Iberdrola Renovables Energía asegura que los servicios que ofrecía el comisario jubilado José Manuel Villarejo eran una "estafa" y una "pura añagaza". Así, la empresa filial del grupo energético que preside Ignacio Sánchez Galán -recientemente exonerado del conocido como 'caso Villarejo'- defiende que la acusación que se ejerce contra ella es infundada porque no tuvo ninguna participación en la contratación del agente encubierto y no hizo ningún encargo para espiar a la sociedad suiza Eólica Dobrogea, así como a su representante Corneliu Dica, con los que la compañía eléctrica se habría aliado para acometer un proyecto en Rumanía.
Iberdrola Renovables está imputada como persona jurídica en la pieza 17 de la macrocausa 'Tándem' -la relativa a los trabajos que el expolicía realizó para Iberdrola- por el abono de una factura de 29.500 euros, en febrero de 2012, al Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por el comisario jubilado, relacionada con la investigación a la empresa helvética y sus responsables, después de que surgieran diferentes conflictos. Villarejo denominó este trabajo como 'proyecto Wind'. En su declaración ante el juez, el pasado 20 de enero, el representante de la compañía filial indicó que este pago no correspondía a ningún servicio concreto, sino a los gastos que generó una oferta de algo que nunca se llegó a contratar.
Y en este extremo insisten los abogados de la compañía en un reciente escrito, que ha podido ser consultado por La Información, en el que impugnan el recurso presentado por Corneliu Dica -personado en la causa como perjudicado- contra la decisión adoptada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de no imputar en este procedimiento a todo el Grupo Iberdrola. Para la filial de energías renovables del primer grupo eléctrico de España, el que fuera su socio no tiene legitimidad para ejercer como acusación particular, ya que, según dice, no hay indicios de que se diera alguna instrucción, contratara o pagara su presunto espionaje.
En este sentido, la representación legal de Iberdrola Renovables enfatiza que la factura que se abonó simplemente era una "oferta de plan de acción y un presupuesto que no fue suscrito ni aceptado", por lo que no se puede deducir que se generó algún tipo de perjuicio. Así, señala que Dica no puede atribuir a la empresa un delito de cohecho, ya que éste se encuentra incardinado en el elenco de delitos contra la administración pública, sobre los que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo que recoge la compañía en su escrito, no existe un "concreto perjudicado".
Como mucho, la filial entiende que su exsocio rumano podría seguir acusando por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, si bien afirma que tampoco existen pruebas para demostrar que es víctima de ello, ya que no ha especificado "qué documentos, archivos o informaciones confidenciales, reservadas o íntimas han sido reveladas" por la actuación de Villarejo. Así las cosas, Iberdrola Renovables Energía reprocha a Dica que su personación en la investigación no es para defender sus propios intereses, sino para favorecer a otro de los empresarios personados en la causa como posible víctima de los encargos realizados a Villarejo y que se ha convertido en uno de los principales enemigos de la eléctrica, el presidente de ACS, Florentino Pérez, quien impulsó el debate sobre la situación procesal que debía ostentar Iberdrola.
Una plantilla para ofrecer servicios
Con todo ello, a lo largo de 16 páginas, Iberdrola Renovables tacha de "falsedad" todos los argumentos en los que Dica sostiene su acusación, en concreto la oferta de servicios que Cenyt expuso ante la compañía eléctrica. Al respecto, los abogados destacan que el representante de Eólica Dobrogea "tergiversa maliciosamente" la información recogida en el documento denominado "Anexo III: Medios Empleados", que hace referencia a la puesta en marcha de las supuestas gestiones del comisario jubilado si se hubieran contratado. En realidad, según expone el escrito, este documento es una "plantilla" que se repite en la mayoría de las ofertas que la empresa del agente encubierto presentaba.
De hecho, la defensa de Iberdrola Renovables adjunta la oferta del 'proyecto Wind' y la compara con otras que obran en el sumario de la macrocausa, como es el caso del 'proyecto Iron' -sobre el encargo que hizo el bufete de abogados Herrero y Asociados, que se está juzgando- o el 'proyecto King' -relacionado con la familia del jefe de Estado de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang- para acreditar que son iguales y que en todas ellas se plasman "unos medios idénticos sin importar que se tratara de una oferta a llevar a cabo en España, en Guinea Ecuatorial o en Rumanía, así como sin importar que fuera un tipo de investigación u otra o que estuviera dirigida a un cliente u otro". A ello añade que es "llamativo" que tanto en los trabajos supuestamente realizados para Iberdrola como los relativos con el círculo cercano al presidente guineano coinciden los encuentros que las personas "investigadas" habrían tenido en la misma dirección.
Por todo ello, Iberdrola Renovables hace especial hincapié en que no cometió ningún delito con el abono de la factura que giró el Grupo Cenyt en 2012. La oferta de Villarejo para desarrollar el 'proyecto Wind' "no es más que parte de un engaño, una estafa que llevaba a cabo Cenyt ofreciendo unos medios o unas informaciones absolutamente irreales, una pura añagaza para obtener encargos que en realidad no se prestaban, sin que hubiera habido injerencia en la intimidad de nadie, sino meras invenciones", reza el escrito. Con todo ello, la compañía reitera su petición de archivo de la investigación por prescripción del delito, alegando que que han transcurrido más de cinco años desde que ocurrieron los hechos investigados.
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