'Feria' es el nombre con el que se bautizó el barco que Luis Medina Abascal compró con el dinero que consiguió tras la adquisición de una remesa de mascarillas para el Ayuntamiento de Madrid. Un velero que costó más de 325.000 euros y que se puso a nombre de una sociedad gibraltareña que comparte con su hermano Rafael, actual duque de Feria, quien presumió de barco en las revistas del corazón hace tan solo un año. Alberto Javier Luceño es el socio con el que llevó a cabo los negocios con el consistorio de la capital en marzo de 2020, en uno de los momentos más duros de la pandemia de coronavirus. No obstante, éste obtuvo mayores beneficios, alcanzando 5 millones de dólares en comisiones que invirtió, entre otras cosas, en coches de lujo de las marcas Aston Martin, Ferrari, Lamborghini y McLaren.
Este 'pelotazo' se han dado a conocer este miércoles a raíz de la querella que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado en los juzgados de instrucción de Madrid contra estos dos empresarios que intermediaron en la adquisición de un millón de mascarillas KN95; 250.000 guantes de nitrilo; y 250.000 test rápidos Covid-19 por el importe total de 11,9 millones de dólares (unos 10,9 millones de euros). Según el Ministerio Público, estos dos empresarios conocidos en el mundo de la 'jet set' no solo vendieron productos defectuosos, sino que además inflaron los precios para ocultar las comisiones irregulares que alcanzaron los 6 millones de dólares. "Actuaron de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico", resalta el escrito.
Anticorrupción relata en su querella que Luis Medina, hijo del fallecido duque de Feria y de Naty Abascal, fue quien se encargó de lograr un acercamiento con el Ayuntamiento, aprovechando su condición de personaje público y su supuesta amistad un primo del alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida. Desde el consistorio se niega que este familiar conociera al hijo pequeño de los Medina-Abascal. El primer edil ha explicado a los medios de comunicación, este mismo miércoles, que una conocida de su familiar le comentó que Medina "tenía interés en hacer llegar al Ayuntamiento que tenía capacidad de poder suministrar material sanitario" y que éste se limitó "a darle un correo electrónico", indicándole que ese era el "cauce oficial donde se estaban recibiendo la infinidad de ofrecimientos" en aquellos duros días. Martínez-Almeida ha añadido que su departamento se personará en la causa como acusación particular como perjudicada de la "estafa".
Tras entablar los contactos, las negociaciones se hicieron directamente con la consejera Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid (participada al 100% por el Ayuntamiento de Madrid), que firmó con Medina y Luceño tres contratos para el suministro de material sanitario fabricado en China. No obstante, Luceño fue el encargado de cerrar los detalles de precios y características de los productos, pues se presentó como experto en importación de productos procedentes del mercado asiático y como agente exclusivo de la empresa malaya que se utilizó para la operación. Sin embargo, según el Ministerio Público, este investigado engañó a la funcionaria pública porque "en realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya, ni actuaba movido por ninguna intención altruista".
Un hotel, relojes y coches
Así, tras relatar todo el 'modus operandi' de cómo los dos socios obtuvieron beneficios con la compra de mascarillas, guantes y test rápidos, Anticorrupción resumen que de Luceño recibió gran parte de las comisiones, llegando a los cinco millones de dólares; mientras que el millón restante fue a parar a Medina. De este modo, según explica Anticorrupción, el primero de los empresarios costeó una estancia de hotel en Marbella (Málaga), del 10 al 16 de agosto de 2020, por la que abonó 60.000 euros. También compró dos relojes de caballero de la marca Rolex (uno de acero y otro de oro rojo) y otro de cadete de la misma firma (de acero oro) por el total de 42.450 euros.
