La Fiscalía pide la imputación

Villarejo intentó implicar a Galán en sus conversaciones con Asenjo once veces

Frente a la petición de Anticorrupción, el equipo jurídico de Iberdrola advierte que el único sitio donde se menciona al presidente es en el informe de Del Olmo, que la compañía no reconoce.

Ignacio Sánchez Galán En Nueva York
Villarejo intentó implicar a Galán en sus conversaciones con Asenjo once veces.
IBERDROLA

Los últimos audios encontrados con conversaciones entre el comisario Villarejo y el exdirector de seguridad de la compañía, Antonio Asenjo, dejaron de relieve el interés que siempre mostraba el policía en implicar al máximo responsable de la compañía en sus pesquisas, aunque nunca quedó claro que lo hiciera. Aún así, el juez entiende que la responsabilidad de todo lo que ocurrió en los trabajos de espionaje encargados a Cenyt llega hasta Sánchez Galán, al menos como para tomarle declaración como imputado y que pueda defender su postura. Desde la empresa siempre se ha negado la implicación del presidente, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que extiende incluso la responsabilidad a los dos directivos más cercanos, Fernando Becker y Francisco Martínez Córcoles. 

La investigación de los últimos audios encontrados y analizados por Asuntos Internos completan un elenco de hasta once ocasiones en las que las conversaciones del comisario Villarejo y el exdirector de seguridad de la eléctrica, Antonio Asensio, aluden de forma indirecta al actual presidente de la entidad, Juan Ignacio Sánchez Galán. Frente a la petición de la Fiscalía para que imputen al presidente que se ha conocido este martes, el análisis que el equipo jurídico de Iberdrola realizó sobre todas las transcripciones y los audios concluye que de ninguna de esas pruebas se puede colegir, por el momento, que el líder de la empresa fue quien dio las órdenes de cada trabajo a sabiendas de que los estaba haciendo un comisario que podía estar en activo. Incluso otras fuentes jurídicas y fiscales ajenas a Iberdrola aseguran que, para apuntalar la comisión de un delito como el cohecho o la revelación de secretos, hacen falta “indicios racionales de criminalidad” y conversaciones de terceros como las que se han conocido hasta ahora en ese caso y en otros de las piezas de la macrocausa Tándem, no aclaran bien los elementos que tipifican esos delitos.

Los abogados de la eléctrica concluyen que las menciones principales sobre Sánchez Galán se contemplan en el informe del que fuera ‘controler’ de la compañía, José Antonio del Olmo, que dio lugar a la causa hace casi dos años. En esos documentos, que se dejaron en la notaría de Luis Ramallo, se aludía directamente en al menos dos ocasiones a que el entonces vicepresidente y su cúpula conocían los pormenores de la contratación de Cenyt en alguno de los trabajos de supuesto espionaje. El informe de Del Olmo, que desde Iberdrola no reconocen como válido porque nunca estuvo registrado ni presentado dentro de la compañía, asegura que las facturas que se pagaron venían del director de seguridad, Antonio Asenjo, “quien le transmitía que el director general de recursos humanos y servicios (D. Fernando Becker Zuazua) y el Vicepresidente y Consejero Delegado (D. Ignacio Sánchez Galán) eran conocedores del tema, estaban de acuerdo con ellas, y tenían el máximo interés”.

Desde la empresa han asegurado en varias ocasiones que esa es la única alusión clara a los directivos de la empresa, en un documento que no se ha validado dentro, con lo que no lo consideran suficiente como para fundamentar una imputación al actual presidente. De otro lado, las once conversaciones analizadas en encargos como el mencionado de ‘Arrow’, la supuesta investigación a Florentino Pérez (caso ‘Posy’) que la compañía siempre ha negado, la de Manuel Pizarro (caso ‘B-B’), la vigilancia a un exdirectivo de la propia eléctrica (caso ‘Gipsy’) o la de una empresa de Rumanía (caso ‘Wind’), apuntan a intentos de Villarejo de que sus informes lleguen a la cúpula para, entre otras cosas, cobrar más dinero por los trabajos, según se desprende de los propios contenidos. Fernte a ello, en todas las ocasiones, Antonio Asenjo, expolicía y conocedor de las tácticas del comisarios, nunca entro a valorar o mencionar lo que sus superiores sabían o decían al respecto de los trabajos. 

"El señorito", el "jefe" o "D. Igancio"

El último informe policial conocido esta semana, que se centraba en varias conversaciones entre Villarejo y Asenjo sobre el proyecto Arrow en unos audios encontrados en el último paquete de pruebas encontrado en noviembre pasado, se aludía a “D. Ignacio”, al “señorito” o a “los jefes” en palabras del comisario que el expolicía eludía reiterar o reconocer. “A falta de conocer más pruebas, con conversaciones así no es posible imputar a Sánchez Galán”, asegura un especialista en derecho penal conocedor de la causa.

Antes de estas pruebas, ya se recogieron en el inicio de la causa otras conversaciones grabadas por el comisario en otros trabajos de todos los que se le encargaron desde Iberdrola donde se aludía al “jefe” y al “gran jefe”, apuntando a Sánchez Galán, pero sin una implicación directa que demuestra que era él quien daba la instrucciones, una condición que los juristas consultados consideran necesaria para llevarle a una imputación.

Desde el ámbito académico y profesional, uno de los juristas de penal con más experiencia en estos casos advierte que ante una imputación "sobre hilvanes", hay que aludir al artículo dos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a ser imparciales no solo a los fiscales (esa es su naturaleza de ser) sino a todos los agentes y funcionarios que colaboran en las investigaciones y que hacen los informes y los análisis de muchas de las pruebas que van saliendo. "Y eso implica incluir en sus informes las cuestiones que les favorecen y las que les perjudican, porque una imputación mal fundamentada, si llega a un juicio oral, es un archivo de libro”, asegura.

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