Buenos Aires, 23 feb.- La Justicia argentina sentará mañana en el banquillo a los presuntos responsables de la sangrienta represión de las protestas sociales en Argentina durante la crisis de diciembre de 2001, en un proceso del que se ha librado quien era el entonces presidente del país, Fernando de la Rúa.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de Buenos Aires, integrado por los jueces José Valentín Martínez Sobrino, Javier Anzoategui, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín, sentará en el banquillo de los acusados, entre otros, al ex secretario de Seguridad argentino Enrique Mathov, según informaron fuentes judiciales.
Está previsto que medio millar de personas testifiquen en el proceso, donde se intentará determinar las responsabilidades operativas y policiales en la represión de manifestantes el 20 de diciembre del 2001, durante el estado de sitio.
La violenta represión dejó cinco muertos y decenas de heridos en el área de Buenos Aires comprendida entre la Plaza de Mato, frente a la sede del Ejecutivo argentino, y el edificio del Parlamento.
Fuera de este juicio ha quedado el ex presidente Fernando de la Rúa (1999-2001), exculpado en esta causa por una decisión de la Cámara Federal de Casación, que consideró que el entonces mandatario actuó legítimamente y ajustado a la Constitución al declarar el 19 de diciembre de 2001 el estado de sitio ante las masivas protestas contra su Gobierno.
La querella ha apelado al Supremo para que revise el fallo de la Cámara de Casación que favoreció al ex gobernante.
Entre los acusados, además de Mathov, están el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos y otros quince antiguos policías.
A todos se les acusa por los homicidios de Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna y por la tentativa de homicidio de Martin Galli y Paula Simonetti.
"Lo que yo quiero no se puede cumplir, que es que mi hermano no estuviera muerto, pero lo mínimo que puedo pedir es que se juzgue a los responsables de su muerte y que vayan presos", dijo a Efe Karina, hermana de Diego Lamagna, que falleció tras resultar herido en el pecho con un perdigón de plomo.
En este juicio, que podría durar entre uno y dos años, los acusados también deberán responder por lesiones, en distinto grado, cometidas en perjuicio de 117 víctimas.
"Hay que pasar el juicio e ir por más. Acá no hay que olvidar que De la Rúa no está siquiera procesado, está sobreseído", señaló María Arenas, viuda de Gastón Riva, otra de las víctimas de la represión.
Durante el estallido de diciembre de 2001, 39 personas murieron en Buenos Aires y en el interior del país, cuando cientos de miles de argentinos se manifestaron contra la política económica del Gobierno de De la Rúa, que a principios de ese diciembre había creado el "corralito" bancario.
La crisis económica provocó también saqueos a supermercados y, frente a las distintas movilizaciones populares, el ex presidente decretó el día 19 de diciembre el estado de sitio.
La decisión no frenó las protestas que se sucedían al grito del "Que se vayan todos" y, el 20 de diciembre, la policía reprimió ferozmente a los manifestantes que quedaban en la Plaza de Mayo y zonas aledañas.
Por la noche, De la Rúa renunció, abandonó en helicóptero la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, aunque su renuncia no acabó con la crisis política y llevó a una situación de acefalia presidencial.
Tras la dimisión de De la Rúa, quien sostiene que fue víctima de un complot, cinco presidentes se sucedieron en pocos días hasta que el 2 de enero de 2002 el Parlamento designó jefe del Estado al senador Eduardo Duhalde (2002-2003).
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