El Gobierno ha decidido suspender la aplicación de las reglas fiscales en 2020 y 2021 como medida extraordinaria para hacer frente a la crisis de la COVID-19. Esto implica dejar sin efecto los objetivos de estabilidad y de deuda pública y no aplicar la regla de gasto en 2020 y 2021. Así lo ha comunicado este miércoles la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados en un encuentro con los medios de comunicación celebrado este miércoles tras la sesión de control.
La medida abre la espita para que comunidades autónomas y corporaciones locales puedan incurrir en los gastos que consideren necesarios para hacer frente a la pandemia sin tener que mirar permanentemente de reojo al impacto que éstos tienen en el déficit y que les podrían acabar conduciendo a un control reforzado de sus cuentas por parte del Ministerios de Hacienda, en virtud de las cautelas introducidas por Cristóbal Montoro en la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 2012 cuando la prioridad absoluta de la gestión gubernamental era el control de las cuentas territoriales y la reducción del déficit público.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla en su artículo 3 que "la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea". Hacienda se ha agarrado a esa referencia legal y al hecho de que la Comisión Europea y el Consejo aprobaron el pasado marzo la activación de la cláusula general de salvaguarda, que permitía a los países 'desengancharse' también de los objetivos de déficit pactados por Bruselas para justificar su decisión. Más aún cuando este mismo mes de septiembre la Comisión ha comunicado que la cláusula de salvaguarda se mantendrá activa durante 2021.
Dicha activación no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento - dentro de los cuales España se encuentra en el brazo preventivo, tras abandonar el brazo correctivo hace apenas un año- , pero permite a los Estados miembros posponer y dejar en suspenso la senda de consolidación fijada con anterioridad a la crisis al menos hasta el año 2022. Por tanto, destacan desde Hacienda, la suspensión de las reglas fiscales se produce en cumplimiento de las medidas adoptadas por la UE para reforzar la respuesta a la crisis y desarrollar un marco de reconstrucción, transformación y resiliencia para seguir avanzando.
De esta forma, el Gobierno da por suspendida la senda de estabilidad vigente y los objetivos de déficit planteados en la misma, y se abre la puerta para dar el visto bueno al techo de gasto no financiero del Estado de 2021 que se aprobará en los próximos consejos de ministros. Previsiblemente la decisión de adoptará en el cónclave del próximo martes. Un baño de realismo al fin y al cabo ya que las previsiones de los principales organismos de previsión nacionales e internacionales apuntan a que el déficit público cerrará el año entre el 11% y el 12% y descenderá después de manera muy suave.
Esta medida implica que quedan suspendidos los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para 2020, así como los fijados para el período 2021-2023 aprobados por las Cortes Generales en marzo y que habían quedado desfasados en la situación actual. Eso no quiere decir que el Gobierno no vaya a publicar objetivos de déficit para ese periodo, lo que hará según el Ministerio de Hacienda "para permitir el funcionamiento presupuestario ordinario de ambos ejercicios" y sobre todo para ofrecer a los agentes económicos y a los inversores un escenario cierto de que el Gobierno continúa comprometido con la estabilidad presupuestaria por mucho que se haya dado un margen extra durante estos dos años para atender las necesidades de gasto creadas por la lucha contra la Covid.
La decisión del Ministerio de Hacienda se dirige en línea con las acciones adoptadas a nivel europeo y tiene como objetivo dar a las administraciones públicas todos los instrumentos posibles para luchar contra la pandemia y proteger a las familias y las empresas, indican desde el departamento que dirige María Jesús Montero. Este acuerdo, afirman desde el Ejecutivo, pretende combatir las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo y protección destinadas a las empresas y los hogares, promover el crecimiento, sentar las bases de la recuperación económica y social y diseñar un marco de colaboración y entendimiento entre las administraciones para salir de la crisis.
Resuelto el conflicto por los remanentes municipales
La maniobra realizada por el Ministerio de Hacienda servirá también para desbloquear uno de los problemas que había quedado atascado tras el rechazo por parte del Congreso del Real Decreto que pretendía regular la movilización de los 14.000 millones de euros en remanentes municipales que permanecen resguardados en cuentas bancarias. La decisión de Hacienda suspende temporalmente la disposición que obliga a comunidades autónomas y ayuntamientos a destinar prioritariamente su superávit al pago de las deudas pendientes y 'libera' esos recursos para que se puedan aplicar con libertad a otras políticas, al menos durante 2020 y 2021.
Asimismo, los objetivos de estabilidad ya no actuarán como límite en el destino del superávit de las CCAA y EELL para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Hacienda mantendrá no obstante cierto control sobre las cuentas de las administraciones territoriales, ya que seguirá vigente el régimen de autorización previa del Gobierno a las operaciones de endeudamiento de los entes territoriales y también las referidas al cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores.
El desbloqueo de la utilización del superávit municipal y de los remanentes de Tesorería de las entidades no cierra todavía la negociación que el Ejecutivo mantiene con la Federación Española de Municipios y Provincias sobre la posibilidad de aprobar un Fondo Covid dotado con 5.000 millones de euros para los ayuntamientos y un fondo adicional destinado a sufragar el deterioro en la situación de las empresas de transporte municipal.
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