A escasas semanas de terminar el año, el acuerdo para renovar el CGPJ se perfila cada vez más lejano. El optimismo del que ha hecho gala en las últimas semanas el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se desvaneció en la tarde de ayer después de conocerse que la llamada telefónica entre Pedro Sánchez y Pablo Casado no sirvió para desatascar la situación. Más bien al contrario, el PSOE insiste en que su interlocutor persiste en una posición continua de bloqueo mientras que el PP, por su parte, vuelve a apelar al escollo que para ellos supone que esté Podemos en las negociaciones. En concreto, ahora arremete contra la formación morada por sus críticas al Tribunal Supremo en relación a la repetición del juicio a Otegi.
"Cada día que pasa vamos atrás", explican fuentes de las negociación a este periódico en referencia a los últimos reproches de Podemos contra el alto tribunal y el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena. Desde el entorno de los populares mantienen su negativa a negociar la renovación del CGPJ si en ella participa el partido que lidera Pablo Iglesias. Sin embargo, fuentes de la formación socialista no descartan la posibilidad de que su socio de Gobierno se incluya en el reparto de los 20 vocales que integrarán el nuevo órgano de gobierno de jueces. Esta falta de consenso entre los negociadores se produce la misma semana en la que el Congreso comienza a tramitar la limitación de la actuación del CGPJ en funciones.
La vía parlamentaria no parece frenar la intención del Pleno de sacar adelante los nombramientos pendientes. Tal y como adelantó La Información, el órgano que preside Carlos Lesmes no descartó esta posibilidad a tenor del estancamiento de las negociaciones. Las fuentes consultadas por este diario explicaron que las votaciones se suspendieron hasta en tres ocasiones este año ante la expectativa de un acuerdo que todo apunta que no se producirá en este 2020. La última vez que los dejaron en el aire fue hace apenas unas semanas, sin embargo el Pleno prevé pronunciarse sobre algunas plazas vacantes de calado. Entre estas se incluye la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la del TSJ del País Vasco y la presidencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Y no solo eso sino que también estudiarán dar una respuesta a la iniciativa parlamentaria al entenderla como una injerencia en sus funciones.
El órgano de gobierno de jueces defienden la versión que mantuvo Lesmes en la inauguración del curso judicial. El también presidente del Supremo invocó que el retraso en la renovación -llevan dos años en funciones- hacía necesario seguir adelante con la agenda institucional. Así lo recoge el artículo 570 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) según la cual el órgano tiene que mantener las competencias hasta su total renovación. Ahora bien, el objetivo es dar luz verde solo a aquellos nombramientos que se logren por consenso mayoritario, como ha ocurrido en las anteriores votaciones de septiembre y octubre, las cuáles se saldaron en su mayoría por 19 votos a favor y 2 en contra. A ello hay que sumarle que la Comisión Permanente de la pasada semana también sentó las bases para convocar un total de 12 plazas nuevas de las cuáles seis son del Tribunal Supremo.
Desde Unidas Podemos y el PSOE tratan de limitar la capacidad de actuación del órgano que dirige Lesmes y, ante el bloqueo de las negociaciones, siguen adelante con su iniciativa parlamentaria. Se trata de una reforma registrada el pasado mes de octubre que busca evitar más nombramientos en la cúpula judicial y reducir a mayoría absoluta (y no de tres quintos) la elección de 12 de los 20 miembros del nuevo órgano de gobierno de los jueces. Esta es una de las tres líneas rojas que establece el PP en su negociación si bien el Ejecutivo de coalición dejó claro que seguirían adelante con la iniciativa si no había visos de mejora en unas negociaciones que se amplían, además del CGPJ, a otros entes como el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional.
Se trata de asuntos clave que, aunque en un principio parecía que iban a quedar solventados cuando terminara el año, lo cierto es que no hay visos de acuerdo, al menos antes de las elecciones catalanas del próximo mes de febrero. Hace poco más de dos años el pacto parecía una realidad. De hecho, todo apuntaba a que los principales partidos negociadores estaban a punto de materializar el pacto cuando la filtración de un mensaje de Ignacio Cosidó hizo saltar el acuerdo por los aires. En el mismo se hablaba del supuesto control que "por la puerta de atrás" iba a tener la formación popular de la Sala de lo Penal. Esa ruptura derivó en el reinicio de las negociaciones en las que Podemos ha ido tomando más protagonismo, especialmente después de su entrada en el Ejecutivo de coalición.
A Marchena no le gusta que EH Bildu apoye unos presupuestos del Estado. Este es su aviso. #ruidodetogas pic.twitter.com/GcRQDvUkXc
— Jaume Asens (@Jaumeasens) December 14, 2020
La última: Otegi
A comienzos de año se intensificaron las conversaciones que dirigen el ministro Campo desde el PSOE y Enrique López por parte del PP. El punto álgido pareció llegar en julio cuando se habló de un preacuerdo que pasaba por el reparto de diez vocales para cada partido y con la baza de la presidencia para el PSOE. Según el PP, las críticas entonces de Podemos a la monarquía y al Rey Emérito por su fortuna en el extranjero dinamitó la buena sintonía. La falta de entendimiento se ha mantenido en los últimos tiempos pese a las advertencias del Ejecutivo de que desatascarían la situación con reforma de la Ley incluida si fuera necesario. El PP, por su parte, dejó claro que no veía con buenos ojo ni las negociaciones de los presupuestos ni la tramitación de los indultos a los condenados por el procés. Aunque hay más episodios.
El último capítulo, vivido esta misma semana, es el relativo a las críticas del partido de Pablo Iglesias contra el Supremo y Marchena por el fallo sobre el juicio de Otegi. El veredicto de Estrasburgo acerca de que el dirigente abertzale no tuvo un juicio justo por el caso Bateragune llevó al alto tribunal a estudiar su caso, dar la razón a Europa y ordenar una repetición de la vista que acogió la Audiencia Nacional hace ahora nueve años. Sin embargo, algunos miembros de la formación morada, como su presidente en el Congreso, Jaume Asens, criticaron la respuesta del alto tribuna y le acusaron de inmiscuirse en la esfera política por el respaldo de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado.
