El caso Popular ha dado un importante vuelco en apenas unas semanas. El juez ha practicado no una ni dos sino hasta tres imputaciones sorpresa a testigos mientras prestaban declaración en la Audiencia Nacional en relación a la financiación de clientes para que participaran en la ampliación de capital de 2016. Este asunto, que ha sido desde el primer momento uno de los objetos del procedimiento, cobra ahora especial relevancia para el magistrado José Luis Calama Teixeira, el cual ya ha fijado fecha en enero para escucharles de nuevo pero esta vez con abogado, por lo que será de los primeros asuntos que aborde esta causa en el próximo 2021.
Hace menos de un mes, el pasado 12 de noviembre, una serie de clientes del Banco Popular comparecieron en la Audiencia Nacional para explicar sus experiencias concretas sobre la financiación de acciones. Hasta la fecha las referencias que se tenían de este capítulo de los últimos años de vida de la entidad corresponden a las que hicieron los principales investigados de la causa. Así, mientras Ángel Ron -presidente en el momento de los hechos- negó órdenes de la cúpula para 'captar' a inversores en esta operación de 2.505 millones de euros, su sucesor Emilio Saracho, apuntó en la dirección contraria. De hecho, dijo que la entidad financió con 400 millones de euros esta operación por orden del entonces CEO Francisco Gómez.
Con este cruce de acusaciones que se produjo hace más de un año, le tocó el turno a los inversores del banco. Entre los testimonios que escuchó el juez se encontraba el del presidente de Calatrava Real State, Luis Cort; Manuel Alonso Rubio, administrador de Motos Joker SAU, o Teodoro García. Todos ellos confirmaron que los directores de las sucursales a las que acudían habitualmente les ofrecieron participar en esta operación. Aunque negaron presiones, algunos confirmaron que los directivos les incitaron a actuar asegurando que el objetivo era sanear el balance y que tendrían contraprestaciones al respecto. En algunos casos el banco amplió las líneas de crédito (la participación de Cort alcanzó 1,5 millones) mientras que en otros se renovaron las pólizas.
Las reuniones de mayo
Según explicaron, no se les prometió dividendos, los acuerdos fueron verbales y en ellos no participaron los superiores territoriales. Sin embargo, esos testimonios dieron pie a que el juez reclamara al Santander, en calidad de heredero del Popular, una lista con todos los exconsejeros y miembros del Comité de Dirección que pudieron participar en la operativa de hace cuatro años y, de ser así, cual fue la inversión que realizaron. También preguntó si tenían operaciones en activo con el Popular tales como préstamos o pólizas de crédito. El Santander, que figura como responsable civil subsidiario, se posicionó en las tesis de la cúpula anterior a Saracho y negó órdenes de la excúpula para financiar a clientes.
Con este telón de fondo acudió a declarar como testigo la que fuera jefa del departamento de Auditoría del Popular, Yolanda García. En su cita del pasado 26 de noviembre, el juez sorprendió al cortar su relato y comunicarle que tenía que imputarla en relación a este hecho. Un día después plasmó por escrito esta imputación en un auto que también iba dirigido para otros exaltos cargos del Popular. Así pues, pasaron a ingresar la lista de imputados el que fuera director de Auditoría Interna, Jesús Arellano; el responsable de Riesgos José María Sagardoy; el exdirector de Banca Minorista Antonio Pujol y el exresponsable de Negocios de Clientes, José Ramón Alonso.
El juez les situó en el núcleo de este plan "ilegal" que se diseñó a finales de mayo de 2016 y apuntó que en los registros contables del Popular se asentaron algunas operaciones con un código que no reflejaba el auténtico destino de la financiación. Es más, añadió que "se tomó la cautela" de no poner estas instrucciones dadas a la red comercial por escrito para dificultar la denuncia, así como la actuación fiscalizadora del auditor externo PwC y del Banco Central Europeo. Y no solo eso sino que sacó a relucir un informe muy posterior, del 2 de octubre de 2017. Todos los nuevos imputados en la causa -a excepción de Yolanda García- aparecían "expresamente citados" en ese documento en el que se les atribuye su participación en las órdenes de financiación. Los hechos, según el juez, serían constitutivos de delito estafa a inversores o falsedad contable.
La circular clave
Uno de los siguientes en desfilar en sede judicial fue el exdirectivo de riesgos del Banco Popular, Carlos Fernández. Al igual que ocurriera con García, el juez interrumpió su relato para comunicarle que estaba imputado en este procedimiento. En su caso ya le advirtió de ello al principio de la comparecencia, de acuerdo con fuentes presentes en la declaración consultadas por La Información. El motivo reside en la existencia de un correo electrónico que se le atribuye a este cargo del Santander y que estaría relacionado con una operación de financiación de acciones con el Grupo Villar Mir. Fernández llegó a explicar que la financiación estaba prohibida por determinados estamentos y que, de haberse producido, se tendría que haber deducido del capital regulatorio. Precisamente sobre esto dijo Saracho que no se produjo y que provocó la reformulación de las cuentas.
Sin embargo fue el momento en que aclaró que no existieron alertas para detectar estos posibles movimientos cuando el juez le trasladó el cambio de condición en la causa. Y ayer, apenas una semana después de este capítulo, se produjo la tercera y última imputación (por el momento) de un exdirectivo desvinculado con la causa. Se trata de José Ángel Amor. Este alto cargo estaba bajo las órdenes de Lobo en el área de Banca de Clientes. En el tiempo que estuvo declarando dijo que no participó en las reuniones con los directores territoriales de mayo que ahora están en el foco del juez. No obstante, confirmó que preparó la circular para que la banca comercial tuviera la información sobre la financiación a clientes. Aunque aclaró que el papel estuvo revisado por el departamento de Compliance, la explicación fue suficiente para que el juez acabara citándole como investigado.
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