Quito, 29 jul.- El sistema judicial en América Latina ha atravesado por distintas reformas que dejan en el espectro "logros", lados "oscuros" y "alarmas" en temas de independencia judicial, indicó hoy el investigador peruano Luis Pásara.
El experto, autor del estudio "Independencia judicial en la reforma de la Justicia ecuatoriana", presentado este martes en Quito, indicó que el proceso de poderes judiciales en América Latina es muy diverso y hay algunos que en los últimos años han consolidado una cierta fortaleza e independencia.
Pásara explicó que los casos de Costa Rica y Uruguay han sido reconocidos como "logros" dentro de la evolución de los poderes judiciales y añadió que algunos se han desarrollado "particularmente bien" en ciertos terrenos, citando como ejemplo a la Corte Constitucional colombiana.
"Pero el panorama es muy diverso, hasta situaciones muy oscuras, en que la independencia judicial prácticamente no existe, en que la transparencia de los poderes judiciales es cercana a cero, estoy pensando en el caso de Nicaragua, Panamá y otros", dijo.
En este contexto, Ecuador, en su opinión, está en una situación "particularmente difícil por el lado de la independencia judicial" y apuntó que es una "suerte de alarma ver el caso ecuatoriano".
El estudio divulgado este martes apunta que "se constata con claridad el deplorable uso del sistema judicial, específicamente el sistema penal, como instrumento al servicio de intereses gubernamentales, en contravía del respeto a la independencia judicial, y con altos costos para la institucionalidad democrática".
Pásara hizo estas declaraciones desde España en una videoconferencia para la presentación del estudio, en el que participaron la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), organización de derechos humanos con sede en Washington, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Colombia y el Instituto de Defensa Legal de Perú.
El informe analiza doce casos relevantes ocurridos en los últimos años en la Justicia ecuatoriana relacionados con protestas sociales, un levantamiento policial que el Ejecutivo interpretó como un intento de golpe de Estado y el ejercicio periodístico, entre otros, y anexa resoluciones sobre expedientes disciplinarios a jueces.
El trabajo muestra que "a pesar de las reformas implementadas en Ecuador durante los últimos años para fortalecer el sistema de Justicia, en la práctica existe una línea de acción del poder ejecutivo dirigido a interferir en las decisiones de los jueces en asuntos de relevancia política, lo que debilita severamente la división de poderes propia de todo régimen democrático".
El presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Gustavo Jalkh, tachó de carente "de fundamento técnico, académico y jurídico el informe" y declaró que "no hay derecho a que una organización de esta naturaleza" con un estudio de estas características "se convierta en censora de la Justicia ecuatoriana".
En su opinión, no se puede decir que no hay independencia en la Justicia ecuatoriana porque "en algunos procesos no se ha sentenciado lo que ellos han querido".
No hay en el estudio "nada nuevo" o diferente a lo que han manifestado "opositores políticos" y "opinadores de ciertos organismos internacionales".
Jalkh declaró a los periodistas que a integrantes de la organización que elaboró el trabajo se les explicó el pasado año en un foro celebrado en Washington todo lo que quisieron saber sobre el funcionamiento de la Justicia en Ecuador.
Y "se les dio cifras y datos", se les explicó que en Ecuador no hay presos políticos, que los jueces no decretan medidas privativas de libertad contra el debido proceso ni existe una criminalización de la protesta social, sino una simple persecución de los delitos.
Para Jalkh, los promotores de este trabajo, que según él "no es un estudio" sino una "recolección de opiniones", actúan "de mala fe".
En las conclusiones de su informe, Pásara señala que pese a todos los cambios introducidos por las reformas de la Justicia en América Latina, "no hemos asistido todavía al final de una tradición institucional de dependencia del aparato de justicia respecto al poder".
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