Justicia boliviana valida pedido de extradición de expresidente desde EE.UU.

La Paz, 1 oct.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia aprobó hoy la solicitud presentada por la Fiscalía General para la extradición desde EE.UU. del expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y de dos ministros de su Gobierno, acusados por la muerte de 60 personas en una revuelta social en 2003.

El presidente del TSJ, Gonzalo Hurtado, hizo el anuncio en la ciudad sureña de Sucre, capital constitucional de Bolivia y sede del órgano judicial, según la agencia estatal ABI.

"La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con nueve magistrados, ha dispuesto dar curso a la solicitud de exhorto suplicatorio en la cual el Ministerio Público solicita la extradición del exmandatario', señaló Hurtado.

Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y los exministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y de Hidrocarburos, Jorge Berindoague están acusados de los delitos de genocidio, en la modalidad de masacre sangrienta, homicidio, lesiones gravísimas, graves y leves y privación de libertad, entre otros.

Los tres deben responder en un juicio en Bolivia por su supuesta responsabilidad en la muerte de más de 60 personas hace diez años durante la represión contra manifestantes que se oponían a un proyecto de exportación de gas hacia EE.UU. por un puerto de Chile.

Sánchez de Lozada renunció a su segundo mandato el 17 de octubre de 2003 y huyó ese día a EE.UU., tras las crisis provocada por la revuelta social que pasó a la historia como el "octubre negro".

Por este caso, cinco exjefes militares bolivianos fueron sentenciados en 2011 a penas de diez a quince años de cárcel, pero quedó pendiente el juicio al exgobernante y ocho exministros que huyeron del país y obtuvieron asilo o se encuentran refugiados en Estados Unidos, Perú y España.

El Gobierno boliviano recibió hace un año una nota de EE.UU. denegando la extradición de Sánchez de Lozada, solicitada a fines de 2008, por lo que la Fiscalía ha elaborado un nuevo exhorto.

El fiscal general, Ramiro Guerrero, viajó esta semana a Estados Unidos para contratar a un bufete de abogados que trabajará en la nueva petición y a los traductores de los documentos de exhorto, además de reunirse con representantes del Departamento de Estado para presentar información sobre el caso.

Para preparar el nuevo exhorto, la Fiscalía tuvo en cuenta las observaciones que se hicieron a la primera solicitud de extradición, sobre todo la adecuación de los tipos penales existentes en Bolivia a los de Estados Unidos.