El Parlamento belga prepara un código de conducta para la familia real

Bruselas, 26 jul.- El Parlamento de Bélgica prepara un código de conducta para la familia real, como parte de la reforma del régimen de dotaciones ya iniciada y que además prevé una serie de sanciones en caso de incumplimiento, informa hoy el diario "Le Soir".

La reforma de las dotaciones afecta al rey Alberto, la reina Fabiola, el príncipe Laurent y la princesa Astrid, que deberán ceñirse al nuevo código que elabora la Cámara belga, proyectado como un catálogo de buenas prácticas que enmarca sus actividades.

Quedan al margen de este documento los nuevos monarcas belgas, Felipe y Matilde, que accedieron al trono el pasado domingo tras la abdicación de Alberto II.

La propuesta de ley precisa que los miembros reales afectados podrán "participar en reuniones o manifestaciones públicas siempre que no provoque un perjuicio a la dignidad y respetabilidad de sus funciones ni amenace su neutralidad", avanzó el rotativo francófono.

Además, el código establece que los afectados tienen que "ser moderados en la expresión pública de sus opiniones, sin importar la circunstancia o el canal".

Por otro lado, también señala que deberán informar al ministro de Asuntos Exteriores sobre cualquier viaje, sea público o privado, fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), que incluye a todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE), Islandia, Liechtenstein y Noruega.

Asimismo, estarán obligados a comunicar cualquier reunión con las autoridades de terceros países, con el objetivo de que el titular de Exteriores pueda decidir sobre su conveniencia e, incluso, imponer condiciones al contacto.

"En caso de incumplimiento, el Gobierno puede, después de haber escuchado al interesado, proponer a la Cámara una retención de su dotación", propone el nuevo texto, según "Le Soir".

La dotación financiera anual se ha fijado ya en 923.000 euros para el rey Alberto y 461.500 euros para la reina Fabiola, mientras que a la princesa Astrid le corresponden 320.000 euros y 307.000 euros al príncipe Laurent, sometidos al pago de impuestos.

Con la reforma, la familia real estará sujeta a la fiscalidad directa e indirecta, así como a las reglas de transparencia y de control por parte del Tribunal de Cuentas.