El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha lanzado un paquete de diligencias para conocer y contrastar toda la actividad contable de Podemos desde 2018 hasta la actualidad. Para ello, no ha dudado en imputar en la causa al número dos de Pablo Iglesias en la formación y responsable de comunicación, Juan Manuel del Olmo, que fue quien organizó las últimas campañas electorales, en cuyos pagos se sospecha que pudo haber facturas irregulares y posibles delitos de malversación de fondos públicos y administración desleal. Junto a Del Olmo, por el juzgado pasarán el próximo 20 de noviembre, el tesorero y la gerente del partido, además de uno de sus trabajadores. Asimismo, el magistrado ha imputado también al partido como persona jurídica, en la causa sobre la financiación de la formación.
Las diligencias abiertas apuntan a que el juez quiere conocer la versión de toda la cúpula del partido, a raíz de la denuncia presentada por el exabogado de la formación José Manuel Calvente, en la que llegaba a advertir que en la práctica habitual de los de Pablo Iglesias se produjo hasta blanqueo de capitales, financiación ilegal y revelación de secretos. Según informa Europa Press, aunque el juez ha rebajado esas acusaciones, no ha dudado en exigir todas las facturas, tickets, contratos y documentos que acrediten que los pagos de Podemos en los últimos dos años, incluida la reforma de su sede en el centro de Madrid, se han hecho de forma correcta.
Calvente pasó a declarar por el juzgado el pasado 29 de julio para ratificar la denuncia de 40 folios que había puesto ante la Guardia Civil en Barcelona hace año y medio, y explicar al juez cuál era la operativa mientras él estaba al frente del área de protección de datos de Podemos, y se encargaba de los asuntos legales. El abogado llegó a ser el número dos en los asuntos jurídicos de Podemos y llevar incluso todas las causas personales del propio Pablo Iglesias, hasta que una de sus colegas en el partido, Marta Flor, le acusó de acoso sexual y fue despedido, en lo que a su juicio era una operación para apartarle de la cúpula a la vista de que estaba dispuesto a denunciar las irregularidades internas. De hecho, un año y medio después de esa denuncia, se ha archivado la causa al no haber ninguna prueba o indicio que así lo apuntara.
Dos casos que coinciden en el tiempo
Una vez cerrada esa querella, José Manuel Calvente se ha convertido en el azote del partido, tanto por su demanda sobre las cuentas que ahora se investiga en los juzgados madrileños de Plaza Castilla, como por su implicación en el caso de la asesora Dina Bousselham, una de las piezas de la causas contra Villarejo en la que se sospecha que el propio Iglesias pudo manipular pruebas para aparecer como perjudicado. De hecho, Calvente pasará también el día 2 de septiembre por el juzgado de Manuel García-Castellón, para aclarar qué sabe de la tarjeta del móvil robado a la colaboradora de Iglesias y por qué le llego tarde e irrecuperable a su propietaria, después de que la tuviera el líder de la formación y actual vicepresidente del Gobierno.
Fuentes consultadas en la Audiencia Nacional aseguran que el juez está dispuesto a llegar hasta el final sobre esos hechos, aunque ello suponga que Iglesias pase de ser perjudicado a convertirse en investigado, sobre todo si se demuestra que retuvo la tarjeta del móvil robado y se la entregó a su dueña mucho tiempo más tarde y sin acceso a la información. La confluencia de los dos casos dejaría muy tocada a la actual cúpula del partido, algunos de cuyos principales dirigentes han pasado a formar parte del Ejecutivo en el nuevo Gobierno de coalición. Una de las cuestiones que se van a investigar en las diligencias abiertas en Plaza de Castilla son los sobresueldos y el manejo de pagos en dinero B a responsables y empresas contratadas por el partido y que operaban en su círculo de influencia.
El propio juez García-Castellón tuvo que reclamar a la defensa legal del partido que cambiará a la letrada que la dirigía, porque era al mismo tiempo la representante de Iglesias y de Dina Bousselham, y ambos podían estar en lados distintos en breve. Es más, la letrada en concreto es Marta Flor, la misma que denunció a José Manuel Calvente en una causa que se ha archivado por no poder demostrar nada, y a la que se relaciona con el fiscal del caso Villarejo, Ignacio Stampa.
El juez imputa al partido como persona jurídica
Según ha podido saber Europa Press, el magistrado tomó la decisión de imputar al partido como persona jurídica después de escuchar a Calvente en sede judicial el 29 de julio. Calvente explicó a 'Europa Press' que Mónica Carmona, otra antigua letrada del partido, y él mismo estaban realizando una investigación interna por posibles irregularidades contables en Podemos cuando fueron despedidos el pasado mes de diciembre.
El exabogado de Podemos presentó una denuncia en Barcelona por estos hechos y fue remitida después a los juzgados de Madrid por ser los competentes para investigar. El instructor citó al abogado para que se ratificara en la citada comparecencia, que duró casi tres horas y media. Un día después, Escalonilla dictó varios autos en los que imputó al partido como persona jurídica y a varios dirigentes del mismo.
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