Paula Escalada Medrano
Iguala (México), 5 oct.- Las autoridades del estado mexicano de Guerrero confirmaron hoy el hallazgo de ocho cuerpos en seis fosas clandestinas en las faldas de un cerro del municipio de Iguala, un lugar de difícil acceso y del que no fluye información a los periodistas.
Para llegar hasta la comunidad de Pueblo Viejo, donde fueron encontradas este sábado seis fosas con restos humanos, es necesario recorrer un largo tramo por un camino de tierra y, los últimos metros, a pie hasta las faldas del cerro.
Sin embargo, el paso hacia las fosas está bloqueado por un fuerte dispositivo de seguridad de miembros de la Policía Ministerial, de la Marina y del Ejército, que no dejan acercarse a menos de dos kilómetros a los medios de comunicación.
Quienes sí han ingresado al lugar este domingo son las camionetas del servicio médico forense y de las funerarias locales, así como un equipo de derechos humanos de las Naciones Unidas para supervisar las labores en la zona y quienes no han querido hacer declaraciones.
Un portavoz del Gobierno estatal dijo a Efe que hasta la noche del sábado habían sido localizados ocho cuerpos, "pero no sabemos si pertenecen a los 43 jóvenes" desaparecidos el fin de semana pasado tras los ataques a estudiantes en los que murieron seis personas y 25 resultaron heridas.
Sobre las versiones divulgadas por algunos medios de que los cuerpos están calcinados, la fuente dijo desconocer el estado en el que se encuentran.
Señaló que las labores de investigación continúan en Pueblo Viejo, donde fueron encontradas las fosas clandestinas gracias a información proporcionada por varios detenidos.
Un vecino de esta zona comenta a Efe que no sabe nada, ni vio nada ni escuchó nada noche del 26 de septiembre pasado. "Nosotros solo vamos del trabajo a casa y de casa al trabajo", apunta.
El miedo y la desconfianza reina en este municipio en cuyos comercios están pegados carteles con las fotos de los jóvenes desaparecidos con el ofrecimiento de una recompensa de un millón de pesos (unos 74.000 dólares) por información que permita dar con su paradero.
"Es una pena que haya tenido que pasar esto para que vengan a ayudarnos", dice a Efe un taxista bajo la condición de anonimato.
"Uno no puede confiar en la Policía porque se sabe que son corruptos", asegura una recepcionista de un hotel de la ciudad localizada al norte de Guerrero y rodeada por nueve montañas.
Junto a los kioscos de la plaza principal los vecinos de esta localidad de más de 100.000 habitantes comentan en voz baja que su municipio es portada en todos los periódicos del país.
En esta misma plaza está el Palacio Municipal, donde aún cuelga un cartel con la foto del alcalde José Luis Abarca, sobre el que pesa una orden de presentación ante la justicia por los hechos violentos registrados del 26 al 27 de septiembre, y de su esposa. Ambos están en paradero desconocido.
El fiscal de Guerrero, Iñaky Blanco, dijo el sábado que las declaraciones de los 30 detenidos hasta ahora en relación con los ataques contra los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa (dedicada a la formación de maestros de primera) les permitió llegar hasta ese lugar.
Entre los arrestados hay 22 policías de Iguala, que según las pruebas periciales dispararon contra los jóvenes, y ocho personas más capturadas en las últimas horas.
Blanco dijo que "hay elementos" para establecer que en la violencia desatada la semana pasada participó la organización criminal Guerreros Unidos, que infiltró a la Policía municipal.
Según analistas de la región, los grupos criminales financian las candidaturas de los presidentes municipales y cuando estos ganan las elecciones se ven obligados a entregar a esos grupos algunas posiciones dentro del Gobierno local, incluidas las policías.
De acuerdo con varios testigos, decenas de estudiantes fueron subidos a varias patrullas por los mismos policías que los atacaron cuando viajaban en varios autobuses privados, que habían tomado ilegalmente para regresar a sus casas tras una colecta.
La fiscalía general anunció anoche que había asumido la investigación de los 43 jóvenes desaparecidos, después de que los padres de los estudiantes pidieran en la capital mexicana la intervención del Gobierno federal.
Así, la institución envió a Guerrero a expertos forenses para que realicen los exámenes que permitan determinar la identidad los restos encontrados en las fosas, así como a un grupo de investigadores y agentes del Ministerio Público.
Los familiares y compañeros de los 43 alumnos de la Normal que permanecen desaparecidos volvieron hoy a bloquear de manera intermitente la autopista entre Chilpancingo, la capital de Guerrero, y el puerto de Acapulco, en ambos sentidos para exigir información sobre las fosas halladas. EFE
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