Los expertos proponen a gallardón que los fiscales investiguen los delitos con plazos tasados

Los juristas que han analizado la reforma de las normales procesales y de organización del Poder Judicial plantean que los fiscales pasen a encargarse en España de la investigación de los delitos, mientras que un juez de garantías supervise la instrucción, adopte medidas cautelares y formule el procesamiento.
Ésta es una de las propuestas más destacadas que han realizado las comisiones que este lunes entregaron sus conclusiones al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Estas comisiones han estado encabezadas por Manuel Marchena, que ha coordinado el grupo de trabajo sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y Luis María Díez-Picazo, que ha encabezado a los juristas que han estudiado sugerencias para la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Gallardón dijo sentir un “vértigo responsable” ante esta reforma de las “dos leyes troncales” del sistema jurídico español y que conformarán la justicia del país en el siglo XXI. El ministro dijo que, una vez recibidas las propuestas, abrirá un debate profundo con los operadores jurídicos y con el conjunto de la sociedad, tras lo cual el Gobierno espera hacer una propuesta legislativa hacia octubre o noviembre.
El ministro también aludió a que quiere el mayor consenso posible una vez que estas dos reformas lleguen al Parlamento, puesto que estas modificaciones procesales y del Poder Judicial nacen con "vocación de permanencia", para lo cual es necesario el mayor acuerdo de las fuerzas políticas.
Sobre los cambios sugeridos por los expertos, Marchena, en representación de los juristas que han estudiado los cambios procesales, explicó que proponen que los fiscales investiguen los delitos, mientras que un juez de garantías vigilará esta parte del proceso y podrá tomar medidas ante cualquier “suspicacia” o “inactividad” del Ministerio Público.
Al mismo tiempo, preguntado por el problema que supondrá que en la actualidad exista en España menor número de fiscales que de jueces, Gallardón indicó que el nuevo modelo se implantará según lo vayan permitiendo los medios materiales y humanos. Por este motivo, las futuras reformas procesales se irán apoyando en disposiciones transitorias para llevarse a la práctica.
ACCIÓN POPULAR
Otras reformas que se plantean en el campo procesal son la suspensión provisional de los cargos públicos y políticos investigados por corrupción, a lo que se suma la “racionalización” de la figura de la acción popular. Esta posibilidad de acusar se limita a ciertos delitos y se excluye de ella a partidos políticos y sindicatos.
Marchena indicó que los cambios que se plantean en este terreno son una necesidad “obvia”, puesto que de la acción popular se había comenzado a hacer en España un uso con “efectos patológicos”. Destacó, no obstante, que esta posibilidad de actuar en los tribunales se sigue reconociendo de forma expresa a colectivos como las víctimas del terrorismo.
Además, la reforma procesal que formulan los juristas incluye tasar los plazos de investigación de los delitos, algo que podrá ser ampliado por el juez de garantías tras una petición argumentada del fiscal. Asimismo, Marchena se refirió a que proponen sustituir la figura del “imputado” por la del “encausado”, que se convertirá en “acusado” cuando se formula la imputación.
En cuanto a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Luis María Díez-Picazo se refirió a que en cuanto a la elección del CGPJ, su grupo de juristas se ha visto “sobrepasado por los acontecimientos”, ya que el Gobierno decidió acordar con el PSOE que se mantuviese la elección parlamentaria de los miembros del órgano de gobierno de los jueces.
En cuanto a otros aspectos, explicó que en cuanto a la organización de los tribunales han realizado una propuesta “decididamente reformadora”, que incluye la eliminación de los actuales partidos judiciales.
Por lo que se refiere al estatuto de los jueces, Díez-Picazo se aludió a que han formulado una reforma “prudentemente conservadora”, porque lo contrario supondría un “cambio de modelo” del Poder Judicial en España. No obstante, en este ámbito sugieren suprimir las “categorías judiciales” y generalizar la “oposición restringida” entre jueces ya en ejercicio para determinados puestos.