A la 'lista de la compra' se suma una vivienda con tres plaza de garaje y trasteros en Pozuelo de Alarcón (Madrid) por 1.107.400 euros; y 12 coches de alta gama por el valor total de 2.062.798 euros. En concreto los vehículos fueron: Aston Martin DB11 (160.000 euros), Aston Martin DBS Superleggera (293.000 euros), Ferrari 812 Superfast (355.000 euros), Mercedes AMG GT 63S (149.999,01 euros), Mercedes SCL 300 (54.500 euros), Mercedes A200 AMG (32.500 euros), Range Rover Sport (102.000 euros), KTM X Bow (91.800 euros), BMW I8 Roadster (121.000 euros), Porsche Panamera (153.000 euros), Lamborghini Huracan Evo Spider (299.999 euros) y un McLaren 720S (250.000 euros).
Información falsa al banco
Por su parte, Medina utilizó parte del millón de euros que consiguió con el negocio de las mascarillas un yate Eagle 44, bautizado en honor al título nobiliario de su familia que costó un total de 325.515 euros; así como dos bonos bancarios, valorados cada uno de ellos en 200.000 euros. Anticorrupción señala en su escrito que los bancos españoles a los que transfirieron sus respectivas comisiones desde Malasia pidieron explicaciones de la naturaleza y el origen de los fondos tanto al hijo del duque de Feria y la exmodelo como a su socio y que fue Luceño quien aportó documentación no "auténtica" sobre su labor como "agentes exclusivos" en la empresa malaya, cuyo nombre no ha trascendido públicamente.
Luceño aportó al banco documentación no "auténtica" sobre su labor como "agentes exclusivos" en la empresa malaya.
Asimismo, entre las maniobras empleadas para inflar precios, la querella relata que los precios de las mascarillas se inflaron hasta un "148% del precio real del producto"; que los guantes de nitrilo eran de "ínfima calidad y solo llegaban hasta la muñeca"; y que los test rápidos eran "defectuosos" e "inservibles". Así, la Fiscalía para la lucha contra la corrupción detalla que, entre el 24 de marzo y el 6 de abril de 2020, el servicio municipal de servicios funerarios abonaron un total de nueve facturas por el importe total de 11.914.300 de dólares con el fin de comprar dicho material sanitario, en un momento en el que era difícil conseguirlo.
Beneficios de 3 y 4 millones por operación
Por el lote de un millón de mascarillas se pagó 6.689.300 millones de dólares. El 31 de marzo de 2020, se realizaron cuatro transferencias por el importe total de tres millones de dólares a la cuenta de Luceño; y otras dos por el valor total de un millón de dólares a Medina, que se trataría de la única comisión que recibió. Con estos datos, Anticorrupción concluye que "el precio real de venta de las mascarillas era de 2.689.300 millones de dólares y que los querellados lo inflaron artificialmente para llevarse como beneficio neto de la operación 4.000.000 de dólares".
Sobre el lote de 2 millones y medio de guantes de nitrilo, que se compraron a 5 millones de dólares, Anticorrupción explica que su valor también fue elevado hasta "un 426%". El coste real del par era de 0,38 dólares, si bien se vendieron por dos dólares, estimando conseguir una comisión 4.050.000 millones de dólares. Todo ello hizo que la consejera madrileña se quejara y negociara una rebaja del coste, lo que hizo que los empresarios devolvieran 4.025.000 millones de dólares "para intentar contentar al Ayuntamiento de Madrid". Cabe destacar que Luceño repercutió en el retorno de la cantidad los 25.000 dólares de penalización que la empresa malaya le impuso por el fracaso de la operación.
En cuanto a los 250.000 test rápidos, que costaron 4,2 millones de euros, los socios idearon una mecánica de cobro similar para obtener otros tres millones de dólares. En esta operación, Medina participaría solo en el reparto de 915.000 dólares, mientras que Luceño previó llevarse el resto sin que su socio tuviera conocimiento de ello, según indica Anticorrupción. Sin embargo, como consecuencia de la renuncia a las comisiones en la operación de los guantes, éste decidió que su compañero de negocios no recibiera su parte pactada. Cabe destacar que en esta parte del contrato también hubo roces con el Ayuntamiento, que pidió devolver un lote, ya que solo 75.000 de ellos tenían un "nivel de sensibilidad aceptable". Luceño se negó a ello escudándose en que el vendedor no lo aceptaría y se comprometió a enviar una nueva remesa de reactivos para realizar los test con eficacia, que no consta que hubieran llegado.
