Palma, 7 jun.- La Sección Segunda de la Audiencia de Palma considera que el cambio de abogado solicitado por la expresidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar dos días antes de que empezara el juicio de Can Domenge era una "maniobra dilatoria" para impedir que se celebrara y revela su "mala fe procesal".
El comienzo del juicio por la venta en 2005 del solar palmesano de Can Domenge a la unión de empresas Sacresa-Ferratur por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro (30 frente a 61 millones) estaba previsto para el miércoles pasado, pero en la primera jornada Munar alegó indefensión y solicitó un cambio de abogado al que la sala accedió.
La Sección Segunda ha comunicado hoy formalmente en un auto el señalamiento del juicio a partir del próximo día 19 hasta su conclusión el 5 de julio, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.
El nuevo abogado de Munar, José Antonio Choclán, ha aceptado por teléfono su designación y el calendario programado para el juicio, después de que la Sección Segunda le hubiera advertido de que si no lo admitía antes de las 12.00 horas del mediodía de hoy, nombraría un letrado de oficio para la expresidenta.
En el auto, el tribunal manifiesta que la renuncia de Munar a que la defendiera el abogado Gabriel Garcías "parecía ser hecha en fraude procesal", como "maniobra dilatoria" y con la única finalidad de "lograr la suspensión del juicio e impedir que este se celebrase sin fecha de continuación".
Los jueces consideran "sospechoso" que Munar pidiera cambiar de abogado tras un registro en su domicilio en relación a esta misma causa el pasado 20 de mayo, y que lo hiciera dos días antes de que empezara el juicio y no inmediatamente después de que la Fiscalía buscara datos en su vivienda.
La sala considera revelador "de la mala fe procesal de la señora Munar" que el cambio de abogado se produjera después de que el tribunal dejara para el comienzo del juicio su decisión sobre un escrito que presentó su abogado el 28 de mayo pidiendo la suspensión de la vista, alegando la necesidad de una instrucción suplementaria.
Los dos registros en las viviendas de Munar se llevaron a cabo después de que el 19 de mayo otro de los acusados, el exconseller de Territorio Bartomeu Vicens, entregara un escrito en la Audiencia de Palma confesando que Munar, el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal y él se repartieron 1,8 millones de euros que les fueron entregados a cambio de amañar el concurso de Can Domenge.
Unos días después, el dueño de la promotora Sacresa y también encausado, Román Sanahuja, confesó que pagó 4 millones de euros a cambio de que la empresa ganara el concurso. Vicens había explicado que ellos se repartieron 1,8 millones, otros 2 millones fueron para el partido Unió Mallorquina y el resto para un intermediario.
El tribunal considera legítimo que Munar quiera una instrucción suplementaria, pero afirma que debe plantearlo en la vista oral, una vez se introduzcan en el proceso esas confesiones.
El tribunal defiende que se celebre el juicio por la importancia de mantener el calendario para una sala "saturada por el volumen pendiente de asuntos".
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