Gallardón promete más eficacia contra la corrupción con las reformas procesales y del poder judicial

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, prometió hoy que habrá mayor eficacia contra la corrupción una vez que se aprueben las futuras Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Gallardón se refirió a este asunto en la sede de su departamento, donde recibió las propuestas de los expertos que han analizado los cambios que cabría introducir en las normas procesales y de organización del Poder Judicial.
Junto al titular de Justicia comparecieron los juristas que han analizado estas reformas, encabezados por Manuel Marchena, que ha presidido la comisión sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y Luis María Díez-Picazo, que ha encabezado el grupo de trabajo sobre la LOPJ.
A este respecto, preguntado por si estas reformas ayudarán a que los tribunales sean más eficaces contra la corrupción, Gallardón dijo que “lo que plantean estas comisiones es una Justicia mucho más eficaz”.
Por este motivo, dijo que “si conseguimos un procedimiento más ágil, unos órganos judiciales más operativos, con mayor capacidad de respuesta ante cualquier pretensión de los ciudadanos o del Ministerio Público”, se contribuirá de “forma muy importante” a que la corrupción “tenga una respuesta judicial no solamente justa, sino, además, ágil y rápida”.
INHABILITACIÓN
El ministro destacó que es consciente de que éste es un problema que preocupa “mucho” en España. Al mismo tiempo, incidió en que los expertos que han estudiado la reforma procesal plantean la posibilidad de suspender provisionalmente a políticos o cargos públicos investigados por corrupción.
En concreto, el ministro se refirió a que se trataría de que “el juez de garantías, dentro de las medidas cautelares, suspenda las actividades de aquellos servidores públicos que se vean inmersos en alguna causa de carácter penal”.
En este mismo sentido, Manuel Marchena, que ha presidido el grupo de trabajo sobre las reformas procesales, explicó que lo que lo que plantean es que el juez de garantías inhabilite temporalmente a un acusado de corrupción. Esto se llevaría a cabo durante la fase de investigación del proceso y si el magistrado considera que está justificado.
Al mismo tiempo, Marchena se refirió a que otras reformas que proponen y que afectarían a la corrupción son que la figura del imputado se sustituya por la del “encausado” y que tras formularse la imputación se transforme en “acusado”.
Además, también explicó que sugieren que se establezcan unos plazos concretos para la investigación de los delitos, algo que podrá ampliar el juez de garantías. Otra de las novedades más destacadas que plantean los expertos es que la investigación de los delitos recaiga en los fiscales, mientras que el llamado juez de garantías se encargará de adoptar las medidas cautelares, de procesar o de impulsar la causa si no avanza en ella el Ministerio Público.