Francia se moviliza contra la prolongación del estado de emergencia

En París, miles de personas, (5.500 según la policía, 20.000 según los organizadores), desfilaron bajo una fuerte lluvia de la plaza de la República rumbo a otra plaza céntrica, la del Palacio Real.

Chris, una de las manifestantes, se preguntó, usando el acrónimo árabe del grupo yihadistaEstado Islámico (EI), que controla parte de Siria e Irak y reivindicó los atentados de París: "¿Hasta cuándo (va a durar) el estado de emergencia? ¿Hasta que se acabe Dáesh? ¿Hasta dentro de 10 años?"

"Hay que levantarlo. Además, nuestro arsenal legislativo ya basta ampliamente" para luchar contra el grupo yihadista, agregó Chris.

Para los organizadores de las manifestaciones, entre los que se encuentran la Liga de Derechos Humanos y varios sindicatos, el estado de emergencia "daña y compromete nuestras libertades en nombre de una seguridad hipotética".

También hubo manifestaciones en decenas de otras ciudades francesas, como Burdeos (suroeste), donde se congregaron 3.000 personas según los organizadores, Toulouse (suroeste), donde había 1.300 personas, según la policía.

La policía también registró 1.000 personas en Lyon (este) y menos de mil en Marsella (sur). Estas dos últimas ciudades son las mayores de Francia después de París.

La política de seguridad adoptada por Francia tras los atentados llevó a dimitir el 27 de enero a la ministra de Justicia, Christiane Taubira, adalid de la izquierda en el seno del gobierno socialista.

La dimisión de la ministra fue anunciada el día en que el primer ministro, Manuel Valls, debía presentar ante los diputados el texto definitivo de un proyecto de reforma constitucional, que incluye en la Carta Magna el estado de emergencia y prevé retirar la ciudadanía francesa a los autores de atentados, siempre y cuando dispongan de otra nacionalidad.

Esa medida fue anunciada por el presidente François Hollande después de los atentados del 13 de noviembre y era reclamada por la oposición, pero dividió a la izquierda, que considera que crea una diferencia entre los ciudadanos, tema sumamente sensible en Francia, donde se estima que más de tres millones y medio de personas tienen doble nacionalidad.