El Gobierno teme perder los primeros 19 millones de euros que ya desembolsó a Plus Ultra si la juza paraliza el rescate a la aerolínea. El Fondo SEPI transfirió la primera parte del mismo, correspondiente al préstamo ordinario, y ahora se ha visto obligada a retener la segunda, la del préstamo participativo por 34 millones. El problema, según argumenta el Ejecutivo, es que, si la compañía no completa su plan de viabilidad con estas ayudas, podría provocar un perjuicio para la Hacienda pública.
Fuentes del Gobierno expresan su preocupación por la posibilidad de que el rescate quede paralizado y se puedan, efectivamente, perder esos 19 millones ya transferidos. La Abogacía del Estado, añaden, presentó un escrito hace unos días ante el juzgado explicando esta posible situación que supondría uno menoscabo para las arcas públicas. Afirman que fue una cuestión para evitar posibles impugnaciones a las ayudas, ya que existe un procedimiento judicial en marcha por la autorización del rescate.
El rescate a Plus Ultra implicó la firma de un contrato entre el Fondo SEPI y la aerolínea, expican las mismas fuentes gubernamentales. En él se recogían los compromisos de una y otra parte: el Gobierno inyectaría 19 y 34 millones y la compañía se comprometía a poner en marcha un plan de viabilidad. Ahora, con la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, el primer desembolso, ya en las arcas de la firma rescatada, corre peligro. No ejecutar el segundo préstamo supondría, además, un incumplimiento de ese contrato que no es público.
La jueza ha dado cinco días naturales a Plus Ultra para que acredite que realmente necesita este préstamo para pagar a proveedores. Mientras tanto los 34 millones del préstamo participativo quedan retenidos. El auto se produce en respuesta a un escrito que el Fondo SEPI presentó el pasado 14 de julio, al que ha tenido acceso La Información, en el que le preguntaba a la magistrada si era pertinente realizar el segundo desembolso.
La decisión, por tanto, pese al problema que podría originar para las arcas públicas de no reembolsar los primeros 19 millones, se encuentra en manos de la jueza. Una vez que la compañía exponga ante la juez a qué va a dedicar el dinero del rescate desbloqueará, o no, el segundo préstamo.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha defendido este mismo jueves las actuaciones del Gobierno afirmando que "la gestión pública tiene que estar marcada por dos principios: la prudencia y la responsabilidad. Y esos principios son por supuesto los que han guiado la gestión económica de nuestro Gobierno máxime cuando estamos hablando del uso de recursos públicos".
Calviño también ha justificado el escrito remitido a la jueza añadiendo que "se señaló al juzgado competente el hecho de que había un pago pendiente y lo que ha hecho es dar cinco días a la empresa para que explique por qué sería precioso o imprescindible abordar este pago. No tengo más que añadir". "Confirmar que estos dos principios, prudencia y responsabilidad, han guiado la acción del gobierno desde el primer momento máxime en un ámbito como este de gestión de recursos públicos", concluyó.
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