables, Antonio Brufau, en el caso de Repsol, e Isidro Fainé, entonces de Caixabank, desfilaran el pasado 7 de mayo por la Audiencia Nacional para declarar como investigados por este contrato.
En caso de que finalmente el magistrado instructor acuerde darles la condición de investigadas, se sumarían a BBVA, que también tiene este estatus desde julio de 2019, en concreto en la novena pieza de la macrocausa, por los presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios que se habrían cometido en la contratación del Grupo Cenyt, empresa de Villarejo.
Proyecto 'Wine'
Tras el análisis de toda la documentación hallada en los registros practicados en los domicilios de Villarejo y del que fuera su socio Rafael Redondo, entre ellas diferentes facturas y abonos por valor de 413.600 euros procedentes de cuentas de Repsol y Caixabank, el magistrado acordó la apertura de la pieza 21, que se centra en lo que el comisario jubilado habría denominado 'proyecto Wine'.
Según explica el juez en un auto del pasado 14 de abril, el expolicía habría llevado a cabo tareas de espionaje e intervenciones telefónicas al expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero y su entorno más cercano, así como otras para obtener información de Pemex. El objetivo era "salvaguardar los intereses de ambos clientes, que aparecen como aliados empresariales en un contexto de pugna entre accionistas de referencia en Repsol YPF SA para tomar el control de la compañía".
Medidas de vigilancia para prevenir delitos
La responsabilidad penal de las empresas como persona jurídica se introdujo en el Código Penal en 2010, pero fue en 2015 cuando se concretó en el artículo 31 bis del mismo que las mercantiles estarán exentas si el órgano de administración "ha adoptado y ha ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito", modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. Por ello, el juez de la Audiencia Nacional estudia con lupa si Repsol y Caixabank llevaron a cabo algún mecanismo para evitar la comisión de delitos en el marco de la contratación del comisario jubilado
Tras la entrada en vigor de la última reforma del Código Penal, la Fiscalía General del Estado, entonces liderada por Consuelo Madrigal, difundió la circular 1/2016 en la que explicaba a los representantes del Ministerio Público cómo actuar ante este tipo de situaciones y cómo deben valorar la eficacia de los planes de cumplimiento normativo.
Dicho documento destaca que "cualquier programa eficaz depende del inequívoco compromiso y apoyo de la alta dirección para trasladar una cultura de cumplimiento al resto de la compañía" y, por tanto, "si son los principales responsables de la entidad quienes incumplen el modelo de organización y de prevención o recompensan o incentivan, directa o indirectamente a los empleados que lo incumplen, difícilmente puede admitirse que exista un programa eficaz, que refleje una verdadera cultura de respeto a la ley en la empresa".
Brufau contactó con Fainé
En sus declaraciones, Fainé negó ante el juez García Castellón que hubiera participado en la "selección", "contratación", o "pago del proveedor" que había sido elegida por Repsol para frenar el pacto cerrado entre Sacyr y Pemex para hacerse con el control del consejo de administración de la energética. Así, explicó que Brufau había contactado con él para trasladarle lo conveniente que sería obtener más información empresarial sobre el acuerdo cerrado entre la constructora y la petrolera mexicana para poder responder ante posibles amenazas, pero que desconocía a quién se había contratado, si era a Villarejo, y si éste era entonces policía en activo.
Por su parte, el presidente de Repsol admitió esta conversación con Fainé --Caixabank en ese momento era la primera accionista de la petrolera--, si bien negó conocer los pormenores de la contratación de Villarejo, el cual atribuye a otro investigados en la pieza 21 del caso 'Tándem', el que fuera jefe de seguridad de la petrolera, Rafael Araujo. De hecho, recalcó que dejó el asunto en manos de dicho departamento y que nunca despachó sobre ello con su responsable.
Brufau explicó ante el juez que fue el ex secretario general de Repsol Luis Suárez de Lezo quien le comunicó que se iba a contratar una compañía especializada en servicios de inteligencia ante el conocimiento del acuerdo entre Sacyr y Pemex, y que éste se enteró, a su vez, por Araujo. Un día antes, el propio Suárez de Lezo, también llamado a declarar como investigado, negó que él ordenara contratar al Grupo Cenyt para frenar lo que calificó de "auténtico concierto hostil".
Otros imputados se desvinculan de la contratación
El juez encargado de la macrocausa 'Tándem' también ha escuchado a otros exdirectivos de Repsol y de Caixabank imputados junto a Brufau y Fainé. Entre ellos, el que fuera director de servicios patrimoniales de Repsol Juan de Amunategui, quien afirmó que nunca trató este asunto con Araujo, aunque sí autorizó alguna factura que con el concepto 'seguridad/vigilancia', si bien no se interesó por su contenido ya que se trataba de un asunto confidencial.
También se desvinculó de la contratación de Villarejo el entonces director corporativo de Gestión Patrimonial de Repsol Joaquín Uris, quien según el auto de imputación, era una de las personas a las que indiciariamente se reportaba sobre las labores de espionaje. Sobre ello, el exdirectivo indicó que Araujo tan sólo le contó que estaba llevando un trabajo de inteligencia para recabar información sobre Pemex y su relación con del Rivero.
Por último, el exdirector general de Medios de Caixabank Antonio Massanell reconoció, según las fuentes presentes en la declaración, que la empresa de Villarejo aparecía como proveedor y que pagó una factura girada, aunque precisó que fue Repsol quien decidió su contratación.
Con todo ello, negó algún tipo de irregularidad en el abono de los servicios del comisario jubilado, al tiempo que tampoco reconoció que él hubiera ordenado al entonces jefe de Seguridad de Caixabank Miguel Ángel Fernández Rancaño que despachara directamente con Fainé sobre este asunto.
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