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La posibilidad de que los acusados del 'procés' obtengan un indulto total o parcial ante su previsible condena por su implicación en la deriva soberanista catalana es ínfima. No solo por el coste político que podría asumir el Gobierno ante su electorado, sino porque la concesión de esta medida de gracia por parte del Rey y a propuesta del Ministerio de Justicia, no encaja con la naturaleza de los hechos que se le atribuyen a los líderes independentistas juzgados por el Tribunal Supremo.
Juristas expertos en derecho penal explican a este diario que aunque el indulto lo pueden solicitar reos de todo tipo, esta figura se asocia especialmente a casos muy excepcionales en los que la Justicia puede humanizarse. La verdadera filosofía del indulto se contempla en situaciones en las que la conducta del condenado puede ser considerada como merecedora de comprensión y clemencia; dos supuestos que, según los expertos, no concurren en el caso de los doce acusados, especialmente por la gravedad de delitos que se les atribuye, como es el de rebelión. Cuatro meses de vista oral sirvieron al Ministerio Público para ratificarse en su acusación inicial y atribuirles a todos ellos este tipo penal al considerar que su actuación fue "claramente insurreccional".
El segundo escollo que ven los expertos en aras a que se les aplique esta medida de gracia es que se trataron de unos hechos que, lejos de encontrar empatía en la sociedad, generaron -a excepción de los círculos independentistas- un gran reproche en la ciudadanía. Y, como tercer argumento en contra, los juristas consultados explican que no mostraron arrepentimiento en su conducta. Es más, aseguran que el hecho de que utilizaran el turno de última palabra para apuntalar que volverían a declarar la independencia de Cataluña y que no se arrepienten de haber sacado las urnas a la calle, hace muy complicado que se les pudiera indultar de las condenas.
La opinión del Tribunal Supremo
El trámite de petición y concesión del indulto tampoco es sencillo. La solicitud se puede formular bien por los familiares de los condenados, por el tribunal sentenciador o bien por la Fiscalía; hechos últimos descartables. Aunque se lleva a cabo ante el Ministerio de Justicia, el proceso incluye la elaboración de un informe del tribunal que ha juzgado los hechos, dado que se tiene que pronunciar sobre el asunto. Con todo, el escrito no es vinculante para el Gobierno, que es el que propone la concesión tras haberla formulado previamente el Consejo de Ministros, por lo que podría emitir su veredicto final al margen de lo que estipule el Tribunal Supremo. Finalmente compete a la figura del Rey otorgar el indulto, el cual puede ser total o parcial.
Los expertos consultados por La Información consideran que, en situaciones como esta, es bueno plantearse la vigencia de esta medida puesto que procede de la época en la que la Justicia la impartía el Rey y, por ello, no es aconsejable que siga teniendo cabida en el sistema penal actual. Con todo, los juristas consideran que no se puede hacer una lectura política del asunto pese a que la sentencia que emita el tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena se va a conocer en pleno proceso preelectoral. De este modo, sería complicado que el Ejecutivo en funciones utilizara este asunto con carta de cambio con los partidos de corte independentista puesto que implicaría un férreo rechazo por gran parte de la sociedad.
La mirada puesta en Europa
Además, conviene recordar que son muchos los condenados que recurren al indulto y en la actualidad el Ministerio de Justicia acumula muchos expedientes a los que tendría que dar respuesta antes de este asunto. Esto implicaría una demora importante en los plazos por los que una posible resolución sobre el asunto se podría producir ya con el futuro Gobierno formado. Tampoco hay que perder de vista que, en los últimos años, el número de indultos que se otorgan es mínimo.
Al margen de este trámite, las defensas de los acusados por la deriva independentista en Cataluña tienen la mirada puesta especialmente en Europa. Muchas han sido las ocasiones antes, durante y después de la vista oral que arrancó a mediados de febrero, en las que han insistido en que llevarían este asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por vulneración de sus derechos y garantías procesales. A su reivindicación acerca de que se les mantiene la prisión provisional de manera injusta y que se les inadmitió determinadas pruebas a su juicio claves en el procedimiento, se sumará un rechazo férreo al desenlace de este procedimiento puesto que se espera una sentencia dura contra los doce líderes independentistas.
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