La Fiscalía General del Estado ha dado órdenes para unificar los criterios de actuación en las diferentes fiscalías provinciales ante el desconcierto por la asistencia al colegio de los menores. Consciente de la "incertidumbre" originada por la crisis sanitaria actual, el órgano que dirige Dolores Delgado ha fijado las pautas ante el arranque del curso escolar, recordando que la asistencia de los menores con edades comprendidas entre 6 y 16 años es "una obligación ineludible" para los padres de los niños y que, de no llevarlos al colegio y reincidir en su conducta, se podrían emprender las acciones penales pertinentes.
El fiscal de Sala de Menores, José Javier Huete, recuerda que aunque la elaboración de medidas contra el absentismo escolar no es una función directa del Ministerio Público, la situación generada por la crisis de la Covid-19 hace que sea necesario unificar las formas de actuación en todo el país, al margen de los criterios que adopte cada comunidad autónoma en relación con el arranque de este nuevo curso escolar. De este modo recuerda a los padres que es obligatorio que lleven a sus hijos a la escuela pese al contexto actual en el que confluyen el derecho a la salud y la obligación de educación.
La Fiscalía General del Estado no queda al margen de la crisis y advierte que emprenderá las medidas legales oportunas contra padres y tutores en caso de que se produzca un absentismo continuado de sus hijos y que éste no quede debidamente justificado. "La asistencia presencial del alumnado, en los parámetros y condiciones antedichos, constituye una obligación ineludible para los padres o tutores de los/as menores afectados. Su desatención voluntaria, injustificada y persistente acarreará las consecuencias legales derivadas del incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad", reza la nota.
Seguimiento de los colegios
Así, detalla que los centros, cuando detecten casos de niños que no acuden por motivos sin razonar, serán los encargados de comunicar la situación a las respectivas comisiones locales o provinciales de absentismo. Solo en los casos en los que el alumno falte a clase "de manera repetida y no justificada" se remitirá copia del expediente al Ministerio Fiscal el cual actuará en función de los protocolos en cada comunidad. El siguiente paso sería incoar las diligencias pertinentes, siempre teniendo en cuenta el eventual riesgo sanitario no solo en el ámbito escolar sino también en el de cada familia. Finalmente, solo en aquellos escenarios en los que no haya una "justificación clara y terminante" que justifique la ausencia del alumno, se abre la puerta a que las investigaciones efectuadas prosigan por la vía penal.
El órgano que dirige la exministra de Justicia recuerda que estos parámetros los alcanza tras las reuniones de coordinación mantenidas entre los Ministerios de Sanidad y Educación y los responsables de cada gobierno autonómico. Se trata de un escenario inédito en España ante el temor de los padres al aumento de contagios de la pandemia. De hecho, la última actualización del Ministerio de Sanidad confirma 8.959 nuevos casos de Covid-19 elevando el total de afectados a más de 488.000 desde el pasado mes de marzo.
Con todo, el anuncio de la Fiscalía se conoce la misma semana en la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunciaba medidas de apoyo a los padres cuyos hijos tengan que permanecer en casa aislados por haber estado en contacto con algún positivo. Pese a que a comienzos de semana la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, advirtió que solo cobrarían la baja por incapacidad temporal aquellos padres cuyos hijos se encuentren en cuarentena por haberse contagiado con el virus, luego hubo rectificación. Tras las críticas suscitadas por muchos padres, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, aclaró que esta medida también es extensible a aquellos progenitores cuyos hijos no sean positivos pero tengan que cumplir con el protocolo de sanidad.
A ello hay que sumarle el caos originado en Madrid después de que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunciara la realización de pruebas serológicas para los docentes de la región ante el inminente arranque del curso escolar. La falta de organización y las largas colas que se generaron a las puertas de los centros donde se efectuaron las pruebas llevaron al Ejecutivo regional a retrasarlas para finales de esta semana. El objetivo es la detección precoz de posibles positivos antes de que los niños lleguen a las aulas teniendo en cuenta que la capital lidera el ránking de contagios en el país.
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