Turno para los inversores del Banco Popular en la causa que investiga la Audiencia Nacional. Cuatro importantes clientes de la entidad -entre los que se encuentran el presidente de Calatrava Real State, Luis Cort- han explicado al juez que compraron acciones para participar en la ampliación de capital de 2016. Según el relato prestado ante el magistrado José Luis Calama Teixeira, su implicación en este capítulo concreto se produjo ante el ofrecimiento de los diferentes directivos de oficinas de la entidad, los cuáles incluso se comprometieron a prestarles el dinero que necesitaran al tratarse de cifras elevadas. En el caso de Cort, la inversión alcanzó los 1,5 millones de euros.
Se trata de un capítulo especialmente relevante en esta causa penal en la que se investiga, entre otros asuntos, si la entonces dirección del banco dio órdenes veladas para que los clientes participaran en esta operación. Los interrogatorios practicados hasta la fecha a los imputados en la causa reflejan un choque de versiones sobre este capítulo, pues mientras desde el equipo de Ángel Ron se rechaza este asunto, otros apuntaron que se financió hasta con 400 millones de euros la implicación de clientes en la operativa de hace ahora cuatro años. De hecho, Saracho expuso que ese fue uno de los motivos por los que se emitió a la CNMV el hecho relevante del 3 de abril de 2017, apenas meses antes de la resolución de la entidad por parte de la JUR.
Sobre este capítulo se expresaron cuatro de los seis clientes llamados a declarar en la sesión de este jueves ante los investigadores. Fuentes presentes en la testifical consultadas por La Información, explican que negaron haber recibido presiones directas para ello. Además de Luis Cort, declararon Manuel Alonso Rubio (administrador de Motos Joker SAU), José Martín Ríos (representante de Construcciones José Martín Ríos S.L) y Teodoro García. Este último inversor, que se ha convertido en uno de los principales detractores del Santander en calidad de heredero del Popular, explicó al juez que recibió una póliza de 750.000 euros para que, junto con su capital, la inversión alcanzara los 1,5 millones. Según dijo, le hablaron de que era una buena oportunidad y que el objetivo era reforzar provisiones y sanear el balance del banco, aunque le dejaron claro que en ese ejercicio no cobraría dividendos.
Según expuso, desde Teodoro García S.A no querían destinar recursos para la compra de acciones porque su sociedad nada tiene que ver con inversiones de este calibre. Cuando el banco se acercaba a su resolución y perdió la inversión, los directivos le dijeron que no se explicaban lo que había sucedido. García, que dijo junto con el resto de testigos que no revisó el folleto informativo, relató que varios directivos del Santander fueron a verle para devolverle parte de los importes perdidos a cambio de retirar las demandas interpuestas. En su litigio en esta causa penal ha adoptado una férrea posición contra el banco de Ana Botín, el cual llegó a estar investigado como persona física pero la Sala de lo Penal le levantó la imputación y relegó su papel como posible responsable civil subsidiario.
Un relato similar prestó Cort, el cual dijo que tampoco leyó el folleto porque se fio plenamente de los directores de la sucursal de la que era cliente, en la calle O'Donnell de Madrid. El empresario razonó que le financiaron desde el banco para participar en la ampliación también con 1,5 millones de euros y que, al igual que resto de perjudicados, luego no pudo vender las acciones debido a la caída en picado de las cotizaciones. Respecto a Manuel Alonso Rubio la inversión fue de 100.000 euros después de que le ampliaran la póliza de crédito en 30.000 euros. En su caso, el Santander le devolvió 25.000 euros de lo invertido tras adquirir el banco al simbólico precio de un euro.
La versión del Santander
Los declarantes negaron haber recibido órdenes expresas para invertir en la ampliación y explicaron que los acuerdos fueron en su mayoría verbales. Además, descartaron que en estas negociaciones participaran directivos territoriales sino que trataron directamente con los responsables de las oficinas en las que solían despachar sus cuestiones. Precisamente, este es el aspecto clave que investiga el magistrado Calama Teixeira y el fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral. El objetivo es esclarecer si hubo algún mandato concreto del equipo que entonces dirigía Ángel Ron para que en la ampliación de capital contara con la implicación de los clientes del banco.
Se trata de un extremo que defiende Saracho y en el que apoya el hecho relevante del 3 de abril en el que se reformularon las cuentas de la entidad puesto que el dinero no se dedujo del capital sino que se contabilizó en los ratios de solvencia. El último expresidente del Popular incluso explicó al juez que ordenó una investigación interna apenas tres meses después de suceder a Ron en la presidencia del banco y que la misma puso de manifiesto que "la financiación de las acciones y la ocultación de forma tal que la auditoría interna no lo pudiera descubrir era probada".
Ron, por contra, niega este extremo del mismo modo que hace el Santander. La entidad que preside Ana Botín se ha opuesto en alguna ocasión durante la instrucción de la causa penal a la pretensión de los minoritarios de que se les congelen los créditos adquiridos para la compra de acciones. El banco sostiene en sus alegaciones que esa petición no debe prosperar puesto que no se forzó a los querellantes a adquirir dichos títulos. De hecho, la negativa del banco se produjo a petición de uno de los inversores que solicitó a la Audiencia Nacional la suspensión con carácter de urgencia del pago que restaba abonar del total de 750.000 euros del préstamo.
