Los querellantes del caso Isolux vuelven a la carga contra la excúpula de la compañía -entre ellos su expresidente Luis Delso- por supuesta falsedad contable y estafa. Los afectados por la quiebra del grupo de ingeniería han recurrido a la Audiencia Provincial de Madrid el auto del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid por el que se archivaron las diligencias abiertas a tenor de su querella. Los afectados muestran su estupefacción por el hecho de que la magistrada, siguiendo el criterio de la Fiscalía, diera carpetazo a la causa sin haber practicado ninguna de las diligencias acordadas en el arranque de la misma.
Para entender lo ocurrido hay que remontarse a mediados de 2019 cuando unos fondos de inversión afectados por la caída de la compañía interpusieron una querella en la Audiencia Nacional en aras a que investigase el supuesto maquillaje de la situación patrimonial de la empresa. La querella iba dirigida contra Delso y su hijo Álvaro, además del exvicepresidente José Gomis; el que fuera consejero delegado Antonio Portela; y los exadministradores de sociedades del grupo en Países Bajos Robert Hendrik Rottinghuis y Jan Hendrik Siemssen. Según denunciaron, la emisión de bonos en el año 2014 por 850 millones de euros derivó en un "escándalo financiero" puesto que se llevó a cabo con unos beneficios supuestamente ficticios.
De hecho, su defensa legal, que ejerce el despacho IUS+Aequitas Abogados, expuso que la reexpresión de las cuentas de 2013 (una vez adquiridos los bonos) destapó un roto de 2,7 millones de euros en la compañía, lo que derivó en un proceso de reestructuración y posterior declaración de concurso. Ello implicó que los querellantes perdieran el "100% de su inversión" y que les fuera imposible recuperarlo al destaparse un déficit patrimonial de más de siete millones de euros. Así lo recoge la querella, cuyo estudio rechazó la Audiencia Nacional alegando falta de competencia porque los delitos se habrían cometido en España. Tras ello recayó en el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid. Su titular, la magistrada Josefa Bustos, decidió admitirla a trámite con el criterio de la Fiscalía de Madrid e incluso citó a declarar a los querellados. No obstante, meses después de esta decisión y sin realizarse ninguna investigación, sobreseyó el procedimiento.
Pérdida de todo el valor
Lo hizo en base a lo expuesto por Fiscalía, la cual pidió el cierre de las diligencias tras estudiar los escritos de la antigua cúpula. El informe, fechado en noviembre del año pasado, plasmó que la querella incurría en contradicciones y que no se especificaba el perjuicio patrimonial sufrido por los fondos de inversión. Igualmente negó que se hubiera ocultado pérdidas a los que participaron en la emisión de bonos y se basó en los informes de auditoría entre los años 2013 y 2017 para concluir que no advertían ningún indicio de irregularidad contable. En lo que respecta a la reeexpresión de las cuentas, concluyó que ésta se incluyó en el folleto de emisión de bonos de 2014. Con todo, sí admitió que los proyectos de energía hacia los que se diversificó Isolux supusieron un gran lastre para el grupo.
La magistrada adoptó estas tesis y dio por zanjado el tema, pero los inversores han recurrido su auto ante una instancia superior recordando que las conclusiones de su pericial no apuntan en esa dirección. En su escrito, al que ha tenido acceso La Información, explican que el peritaje de la firma Crowe Howarth, que se hizo con información pública de Isolux, detectó cinco indicios de delitos. Entre ellos se encontraban la reexpresión de las cuentas de 2013 sin que se informara de ello en el folleto de emisión de deuda o la presunta previsión de deterioro con motivo de la desinversión de Grupo T-Solar Global S.A. Igualmente también destacó la "insólita frustración" del acuerdo de refinanciación que se firmó en el año 2016 y las consecuencia de lo ocurrido. Según alegan, a la hora de vender los activos para pagar las deudas no se ha obtenido ni el 1,5% del valor contable.
Pérdidas de hasta 8,7 millones
"Lo que se ha hecho por parte del juzgado es mantener una causa abierta durante casi un año, no practicar las diligencias que había acordado por haberlas entendido pertinentes, útiles y necesarias y, con base en las manifestaciones efectuadas por el Ministerio Fiscal, sin contradicción, sin cotejo de ningún tipo, zanjar la investigación de unos gravísimos hechos de forma contraria a derechos", reza el recurso. Además, reprochan a la magistrada que, con las pruebas que tiene en la mesa, no haya decidido investigar si se ofreció la verdadera imagen del grupo con motivo de la emisión de los bonos. Añaden que las cantidades invertidas y no recuperadas se encuentran "perfectamente delimitadas" en su escrito de querella y son de 6,1 y 8,7 millones de euros en cada uno de los fondos.
Por todo ello consideran que resulta "metafíscamente imposible" que el deterioro del valor caiga tan en picado, a no ser que estuviera inflado. En lo que respecta a la tesis del Ministerio Fiscal acerca de que los querellantes no impugnaron formalmente la resolución del concurso, la defensa responde que es "absolutamente irrelevante" de cara a investigar unas supuestas irregularidades y que, además, no lo hicieron por insuficiencia de masa. Y es que para dar ese paso debía consignar casi 245 millones de euros, de acuerdo con lo exigido por la normativa concursal española. Finalmente concluyen que el supuesto maquillaje de las cuentas da pie a que se investiguen estos hechos por la vía penal y dejan claro que si no denunciaron estos hechos antes fue porque "no podían ni imaginar" que el folleto y las cuentas en las que se basaron fueran falsas. "De lo contrario, jamás lo hubieran adquirido", sentencia.
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