La tortura dispara el trabajo de la defensora del pueblo

La Defensora del Pueblo abrió el año pasado 466 investigaciones de oficio, la cifra anual más alta registrada por esta institución, lo cual se debió en buena parte al asumir este organismo la tarea de ser Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Esta institución recibió a finales de 2009 la tarea encomendada por el Parlamento de actuar como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), al adherirse España al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura u Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 2006. Por ello, ha creado una unidad específica para inspeccionar centros de detención.
En su informe de 2010, presentado este miércoles por la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, al Parlamento, este organismo señala que el año pasado abrió 466 investigaciones de oficio (un 73,2% más que en 2009), de las cuales 211 correspondieron a presuntos casos de tortura, lo que supone el 54,7% de los expedientes investigados de oficio.
La unidad específica de la Defensora del Pueblo visitó sin anunciarlo previamente 231 lugares de privación de libertad durante el año pasado, sobre todo comisarías del Cuerpo Nacional de Policía (54), cuarteles de la Guardia Civil (54), calabozos en edificios judiciales (28), centros penitenciarios (22) y unidades de custodia hospitalaria (13).
El informe reconoce que la asunción de las tareas de MPN ha supuesto para la Defensora del Pueblo "un incremento de la carga de trabajo" de esta institución, lo que, "dadas las circunstancias económicas, no ha podido compensarse con un incremento presupuestario".
De hecho, señala que el presupuesto de 2010 sufrió una bajada del 2,11% sobre el de 2009, por lo que la Defensora del Pueblo tuvo que reorganizar sus efectivos para disponer de un equipo básico que atendiera prioritariamente los trabajos del Mecanismo Nacional de Prevención.
QUEJA CON CATALUÑA
Por otro lado, la Defensora del Pueblo afirma que la designación del MNP es una "obligación asumida por España" ante la ONU cuando suscribió el Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura.
En este sentido, lamenta que la Generalitat de Cataluña, a través del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), haya "pretendido invadir" este área competencial y "perturbar o condicionar la reserva del Estado en materias internacionales" y "atribuirse obligaciones inmediatas y actuales ante el Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas".
Cava de Llano considera "evidente" que "no está en el ámbito" de la Generalitat de Cataluña "comprometer la voluntad del Estado sobre quién haya de ser el Mecanismo de Prevención de la Tortura" al adjudicarse esta tarea. "Dicha competencia sencillamente no existe", concluye.
La Defensora del Pueblo presentará próximamente un informe sobre las actuaciones realizadas como MNP, que entregará al Parlamento y al Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas.