Navarro lleva al Congreso el derecho a decidir y la reforma constitucional

Madrid, 29 may.- El primer secretario del PSC, Pere Navarro, ha defendido hoy en un acto en el Congreso que los catalanes "puedan ser llamados a decidir sobre su futuro" dentro de la legalidad y, frente al independentismo de CiU y ERC o el inmovilismo del PP, ha apostado por la reforma federal de la Constitución.

Navarro ha sido el encargado de presentar en sociedad en Madrid el documento "Por una reforma constitucional federal", elaborado por la Fundación Rafael Campalans por encargo del PSC, en un acto al que han asistido los exministros Carme Chacón y Josep Borrell y la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, entre otros.

Según ha precisado Navarro, hay muchas maneras de que los catalanes puedan decidir sobre su futuro, ya sea votando en elecciones o consultas o promoviendo reformas legales que deban ser refrendadas por la ciudadanía.

"Por desgracia y de forma errónea hay quien cree que cambios de gran calado pueden hacerse de forma unilateral, sin acuerdo alguno entre las instituciones catalanas y españolas, e incluso hay quien acaricia la idea de promoverlos sin amparo legal alguno", ha indicado en alusión a CiU y ERC, ante lo que ha sentenciado: "Se equivocan gravemente".

El documento plantea reformar la Carta Magna para que recoja el sistema de financiación autonómica y se constitucionalicen los principios de solidaridad y objetividad, pero limitados por el de ordinalidad, con el fin de impedir que las comunidades más dinámicas pierdan incentivos a seguir creciendo y aportando al conjunto.

La financiación debe garantizar la suficiencia de los recursos, detalla el informe, hasta el punto de que sería conveniente indicar horquillas de porcentajes de cesión de los grandes tributos.

Junto a ello, sugiere la conveniencia de hacer una corrección solidaria del "privilegio" foral en el cupo o que la regla de gasto de las administraciones, que quedó consagrada en el artículo 135 de la Constitución tras su reforma exprés en el verano de 2011, tenga que ser negociada en el Senado.

También pretende que la Constitución establezca las competencias del Estado y fije que todas las demás son de las comunidades, así como las pautas sobre cómo ejercerlas, de manera que los estatutos quedarían sólo para regular el diseño institucional de cada autonomía y no tendrían que pasar por las Cortes Generales para su aprobación, como ahora.

Aboga asimismo por un reconocimiento de la asimetría competencial, de los hechos diferenciales y de los derechos históricos, por una descentralización efectiva del poder judicial y por transformar el Senado en un consejo federal inspirado en el Bundesrat alemán.

Hay un apartado dedicado a definir España como un Estado federal, una nación que integra naciones, nacionalidades y regiones, una definición que no convence al PSOE, según han admitido hoy fuentes de la dirección socialista.

Tampoco es del agrado de la Ejecutiva Federal del PSOE el principio de ordinalidad, la vía para descentralizar la Justicia ni la propuesta de modificar el artículo 92 de la Constitución para abrir la puerta a que las comunidades puedan celebrar consultas.

No obstante, fuentes del PSC han aclarado que el documento no habla del derecho a decidir, sino que pretende clarificar las competencias autonómicas en esta materia, que debería mantener su configuración actual pero asumiendo la posibilidad de hacer consultas de carácter territorializado.

Estas mismas fuentes han defendido la ordinalidad en la financiación y han subrayado que, por ejemplo, no tiene sentido que los recursos de una comunidad sirvan a otra para bajar impuestos.

Con todo, tanto el PSOE como el PSC han destacado hoy los puntos de encuentro que hay entre ambos documentos.

Incluso desde el PSC se ve "como agua de mayo" que el PSOE haya hecho suyo el modelo federal y, por primera vez, haya puesto por escrito la necesidad de reformar la Constitución hacia esa vía.

Durante la presentación, Pere Navarro ha advertido de creciente "desafección entre Cataluña y el resto de España" y ha considerado que merece una respuesta que, hasta ahora, han sido "incapaces" de dar entre todos, especialmente tras la sentencia del Tribunal Constitucional" sobre el Estatut.