La familia de Hickey pide la intervención del gobierno irlandés

La familia de Patrick Hickey, presidente del Comité Olímpico Irlandés (OCI) detenido preventivamente en Rio de Janeiro por reventa ilegal de entradas para los Juegos de Rio-2016, pidió este viernes la intervención del gobierno irlandés en el caso.

La abogada Anne Marie James pidió al ministro de Asuntos Extranjeros Charlie Flanagan y al ministro de Deportes Shane Ross "intervenir con total urgencia por las cuestiones extremadamente preocupantes de su arresto y detención".

Hickey, de 71 años, que también dirige el Comité Olímpico Europeo y forma parte del Comité Olímpico Internacional, fue detenido el 15 de agosto por la policía brasileña en su hotel. Dimitió temporalmente de sus funciones.

"El análisis de los mails confirma que el presidente del OCI, Patrick Hickey, estaba en contacto directo con Marcus Evans, director de THG, para la venta de boletos a precios muy superiores al oficial", declaró el inspector Ricardo Barbosa de Souza en una conferencia de prensa.

"Patrick Hickey y Kevin James están en la prisión de Bangu 10, en detención preventiva. Tenemos siete prófugos, entre ellos Marcus Evans, el gran mentor del sistema, que controla THG. Y confiscamos los pasaportes de tres personas", indicó por su parte Aloysio Falcão, comisario de la Policía civil de Rio.

La familia se mostró "muy preocupada" por las condiciones de su arrestro, su salud y el derecho a un trato judicial justo. Además piden que los dos ministros transmitan sus inquietudes al embajador de Brasil en Dubín, asegurando que Hickey es víctima de "una pena degradante y humillante".

Al mismo tiempo el COI solicitó a un gabinete que dirija una investigacíón independiente hasta el 10 de octubre sobre la gestión y la redistribución de las entradas de los Juegos.

El escándalo comenzó el 5 de agosto, en la apertura de Rio-2016, con el arresto del irlandés Kevin James Mallon y de otros diez brasileños que vendían entradas compradas con tarjetas de crédito pirateadas.

Mallon es uno de los dirigentes de la empresa THG Sports, que había sido autorizada para vender entradas para los Olímpicos de Londres en 2012 y de Sochi en 2014, pero no para los Juegos de Rio.