El magistrado Manuel García Castellón no quiere más vueltas de tuerca con la investigación interna que hizo BBVA para depurar responsabilidades por los trabajos de José Manuel Villarejo. Tras más de un año de idas y venidas con el forensic interno que elaboró PwC para el banco, el instructor descarta más diligencias en este sentido y cierra la puerta a más investigaciones respecto al asunto. De este modo respalda el trabajo de Asuntos Internos recientemente incorporado a esta pieza novena de la causa en el que se examina al detalle este forensic y concluye que se ha convertido en una "valiosa fuente de prueba".
El instructor responde a las diligencias solicitadas por Luis Pineda en calidad de perjudicado por los espionajes del comisario. El presidente de Ausbanc pidió al magistrado que autorizara una entrada y registro en el domicilio de la actual jefa de seguridad del banco, Inés Ochagavia, tras su declaración en sede judicial el pasado mes de marzo. El abogado actuó de este modo después de que la sustituta de Julio Corrochano al frente del departamento de seguridad apuntara en su primera cita judicial que aportaría documentos inéditos en relación a estos encargos pese a retractarse un día después en su vuelta a la Audiencia Nacional. Al respecto, la defensa de Pineda consideró pertinente registros en su domicilio y en su lugar de trabajo en el banco en aras a intervenir nuevas facturas y contratos que ocultara la entidad más allá de los que obran en el sumario de la causa.
No obstante, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el instructor del caso Tándem comparten el criterio, de acuerdo con sendos escritos a los que ha tenido acceso La Información en los que explican que "la medida es desproporcionada". En concreto, la sustituta de Julio Corrochano hizo alusión a una carpeta denominada 'Drive' y a otro material al que tuvo acceso tras el estallido en prensa de este caso. Según explicó, las noticias sobre los nexos de la entidad con Villarejo llevaron al entonces responsable de los servicios jurídicos, Eduardo Arbizu, a requerirle toda la documentación obrante en los servidores que guardara relación con los encargos que gestionó el Grupo Cenyt entre los años 2004 y 2017 con el objetivo de hacer una evaluación de los riesgos.
El papel de Asuntos Internos
Ochagavia, que compareció ante los investigadores a petición propia arremetió contra el forensic asegurando que ella ni autorizó ni verificó 19 facturas giradas del banco al Grupo Cenyt y además, se comprometió a aportar estos nuevos documentos que vendrían a cuestionar la pesquisas internas encargadas a PwC. Sin embargo, al día siguiente cambió de criterio y dijo que no entregaría esos papeles. La defensa de la entidad, por su parte, cogió las riendas y las entregó al juez. Al respecto el banco expuso que se trata de material que ya figuraba en el forensic y que, por tanto, no era ninguna documental inédita en relación con los trabajos que costaron al banco un total de 10,28 millones de euros.
Ahora el magistrado respalda la tesis de la entidad que preside Carlos Torres y asegura que todos esos documentos ya han sido analizados por Asuntos Internos. García Castellón encargó a la Policía que estudiara al detalle todos los 2,3 millones de hits que detectaron los peritos para esclarecer si se incluyeron todos en la investigación interna o, por contra, algunos relativos a supuestas víctimas del comisario jubilado se ocultaron. "Una primera valoración del informe de la Unidad de Asuntos Internos ha de llevarnos a concluir que el documento al que se refirió Inés Díaz el día de su primera declaración, ya consta en el mismo", sentencia el magistrado, el cual añade, en sintonía con Anticorrupción, que la prueba solicitada por este perjudicado del espionaje de Villarejo no tiene cabida teniendo en cuenta que el oficio policial "constituye una valiosa fuente de prueba".
"No existe documental que acredite que hubiese tenido conocimiento directo de la misma (contratación con Cenyt) en sus orígenes", dice el juez.
Además, los fiscales al frente de la causa trazan la línea con el anterior equipo directivo del banco al apuntar que "no existe documental que acredite" que Ochagavia tuvo conocimiento directo de los trabajos que BBVA encargó a Grupo Cenyt en todos esos años. De hecho delegan las contrataciones en su antecesor en el cargo, Julio Corrochano, a quien la entidad le señaló como 'nexo' con el entramado empresarial de Villarejo. "Ha de recordar que la misma declaró que revisó el despacho del anterior director de seguridad con el fin de encontrar documentos relacionados con Cenyt, y que no había casi, así como que todo lo que se encontró se 'subió' al Drive. No hay por ello indicio alguno que justifique una entrada y registro en su casa", razona la Fiscalía.
Los disidentes del forensic
La propia Ochagavia explicó que si apareció en copia en algunos correos electrónicos con documentación de Cenyt fue porque simplemente reenvió mensajes que ya había redactado previamente Corrochano pero que tras su jubilación en 2016 no habían llegado al destinatario. "Tal y como comentamos, Julio ha detallado en un informe todos los detalles de la relación con Cenyt", decía uno de los mensajes que el forensic identificó y cuya autoría atribuyó a la directiva del banco. Al respecto ella se desvinculó de los encargos que, a juicio de la Fiscalía Anticorrupción, constituye delito de cohecho (al tratase entonces Villarejo de un policía en activo) y de revelación de secretos, ya que muchos de los cometidos encargados se gestionaron interceptando el tráfico de llamadas de los perjudicados además de con seguimientos y espionajes.
De este modo Fiscalía y magistrado zanjan la polémica de las investigaciones internas del banco, si bien la defensa de Pineda mantiene que el cambio de criterio de Ochagavia podría ser una "consecuencia directa de su relación laboral" con la entidad. Al respecto puso como ejemplo lo ocurrido con el que fuera director de riesgos del banco y presidente de Distrito Castellana Norte (DCN), José Antonio Béjar. El exalto cargo del banco se desmarcó desde un primer momento de la línea oficial de defensa asegurando que las instrucciones venían de la entonces cúpula de la entidad. Su ratificación de que colaboraría con esta investigación que se sigue en la pieza nueve de Tándem se produjo a la par que su despido del banco. Béjar también denunció en sede judicial que el forensic le atribuyó injustamente las contrataciones con Cenyt y que éste contenía conclusiones erróneas.
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