Madrid.- La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, espera todavía que la renovación del Tribunal Constitucional sea posible y que "en este caso la responsabilidad del PP esté a la altura de las circunstancias", de forma que el miércoles lleve al Senado un candidato alternativo a Enrique López.
De la Vega se ha mostrado incluso esperanzada en que la situación pueda desbloquearse en la Comisión de Nombramientos del Senado, después de que el PP pidiera una prórroga de una semana para que el PP ultimara las negociaciones; eso sí, según la vicepresidenta este plazo debe culminar con la presentación de una alternativa.
Entretanto, avancen o no las conversaciones para renovar los cuatro magistrados de TC que debe designar la Cámara Alta, el retraso de casi tres años en su sustitución ha creado un problema que el Gobierno está dispuesto a solucionar con un "ajuste" legal.
Se trata de la coincidencia que se produciría si ahora hubiera pacto para renovar a estos cuatro magistrados, porque en noviembre también deben cambiarse los otros cuatro que propone el Congreso.
Tal coincidencia no casa con lo establecido en el artículo 159.2 de la Constitución, según el cual "los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres".
El mismo principio se recoge en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que establece el mecanismo para su renovación, que en principio únicamente puede hacerse por tercios, esto es, de cuatro en cuatro.
Por todo ello, De la Vega ha admitido que se puede abordar con las fuerzas políticas una reforma "única y exclusivamente" dedicada a resolver ese problema ocasionado por la concurrencia en la renovación de los magistrados designados por el Congreso con los del Senado.
"A partir de ahí habría que hacer algún ajuste en relación con el mandato constitucional de renovación por tercios", ha afirmado la vicepresidenta tras un desayuno con la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).
En la práctica, esta modificación podría suponer que los nuevos magistrados elegidos por la Cámara Alta tuvieran un mandato inferior a los nueve años fijados por la Carta Magna, que podría ser de seis años, de manera que así se evitara en el futuro otra coincidencia.
De todos modos, para llegar a ese punto antes tiene que haber acuerdo sobre los magistrados a elegir por el Senado, algo en lo que según De La Vega el Gobierno trabaja "desde hace muchísimo tiempo" y que no ha podido culminar pese a haber hecho "todo el esfuerzo".
Por ello, ha invocado la "responsabilidad" del Partido Popular, ha asegurado que desde el Ejecutivo están "esperanzados" en desbloquear la situación y ha apuntado que los demás grupos sólo esperan que el PP proponga un nombre alternativo a Enrique López, candidato al que los servicios jurídicos del Senado niegan que cumpla los requisitos para poder ser votado.
Así se podría "avanzar en la designación", según De la Vega, quien ha añadido: "esperamos que en este caso la responsabilidad del PP esté a la altura de las circunstancias".
La Comisión de Nombramientos del Senado se reunirá el miércoles convocada por su presidente, Javier Rojo, con un único punto en el orden del día: formular propuesta al pleno de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional.
La reunión ha sido aplazada dos veces en este mes de septiembre. La primera, a petición de todos los grupos de la Cámara Alta, excepto el PP, que querían así dar tiempo a este grupo parlamentario para formular una propuesta de candidatos.
La segunda fue la semana pasada y a petición, precisamente, del PP, para dar tiempo a un acuerdo en las negociaciones que desarrollan las direcciones de los dos partidos mayoritarios.
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