El Partido Popular no respaldará la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) recién presentada por el Ejecutivo si no se modifica antes el sistema de elección de la figura del fiscal general del Estado. Cuando la tramitación del nuevo texto llegue a las Cortes, el Partido Popular se opondrá a su respaldo si no se ha atendido antes a esta iniciativa. Se trata de una postura que el Grupo Popular del Congreso dejó bien clara ayer en su reunión con representantes de tres de las cuatro asociaciones de magistrados que acudieron a la cámara baja para pedir una mayor independencia judicial.
En concreto, los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente se entrevistaron con el PP, Podemos y Vox tras entregar su manifiesto firmado por más de 2.500 jueces a favor de la despolitización de la Justicia. Los encuentros se producen en plena negociación de renovación del CGPJ, asunto troncal que salió a relucir en las reuniones, según fuentes presentes consultadas por La Información. Lo que reclaman estas asociaciones -a las que se unen también dos de fiscales- es modificar el sistema de elección de vocales del CGPJ pero no en el sentido apuntado por el PSOE y su socio de Gobierno sino en atención a lo reivindicado desde hace muchos años por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).
Las fuentes consultadas explican que, al respecto, las posiciones se mantienen inamovibles en tanto el PP no está por la labor de que Podemos proponga dos vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial. La formación morada, por su parte, también muestra su descontento por no poder participar en el reparto y advierte que, si no hay acuerdo de renovación esta vez, seguirán adelante con la proposición de ley presentada en la cámara baja para reducir las mayorías para elegir a los nuevos miembros del órgano de gobierno de jueces. Con todo, fuentes cercanas a las negociaciones explican a este diario que el objetivo es poder cerrar un acuerdo antes de que termine el año.
Descontento con el PSOE
En lo que no parece haber acuerdo es en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para dar la instrucción de las causas a los fiscales. El Partido Popular advierte que no se puede plantear esa modificación de calado en el escenario actual, en referencia a la fiscal general, Dolores Delgado, y su pasado como ministra de Justicia. Desde el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos se les ha trasladado a los magistrados que esta iniciativa es del PSOE, no del Ejecutivo de coalición, y que tienen que estudiarla con detenimiento. Las reuniones se han producido tras la entrega de firmas con PP, Podemos y Vox. Estaba previsto un encuentro con el grupo de Ciudadanos que no ha podido celebrarse por temas de agenda. Sin embargo, la anunciada ausencia en estos encuentros del grupo socialista, que les ha emplazado a una reunión digital, no ha sentado nada bien entre los emisarios de los jueces.
Los representantes de Vox, por su parte, le han trasladado que han presentado una iniciativa legislativa para que se objetivicen los nombramientos judiciales. La formación que lidera Santiago Abascal anunció hace apenas unos días que registraría una solicitud a la Mesa del Congreso para que se anularan los nombramientos del CGPJ. Y es que la renovación del órgano -en funciones desde hace dos años- ha sido el asunto clave de estas reuniones que se solicitaron a comienzos de semana. El acercamiento se produce en un momento especialmente delicado ya que la proposición del PSOE y su socio de Gobierno para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial abrió una fuerte grieta en un amplio espectro de la carrera judicial.
Por eso, uno de los cuatro requisitos que recoge el manifiesto reside precisamente en la retirada definitiva de esta proposición. Los otros tres son: garantizar la independencia del Poder Judicial, reformar un modelo de elección de vocales "agotado, superado y caduco" y que los doce vocales judiciales sean elegidos por sus pares. Con todo, también ha salido a relucir otro tema fundamental en la carrera judicial como es la necesidad de que se cumpla la tasa de reposición de jueces. La Ley de Presupuestos Generales del Estado incluye para 2021 un incremento de 240 plazas de jueces y fiscales. La carrera considera que no es un número acorde al total de jubilaciones de jueces teniendo en cuenta que, tras la aprobación de convocatoria, se destinan varios años al periodo de formación, por lo que la planta sigue teniendo 'déficit' de personal en un momento de especial carga laboral.
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