La Comisión Europea ha hecho su examen anual sobre el Estado de Derecho de los países comunitarios teniendo en cuenta el impacto que ha tenido la pandemia de la Covid-19 y los importantes retos que ha marcado. España ha superado el examen obteniendo una valoración general "positiva", si bien, Bruselas vuelve a dar un toque de atención por los "desafíos" a los que se sigue enfrentando el sistema judicial español. Una vez más, pone el foco en la situación de interinidad que persiste desde diciembre de 2018 en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la "falta de acuerdo" de los grupos parlamentarios y destaca que "un acontecimiento positivo" fue la retirada de la propuesta de reforma del sistema de selección de sus jueces-miembros, cuya aprobación "podría haber aumentado la percepción del Consejo como vulnerable a la politización".
Así hace referencia a la renuncia por parte del PSOE y Unidas Podemos -los partidos que forman el Gobierno de coalición- el pasado mes de mayo de la propuesta registrada en el Congreso de los Diputados para rebajar las mayorías cualificadas de tres quintos necesarias para la designación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Una iniciativa con la que se buscaba presionar al PP después de que éste se volviera a levantar de la mesa de negociación y vetara algunos de los nombres propuestos por sus interlocutores.
La Comisión Europea ya celebró entonces esta decisión de retirar dicha modificación legal y pidió que al menos la mitad de los miembros del CGPJ sean elegidos por sus pares y no por el Parlamento, de acuerdo con los estándares europeos y con la reivindicación de las asociaciones judiciales. Ahora reitera esta postura en su segundo informe sobre el Estado de Derecho -el primero se elaboró en septiembre de 2020-, en el que subraya la importancia de que "se tomen las normas europeas en cuenta y se consulte a todas las partes interesadas" en el proceso de renovación. Recuerda además que, de forma paralela, el Congreso, con los votos a favor del Ejecutivo y sus socios, sacó adelante la reforma que limita las funciones del órgano de gobierno de los jueces una vez su mandato haya expirado para evitar que pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.
Medidas para mejorar la Justicia
Bruselas aplaude en su informe, con fecha del pasado 20 de julio, las medidas adoptadas para "mejorar la calidad de la Justicia", como la aprobación del nuevo estatuto de la Abogacía, por el que se refuerza la independencia de los letrados y establece nuevas disposiciones relativas al secreto profesional; la revisión del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, que permite garantizar el pago mensual a los profesionales que prestan este servicio dentro de las Comunidades Autónomas que no tienen las competencias en materia transferidas; el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que data del siglo XIX y otorgará la dirección de las instrucciones de las causas penales a los fiscales; o los tres proyectos de ley sobre eficiencia procedimental, organizativa y digital.
Asimismo, considera que la digitalización de la Justicia está avanzado y destaca los "esfuerzos" empleados para afrontar el colapso de los juzgados con la creación de nuevos órganos judiciales, si bien subraya que el número de jueces por habitante aún sigue siendo inferior a lo que debería. En España hay 11,5 jueces por cada 100.000 habitantes mientras que la media europea es de 17,7 jueces, según el último informe elaborado por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa (CEPEJ).
Con todo ello, el informe también señala una serie de "preocupaciones" entre los que se incluyen la "jurisdicción privilegiada". De este modo alude a los aforamientos y a la competencia del Tribunal Supremo para decidir si se abre causa penal a cargos públicos de alto nivel, quienes tienen reconocida dicha prerrogativa. En esta línea, la institución europea hace mención a las últimas rondas de evaluación del Grupo de Estado contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, que, pese a reconocer la independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales, hace especial hincapié en la necesidad de hacer un repaso a las "amplias condiciones" que se prevén en en el régimen de aforamiento. También cuestiona el perjuicio que puede ocasionar a la apariencia de independencia e imparcialidad de jueces y fiscales y a la separación de poderes el hecho de que el régimen de ambas carreras no contemple periodos de incompatibilidad para aquellos que hayan formado parte del Poder Ejecutivo o Legislativo.
Mayor autonomía de la Fiscalía
A todo ello añade los debates sobre la independencia de la Fiscalía y más aún después de que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, hiciera un llamamiento en diciembre de 2020 sobre la necesidad de reformar el estatuto del Ministerio Fiscal para dotarlo de una "mayor autonomía en lo relativo a la organización, el presupuesto, la regulación interna y la formación". La Comisión Europea recupera la propuesta de la que en su etapa anterior fuera ministra de Justicia y subraya que el nuevo estatuto profesional también debería regular las relaciones entre el Gobierno y el máximo representante del Ministerio Público, así como el sistema de su nombramiento. Ya en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 se criticó que los mandatos del fiscal general del Estado y del Gobierno coincidieran en el tiempo, pues, según exponía, "puede afectar a la percepción de independencia".
Por último, la Comisión Europea se detiene en los avances para la prevención y lucha conta la corrupción. En este punto, afirma que, aunque España ha mejorado su marco institucional, jurídico y ha puesto en marcha iniciativas para reforzar la integridad del sector público, carece de una estrategia específica que sirva de guía general para combatir esta lacra. El Código Penal castiga la corrupción desde 1995 y ha sido objeto diversas reformas para ir ampliando el catálogo de conductas ilícitas. No obstante, el informe recalca las advertencias de las autoridades judiciales sobre la falta de recursos -en especial la falta de personal- que frenan el ritmo de la investigación y posterior enjuiciamiento de los casos de corrupción, en particular los macroprocesos de "alto nivel". Según el Índice de Percepción de la Corrupción de 2020 de Transparencia Internacional, España ocupa el noveno puesto de la Unión Europea y el trigésimo segundo de todo el mundo, mejorando esta percepción en los últimos cinco años.
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