Prisión para siete de los nueve detenidos el pasado lunes en Cataluña por presunta integración terrorista. El magistrado Manuel García Castellón ha atendido el criterio de la Fiscalía y ha acordado cárcel sin fianza para todos estos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) tras tomarles declaración en la Audiencia Nacional por los delitos de integración en grupo terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para delitos de estragos. Fuentes jurídicas explican que el magistrado considera que existen indicios de que formaban parte de la facción bautizada como Equipos de Respuesta Táctica (ERT).
Se trata del ala más radical de los CDR y de acuerdo con el instructor se puede considerar como una organización con estructura jerarquizada que pretende instaurar la republica catalana mediante cualquier vía, incluida la violencia. Entiende además que concurren los supuestos de riesgo de fuga y destrucción de pruebas para todos ellos; motivo por el cual decreta su ingreso en prisión. Las fuentes consultadas explican que lo más probable es que sean trasladados al centro penitenciario de Soto del Real.
El magistrado ha acordado esta medida tras la celebración de una 'vistilla' en la que el Ministerio Público ha formalizado su petición de prisión incondicional para todos ellos ante la posibilidad de que destruyan pruebas así como por el hecho de que persistía el riesgo de que actuaran coincidiendo con el aniversario de la celebración del 1-O y la publicación de la sentencia del procés por parte del Tribunal Supremo.
'Habeas corpus' ante el juzgado
Con todo, los alegatos formulados por los miembros más radicales de los CDR no han convencido al instructor de la bautizada como 'operación Judas'. Al menos cinco ellos, cuya defensa ejerce el colectivo Alerta Solidària, han negado todos los hechos que les imputa el fiscal teniente de la Audiencia Nacional, Miguel Carballo, así como cualquier pertenencia con organización terrorista. Sus abogados han denunciado que no hayan tenido acceso a las actuaciones de la causa, la cual permanece bajo secreto de sumario.
En lo que respecta a los otros dos, que reconocieron ante la Guardia Civil haber almacenado materiales explosivos en sus domicilio, han optado porque les representen abogados de oficio. Las fuentes consultadas explican que sus letrados acudieron a última hora del miércoles a la Audiencia Nacional y presentaron un 'habeas corpus' ante el juez Alejandro Abascal, en funciones de guardia en el momento de los hechos. Esta figura permite que se pase a disposición judicial inmediata si se considera que la detención se ha producido de manera ilegal.
Esto llevó al magistrado de refuerzo del Juzgado 6 a preguntarles si querían denunciar maltratos hacia sus clientes o algún otro tipo de conducta irregular; ellos respondieron de manera negativa a todas estas cuestiones, que se les han vuelto a formular hoy antes de que arrancaran los interrogatorios. Los mismos se han alargado durante toda la mañana aunque los más largos han sido los relativos a los dos detenidos defendidos por abogados de oficio. Los otros cinco han respondido únicamente a las preguntas de su defensa, la cual ha solicitado sin éxito poder estar presente en todos los interrogatorios.
Más de un año tras su pista
La operación se puso en marcha hace más de un año y ha estado dirigida por el magistrado Manuel García Castellón en coordinación con la Guardia Civil. Los agentes siguieron de cerca los movimientos de todos ellos hasta que finalmente, a primera hora del pasado lunes, procedieron a su detención ante la sospecha de que almacenaban material explosivo y de que podrían actuar de manera inminente. Las detenciones vinieron acompañas de más de una decena de registros en diversas localidades de la provincia de Barcelona como Sabadell o Santa Perpètua de Mogoda.
En estas entradas los agentes se incautaron de termita mezclada (mezcla de aluminio con óxido metálico) además de un mapa con determinados edificios oficiales tales como el cuartel de la localidad de Canovelles (Barcelona) o un listado de precursores como son ácido sulfúrico, parafina, gasolina, decapante y aluminio en polvo. Todo esto llevó a la Fiscalía a apuntar que se trataban de siete presuntos integrantes de un grupo terrorista el cual tenía intención de actuar de manera inminente.
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