Las negociaciones para renovar el CGPJ han vuelto a sufrir un revés. La política de acercamiento de presos de ETA, el pacto del Ejecutivo de Pedro Sánchez con Bildu sobre los presupuestos y la ya bautizada como 'Ley Celáa', han sentado como un jarro de agua fría en el Partido Popular. Tanto es así que desde sus filas ya se habla de un nuevo punto muerto en las conversaciones para desatascar el órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde hace cerca de dos años. No obstante, las dos partes negociadoras están dispuestas a sellar el acuerdo, el cual se podría materializar antes incluso de que termine el año.
"Esto lo ha entorpecido totalmente", explican fuentes de la negociación a este diario. Algunos barones populares estarían presionando a los interlocutores del partido para que dejen patente su manifiesto malestar por los hechos ocurridos esta semana en el Gobierno y, más en concreto, por la postura adoptada en todo este asunto por Podemos. De hecho, el protagonismo que pueda tener en la renovación del CGPJ el partido que lidera Pablo Iglesias ha sido el principal obstáculo que han puesto los populares en la renovación del órgano que a punto estuvo de sellarse el pasado mes de julio. Las críticas al Rey Emerito desde la formación morada entorpecieron la 'fumata blanca'. Pese a ello y en contra de lo que pudo parecer, las negociaciones no se rompieron, como tampoco ocurre ahora.
Sin embargo, el acuerdo, que se antojaba cercano, vuelve a demorarse al menos unas semanas más. Lo que parece inalterable es el reparto que, a priori, se habría cerrado el pasado verano. Esto es, de los 20 vocales que renovarán el órgano, 10 serían a propuesta del PSOE y otros 10 del Partido Popular. El avance de los equipos negociadores hace inevitable que aparezcan las primeras quinielas de magistrados y juristas de reconocido prestigio que sustituirán al actual gobierno de jueces. De este modo, y según las fuentes consultadas, entre los nombres que cobran fuerza destaca el magistrado Alejandro Abascal. El juez, que acaba de ser reconocido con la Cruz de San Raimundo de Peñafort, refuerza a Manuel García Castellón en uno de los juzgados más saturados de la Audiencia Nacional. Entre las causas que dirigen se encuentran la investigación a Villarejo, Púnica, Lezo o las irregularidades en las cuentas de Dia.
Las fuentes consultadas explican que el nombre de este magistrado, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, suena con fuerza entre los candidatos, pero no es el único. En la lista del PP también se incluiría la magistrada Gemma Espinosa y el decano de los procuradores de Madrid, Gabriel de Diego. Espinosa, que fue directora de la Escuela Judicial Española entre 2013 y 2018, ya se postuló como candidata a vocal en septiembre de 2018. La también mujer del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, presentó los avales cuando faltaban dos meses para que expirara el mandato de Carlos Lesmes. Aunque todo apuntaba que la renovación era un hecho, el acuerdo entre PP y PSOE saltó por los aires tras filtrarse en prensa un comprometido whatsapp de Ignacio Cosidó en el que se alardeaba del control que iban a tener en la Sala de lo Penal del Supremo.
Pilar Teso suena para presidenta
El PSOE, por su parte, habría propuesto a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Inmaculada Montalbán. La juez, que ostentó la presidencia del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ya fue vocal del Consejo General del Poder Judicial. Entre las candidatas se encuentra también Esther Erice, presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra y Pilar Teso. Esta última, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se perfila como la propuesta que haría el partido que lidera el Gobierno para presidir el CGPJ. Se trataría, pues, de la primera mujer que presidiría del órgano fundado hace ahora 42 años. Además de Teso también suena para suceder a Carlos Lesmes el nombre de Ana Ferrer, igualmente magistrada del Supremo e integrante del tribunal de la Sala de lo Penal que enjuició a los líderes independentistas del 'procés'.
Tercer y último intento
De este modo, las quinielas no cesan a pesar de que las negociaciones hayan sufrido un revés a tenor de los acuerdos políticos del Ejecutivos con facciones como Bildu. Entre las filas del PP el descontento se amplía también al acercamiento al País Vasco de presos de ETA por parte del Ministerio del Interior así como la LOMLOE, la reforma de la ley educativa que lleva por nombre el apellido de la ministra de esta cartera. Sobre esta última medida, que modifica que el castellano deje de ser lengua vehicular en la enseñanza, los populares ya han anunciado que la llevarán ante el Tribunal Constitucional.
Frente al tono más bronco del PP, desde el PSOE confían en llegar lo antes posible a un pacto siguiendo de este modo las directrices de Europa. De hecho, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, explicó este jueves en una entrevista radiofónica que confía en que haya acuerdo "en muy poco tiempo". El mismo se aplicaría no solo al CGPJ sino también al Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo. Desde que se rompiera el acuerdo en 2018 en las que sonaba Manuel Marchena como presidente del Supremo, las negociaciones se estancaron cerca de año y medio. Este verano parecía que el acuerdo era un hecho pero el enfrentamiento de PP con Podemos por sus críticas a la Corona y al Poder Judicial dejó el asunto en 'standby'.
El anuncio por parte del Gobierno de coalición del cambio de ley para modificar el sistema de elección de vocales sin necesidad de alcanzar los 3/5 de la cámara baja puso en guardia prácticamente a todos los actores jurídicos del país a la par que Bruselas advertía que se alejaban peligrosamente de los requisitos recogidos por el grupo GRECO acerca de la necesidad de que sean los jueces los que elijan a sus homólogos en el CGPJ. Esta situación impulsó las negociaciones aunque ahora sufran un nuevo revés. Con todo, fuentes de uno y otro lado se dan un margen de tiempo hasta que termine el año y confían en que, esta vez sí, sea la definitiva.
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