José Manuel Villarejo no podrá acceder a uno de los audios estrella del caso Tándem. El magistrado de la Audiencia Nacional al frente de esta investigación, Manuel García Castellón, ha rechazado la petición del comisario jubilado de poder conseguir las grabaciones que él mismo efectuó durante su encuentro con Corinna Larsen en octubre de 2016 en Londres. Desde la reapertura de la causa hace ahora cuatro meses, ambos han intentado evitar que se diera traslado de estas conversaciones a otras partes personadas en la causa, como el partido Podemos. Ahora, tras el cierre de esta pieza, el magistrado rechaza todas las pretensiones solicitadas por los implicados y conserva el secreto de estas conversaciones en las que se hizo alusión al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Así lo plasma el magistrado en un auto del pasado día 28 de octubre el que ha tenido acceso La Información. El mismo se dictó justo después del cierre de esta pieza quinta del caso Tándem, bautizada como 'Carol'. Se trata de la segunda vez en la que se da carpetazo a esta línea de investigación después de que ya hiciera lo propio el primer instructor, Diego de Egea. El magistrado abrió pieza hace dos años tras el hallazgo por parte de los investigadores de un audio grabado por el policía, tras el registro del domicilio de Villarejo en Boadilla del Monte.
La primera parte de la investigación no prosperó y el juez cerró esta pieza de manera provisional hasta que en el mes de julio García Castellón acordó reabrirla tras aparecer nuevos audios sobre el encuentro de Londres. De este modo imputó a los dos implicados junto con el expresidente de Teléfonica, Juan Villalonga, por estas nuevas grabaciones en las que la consultora alemana le pedía asistencia en dos asuntos concretos. Por un lado, le insinuó que le ayudara a descubrir si su entonces asistente personal estaba filtrando información suya y, por otro, que intermediara para ayudar al político británico Zac Goldsmith por un pleito con la Hacienda española.
El poder de esas grabaciones
Desde la reapertura de esta pieza ambos han negado que se materializara encargo alguno desde el entramado empresarial de Villarejo. Además, apuntaron también a que el encuentro se produjo cuando éste dejó de ser funcionario en activo dentro de la Policía por lo que decaería el delito de cohecho. El magistrado rechazó sus pretensiones y siguió investigando en base también a las notas que manuscribió en su agenda el policía, algunas de las cuáles recogían su predisposición a colaborar con la alemana. Sin embargo, la falta de pruebas fehacientes contra ambos implicó un nuevo cerrojazo de esta pieza quinta de la macrocausa. Ahora, el instructor les deniega también el acceso a estas grabaciones al considerar que, zanjado el asunto, la causa ya no tiene más recorrido. Sin embargo, se trata de una prueba clave especialmente para el comisario, que siempre ha dejado caer que sus grabaciones originales se han modificado tras su incautación.
Además, hay otro asunto que les preocupa aunque la causa acabe cerrada y es el hecho de que las grabaciones lleguen a manos de otras partes de la causa, como Podemos, el cual figura como acusación popular. Según exponen, se trata de una conversación de carácter privado que no debería estar en manos de ningún "tercero" que no participase en la misma. El juez entiende "legítimo" estas pretensiones pero recuerda que su derecho de defensa no implica el hecho de que pueda decidir qué se excluye y qué no de la causa mientras que a Villarejo le responde que, aunque no le dé traslado de los audios que él mismo grabó, sí tiene las transcripciones de partes del encuentro. Las mismas se incluyen en un auto del magistrado del pasado 28 de septiembre. La Fiscalía Anticorrupción, que desde un primer momento se opuso a la reapertura de esta pieza, recurrió dicho auto intentando también proteger el contenido de dicho audio.
En concreto, los fiscales explicaron que estaba en juego la intimidad de personas vinculadas a las instituciones básicas del Estado, aunque el juez responde a este punto concreto que no puede valorar a qué se refieren exactamente ante la "generalidad" de su argumento. Según confirmaron fuentes jurídicas a este diario, la asistente de Corinna filtró información al CNI, dirigido entonces por Félix Sanz Roldán. De este modo se confirmaron las sospechas de la alemana, la cual ha denunciado en numerosas ocasiones amenazas precisamente desde el Centro Nacional de Inteligencia. De hecho, tiene pendiente declarar como testigo en el juicio que se ha suspendido hasta en cuatro ocasiones de Sanz Roldán contra Villarejo por injurias y calumnias.
No obstante, Corinna siempre negó que, pese a estas consultas formuladas hace ahora tres años, existiera algún contrato real con Cenyt para materializar el encargo. Los investigadores tampoco han encontrado ninguna prueba empírica sobre estos supuestos trabajos ni han constatado que Villarejo o alguno de los comisarios implicados en la trama hicieran consultas de este tipo en los ficheros de la Policía Nacional, de ahí que finalmente se haya dado carpetazo al asunto sin ni tan siquiera haber tomado declaración en sede judicial a ninguno de ellos ni tampoco a Villalonga, cuya imputación devino por ser la persona que les puso en contacto. A ello se añade que las pesquisas han concluido que ni Rafael Redondo (socio de Villarejo en Cenyt) ni el empresario tuvieron implicación alguna en los supuestos encargos investigados.
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