El Ministerio de Justicia trabaja a contrarreloj para encontrar un espacio en el que la Audiencia Nacional pueda celebrar sus macrojuicios. Una labor que realiza desde que dicho órgano judicial le trasladara la necesidad de disponer de una sala de gran tamaño para poder celebrar vistas orales con un centenar de partes implicadas entre acusados y abogados. La fecha límite que marcó el tribunal fue el próximo mes de marzo, cuando tiene previsto comenzar a juzgar a una "compleja" red de narcotráfico, si bien el departamento que dirige Pilar Llop aún no ha encontrado el lugar adecuado.
La Audiencia Nacional cuenta ahora mismo con dos sedes para celebrar juicios del orden penal: una, en la calle García Gutiérrez, esquina con la calle Génova de Madrid; y otra, en el polígono industrial de San Fernando de Henares, donde se realizan los juicios con mayor número de asistentes. En ambos edificios se han celebrado vistas de relevancia, de larga duración, y algunos con el banquillo y estrados ocupados en su totalidad. Así ha ocurrido en los últimos años con los relativos a la trama 'Gürtel'; las tarjetas 'black' y la salida a Bolsa de Bankia; los atentados de Cataluña del 17 de agosto de 2017; y ahora, en el 'triple juicio' por los trabajos privados del comisario jubilado José Manuel Villarejo, entre muchos otros. Sin embargo, estas salas se han quedado pequeñas para los procedimientos que se encuentran en la lista de pendientes.
Por ello, la Audiencia Nacional remitió al Ministerio de Justicia la petición que la entonces presidenta de la Sala de lo Penal y actual magistrada del Tribunal Constitucional, Concepción Espejel, hizo los pasados meses de julio y de octubre a la Sala de Gobierno del órgano judicial sobre la "necesidad de habilitar o dotar -al menos- una sala de vistas de grandes dimensiones en la que se puedan celebrar macrocausas con múltiples partes implicadas y acusados". En sus demandas, la magistrada indicó que varias de las cuatro secciones que tiene la Sala de lo Penal dependían de dicho espacio, resaltando la expresa solicitud que hizo la Sección Cuarta, presidida por la magistrada Ángela Murillo, sobre la urgencia de encontrarlo antes del 24 de marzo de 2022 para poder iniciar un juicio "con la asistencia prevista de 90 acusados y una duración aproximada de 6 meses".
Así, según consta en el acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional de 15 de noviembre de 2021, se trasladó a Justicia, a través de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público, dicha petición para que realizara "a la mayor brevedad posible" todas las actuaciones encaminadas a localizar dicha sala. Dos meses después, el tribunal mantiene en el aire su agenda, ya que aún no ha recibido respuesta del departamento que dirige Llop.
"Analizando varias opciones"
Fuentes del Ministerio de Justicia consultadas por La Información afirman que los trabajos de búsqueda se están realizando para poder atender a la demanda de la Audiencia Nacional. En este sentido, destacan que "en estos momentos se están analizado varias opciones con el fin de elegir el lugar más idóneo" que permita la celebración de los macrojuicios previstos, así como los que puedan señalarse posteriormente, y el resto de actuaciones. Según indican las mismas fuente el objetivo es garantizar la prestación de "un adecuado servicio público".
Por su parte, fuentes de la Audiencia Nacional subrayan que, debido a la situación de crisis sanitaria derivada de la pandemia de la covid-19, la sala que en los próximos meses albergará centenares de personas debe permitir cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, como por ejemplo que los miembros del tribunal, acusados, defensas y acusaciones, sin olvidar a los propios funcionarios que facilitan el desarrollo de un juicio, puedan mantener las distancias de seguridad, sin prescindir de las condiciones de ventilación óptima que debe tener dicho espacio para evitar los contagios.
Así las cosas, de que Justicia encuentre a tiempo ese lugar adecuado depende que el próximo 24 de marzo la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal pueda comenzar a juzgar a los 92 acusados -procesados desde 2018- de haber participado en la trama del clan de 'Los Miami', liderada por los hermanos López Tardón y Ana María Cameno, conocida como 'la reina de la coca', por introducir en España 7,5 toneladas de cocaína y blanquear decenas de millones de euros. Pero en la lista, según apuntan las fuentes consultadas, también se encuentran otras macrovistas pendientes de señalamiento como las relacionadas con la trama 'Gürtel', a punto de terminar el juicio por las irregularidades en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte; o la relativa a Nueva Rumasa, en la que 15 personas, entre entre ellas seis hijos del empresario fallecido José María Ruiz Mateos, llevan desde 2017 esperando a enfrentarse al medio centenar de acusaciones que le atribuyen delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y delitos contra la Hacienda Pública.
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