La iniciativa parlamentaria del Gobierno para reformar el Poder Judicial sentó como un jarro de agua fría en el principal partido de la oposición. El PP calificó la proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados como "el gran ataque" a la independencia del poder legislativo desde la Ley Orgánica 6/1985 al considerar que la propuesta de rebajar la mayoría para renovar el CGPJ es inconstitucional. Por ese motivo, anuncian que recurrirán la misma ante el tribunal de garantías además de los organismos europeos, los cuáles han advertido recientemente en retiradas ocasiones que los jueces deben tener más protagonismo en el sistema de elección de sus homólogos.
El portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Senado y exvicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, explica en declaraciones a La información que, si había alguna posibilidad de que las negociaciones entre los principales partidos se encauzaran, éstas han desaparecido por completo con este giro del Ejecutivo. Aunque el Gobierno ya advirtió que trabajaba en un cambio normativo legal para salir de la actual situación de desbloqueo, el PP considera este gesto como un "chantaje" y una "amenaza" y concluye que la formación que dirige Pablo Casado no va a entrar a negociar en este escenario. Así pues, ambas formaciones se achacan la falta de un consenso que se ha intentado alcanzar sin éxito durante cerca de dos años.
Interpretación errónea del marco legal
La reforma que proponen los grupor parlamentarios de los dos socios del Gobierno y que se librará de contar con los informes del CGPJ o de la Fiscalía al tratarse de una proposición de ley, pasa por rebajar la mayoría parlamentaria para elegir a los 12 jueces que proponen las cámaras. De este modo, la iniciativa contempla que si en una primera votación no se logran los 3/5 de los votos, se contemple la posibilidad de celebrar otra pasadas las 48 horas en la que sea suficiente con obtener la mayoría del Congreso. Esta medida solo sería válida para la elección de esos 12 vocales puesto que para los 8 restantes (que se eligen entre juristas de reconocida competencia), seguiría vigente la normativa actual.
De Rosa entiende que se trata de una mala interpretación del artículo 122 de la Constitución que regula el nombramiento de los vocales. El exvicepresidente del órgano de gobierno asegura que el sistema de 3/5 de las cámaras debe ser aplicado tanto para la elección de jueces como para los juristas, sin distinción alguna. Igualmente respalda la decisión de Carlos Lesmes (presidente en funciones desde diciembre de 2018) en lo que respecta a promover los nombramientos discrecionales del Tribunal Supremo y ello pese a que el Ejecutivo consideró que debían esperarse a que se renovara el órgano. De hecho, otro de los grandes cambios que recoge esta iniciativa es el de acotar el poder de decisión del CGPJ en caso de que éste actúe en funciones tras haber cumplido su mandato de cinco años.
Los fondos europeos
"La competencia del CGPJ es nombrar, es gestionar. Ellos no pueden estar a los vaivenes políticos. Si lo hicieran, estaría incumpliendo su función", indica. Se trata de una reflexión que compartió Lesmes en la apertura del año judicial cuando tildó la situación de bloqueo político de "seria anomalía" y lamentó que tuviera que estar despidiéndose este año cuando ya hizo lo propio el anterior ejercicio. Desde el Gobierno culpan al PP de la situación de parálisis y aseguran que se trata de buscar una salida legal para impulsar el cambio en el CGPJ. Sin embargo, los populares ya han avanzado que recurrirán esta situación a Europa. Precisamente el Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), ha recomendado en numerosas ocasiones que los jueces tengan mayor protagonismo en el sistema de elección de los vocales del órgano. Incluso llegaron a decir que ese era el "talón de aquiles" de la judicatura.
Al respecto, el también presidente de la Audiencia Provincial de Valencia advierte que una vulneración de las recomendaciones europeas podría acarrear incluso la retirada de fondos comunitarios. De ahí que no descarte que si el PP llegase al Gobierno revocaría esta norma express cuya redacción achaca al ala más radical del Ejecutivo de coalición. Según explica, estos cambios proceden de Podemos y de su hoja de ruta y la consecuencia directa de los mismos sería la politización del órgano y la pérdida de independencia del Poder Judicial como institución. "Lo que interesa a los socios de Sánchez es que cuanto peor le vaya al Estado, mejor", concluye el magistrado.
