La más que posible victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas del 4 de mayo no significa que la actual presidenta vaya a poder seguir gobernando. Sus opciones de repetir en la Puerta del Sol no solo pasan por conseguir más escaños que las tres fuerzas de izquierda que tienen como objetivo desalojarla del poder. El otro actor clave en su reelección es el partido al que asegura que más cosas le unen. Y no es Ciudadanos. Se trata de Vox, que afronta estos comicios con la presión de que será la llave para la viabilidad de un nuevo Ejecutivo del PP. Un apoyo que parece que no será gratis. Las exigencias del pasado de Rocío Monasterio cuando aún existía la coalición de los 'populares' con Cs solían ser elevadas. Y desde que se convocaron las elecciones, ya han dado pistas de que no pretenden rebajar sus pretensiones. Lo que implica que Ayuso afronta un 'trágala' para mantenerse en el poder.
La cabeza de lista del PP ya tiene asumido que tiene que contar con los de Rocío Monasterio para seguir al frente de la región. Algo con lo que se ha mostrado cómoda, al situar a Vox como su socio prioritario por entenderse muy bien con su dirección. Lo que ha abierto la puerta a que se forme una posible coalición que ha puesto en alerta a la izquierda. Y que incluso ha motivado en parte la decisión de Pablo Iglesias de dar el salto a Madrid y de dejar el Gobierno para ser el candidato de Unidas Podemos. Pero con los antecedentes de Monasterio a la hora de negociar hay dudas de que Ayuso vaya a darse un paseo en las hipotéticas conversaciones para formar su nuevo Consejo de Gobierno. El pin parental y las leyes LGTBi son algunos de los temas que saldrán a relucir. Pero también lo harán los impuestos y la reducción del gasto político.
Uno de los caballos de batalla de Vox tiene que ver con los millones de euros que, a su juicio, se desperdician en consejerías del gobierno que no ven necesarias o en el gasto que supone tener 132 diputados en la Asamblea. En la negociación de los Presupuestos ya señaló que había que reducir al menos 15 millones de euros, al recortar de 13 a 8 las consejerías que existían entonces y con el impulso de la eliminación de hasta 44 escaños de los 132 que forman actualmente la cámara madrileña. Una apuesta que tiene que ver con la insistencia de los de Abascal de que hay demasiado gasto público en la administración y los poderes ejecutivos. La duda está en si insistirán en ese adelgazamiento de la administración en el caso de que Ayuso estuviera dispuesta a cederles varios departamentos.
El IRPF y las ayudas a empresas por el golpe del coronavirus son las cuestiones estrella en el campo económico. La idea de Vox es exigir que el impuesto se rebaje en al menos medio punto para aliviar la carga fiscal de las familias. Sus planteamientos no se quedan ahí. El objetivo que persiguen es aprovechar la coyuntura actual para rebajar todos los tributos al máximo posible. Algo que a su juicio no puede esperar más de dos años. A esto se suman un paquete de ayudas para los empresarios que les pueda reportar la liquidez que han perdido durante la crisis sanitaria.
Otras ideas que surgen de la fuerza que aspira el 4-M a mejorar los 12 diputados que tiene actualmente tienen que ver con los arrendamientos de edificios o los supuestos "chiringuitos". Según ha señalado Monasterio públicamente, la Comunidad de Madrid gasta al menos 100 millones de euros en alquileres que no son necesarios. Algo que ve inasumible dadas las circunstancias actuales. Las instituciones que previenen sobre la violencia de género o se declaran afines al feminismo también estarán en el punto de mira. Telemadrid puede ser otro foco de conflicto. Incluso a pesar de que la líder ha reconocido su mejoría de audiencias, considera que el gasto que supone habría que revisarlo. La inversión pública de más de 70 millones que recibe es lo que no acaba de convencer a Monasterio.
De la educación a las leyes LGTBi
Justo antes de que estallara la pandemia, las peticiones de Vox a Ayuso marcaban la agenda madrileña. Entonces, la medida estrella era el pin parental. El partido de Santiago Abascal lo exigió en otras autonomías donde tenían la llave, como Murcia y Andalucía. Esa propuesta también se trasladó a Madrid, donde Monasterio aseguró que era un requisito imprescindible para continuar apoyando la coalición. Lo que motivo que esta última viviera una crisis más, debido a que Ciudadanos estaba totalmente en contra de dar pasos de ese tipo en el ámbito educativo. El coronavirus enterró toda polémica. Pero ese 4-M apunta a revitalizar todas las reclamaciones de la formación de extrema derecha. Y no son pocas.
Monasterio ya ha dejado claro que el pin parental será solo una de las cosas que pondrá sobre la mesa a cambio de que sus diputados invistan a Ayuso. Esto motivará que la educación se convierta en uno de los temas centrales de la campaña. Una cuestión que siempre ha formado parte de la agenda de la líder del partido en Madrid. Y que incluso ha llevado a que denunciara situaciones que fueron negadas por la Comunidad de Madrid, como que en las aulas se imparten talleres de sexualidad en los que se hablaba de prácticas consideradas como fetichistas. Sus pretensiones de que los padres tengan todo el control de los contenidos que se impartan a los niños ya fueron aceptadas en parte por el PP hace un año. Y lo ocurrido en Murcia, donde el gobierno de Fernando López Miras está pensando en ceder la consejería del ramo a un diputado que era de Vox, da pistas de por dónde irán los tiros.
El otro asunto relacionado con los "valores" al que alude la formación constantemente tiene que ver con las leyes que defienden los derechos de la población homosexual, bisexual o transexual. Esta cuestión ya formó parte de las negociaciones para que los 12 diputados que lideraba Monasterio dieran sus votos al pacto de PP y Ciudadanos en 2019. Según la explicación de entonces, estas normas podían "atentar contra la libertad de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores morales".
Todas las encuestas apuntan a que Ayuso tendrá que contar con Vox para sacar adelante su segunda etapa al frente de la Comunidad de Madrid. Lo que podría significar la entrada de Monasterio y los suyos en un Ejecutivo autonómico determinante. Un éxito político para un partido que hasta hace dos años era totalmente extraparlamentario en todos los territorios y a nivel nacional salvo en Andalucía. Algo que va a pasar por numerosas exigencias económicas y por ceder en cuestiones que, a juicio de la extrema derecha, responden solamente a los intereses de la izquierda.
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