Debate profundo en el Gobierno

Podemos arranca al PSOE una subida de los impuestos más agresiva en un año

Hacienda está montando el Comité de Expertos que asesorará al Gobierno en una profunda reforma de la fiscalidad. Sánchez pidió una 'moratoria' y a cambio Iglesias exigió poner fecha a la limitación de alquileres.

Podemos arranca al PSOE una subida de los impuestos más agresiva en un año
Podemos arranca al PSOE una subida de los impuestos más agresiva en un año
Dani Gago

Un año. Es el tiempo que ha pactado el Gobierno de coalición para acometer una reforma fiscal más en profundidad que la reflejada en los Presupuestos Generales de 2021 que llegan esta tarde al Congreso de los Diputados. Son unas cuentas públicas que se sitúan lejos del pacto sellado por PSOE y Unidas Podemos en diciembre. Ambas partes reconocen, de hecho, que estos PGE se quedan "cortos" en el apartado de los impuestos. El pacto al que han llegado los equipos negociadores dirigidos por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es el de revisar las figuras tributarias de una manera más avanzada a finales de 2021. El Ejecutivo, por tanto, pretende que las cuentas públicas del próximo año sean "de transición" mientras dure la pandemia. 

"Tensión", "compleja", "difícil". Son adjetivos que emplean en Unidas Podemos para definir la negociación de Presupuestos con el PSOE. En las filas socialistas son más cautos: "Anteproyecto de Presupuestos iba a haber sí o sí". El apartado de los impuestos ha sido el que más tiempo ha llevado a los equipos de ambas formaciones. Desde el principio la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dejó claro a Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, que este no iba a ser el año de poner encima de la mesa esa ambiciosa reforma de la fiscalidad que pretendía la coalición desde la investidura. "La reforma en profundidad se hará cuando se resuelva la incertidumbre", aseguran desde Hacienda. Bajo ese marco, semana tras semana, PSOE y UP fueron afinando las figuras impositivas.

El acuerdo entre los de Sánchez e Iglesias pasa por llevar una subida más agresiva de los impuestos a 2022, cuando el Covid haya pasado. Podemos ha conseguido el compromiso de que para entonces se apruebe un Impuesto de Sociedades mínimo del 15% en general, y no solo para Socimis, un recargo especial del 18% para bancos y energéticas, una subida del IRPF para rentas superiores a 130.000 y, el gran objeto de deseo de la formación morada: un impuesto a los ricos. También se espera una reforma de la fiscalidad de las Sicavs que no se encuentra en las primeras cuentas públicas de la coalición. Montero y Álvarez han acordado que todas estas medidas pasen a formar parte del Grupo de Expertos que ya está montando Hacienda. Ya hay nombre para ese equipo: "Comisión para Reformar y Modernizar el Sistema Fiscal". Desde el ministerio aseguran que este 'consejo de sabios' se constituirá en las próximas semanas.

El anteproyecto de ley que salió este martes del Consejo de Ministros pasa de puntillas sobre la fiscalidad. Pocos afectados. Hacienda le pone cifras. La subida de dos puntos del IRPF para rentas del trabajo superiores a 300.000 euros y de tres para rentas de capital de más de 200.000 euros afectará a 36.194 contribuyentes. O a limitación al 95% de la exención sobre dividendos y plusvalías en filiales afectará a 1.739 grandes empresas. Se trata, en definitiva, de una reforma fiscal suave, admiten tanto desde PSOE como desde Unidas Podemos porque "no era el momento".

Hasta la semana hubo negociaciones y cesiones para cerrar el apartado fiscal, según explican fuentes implicadas en las conversaciones. Impuestos que provocaron tensión fueron varios. En primer lugar, el IRPF. Unidas Podemos peleó por bajar esa cifra de 300.000 euros para rentas del trabajo a una cifra cercana a los 200.000 euros. Pedía un punto intermedio entre los 130.000 reflejados en el pacto de Gobierno y los 300.000 finales. Pero el PSOE se negó. También hubo intensidad a la hora de negociar el Impuesto de Patrimonio. Hacienda se negaba a tocarlo por su escasa utilidad, ya que se trata de una figura transferida que deja en manos de las comunidades autónomas aplicar la subida. Pero Unidas Podemos pidió elevar al 3,5% el tipo aplicable a partir de los 10 millones. Un gesto político más que nada porque Madrid, por ejemplo, se niega a tocarlo.

Otro debate giró en torno a la subida del IVA en la Sanidad y Educación privadas. Fue el PSOE quien puso encima de la mesa la posibilidad de terminar con determinadas exenciones en actividades como las universidades privadas. Unidas Podemos no quería y finalmente se ha impuesto su criterio. En cuando a la subida del diésel, aunque las fuentes consultadas aseguran que no fue uno de los puntos en disputa durante las conversaciones, hay que recordar que el área morada del Gobierno siempre se negó a tocar este impuesto ya que no discrimina entre clases medias o altas. Tampoco hay rastro del anunciado impuesto a los billetes de avión.

Entra en escena Irene Montero y José Luis Ábalos

El viernes María Jesús Montero y Nacho Álvarez dejaron finiquitado el borrador de Presupuestos. Lo elevaron a sus jefes. Pero Unidas Podemos quería que el Gobierno presentara este martes dos medidas ajenas al anteproyecto de ley que los de Pablo Iglesias pelearon con ahínco: limitación de los alquileres y agilización del Ingreso Mínimo Vital. Estas cuestiones fueron las que provocaron un fin de semana de infarto y un acuerdo de noche entre Iván Redondo y Juanma del Olmo acompañado de una redacción de madrugada de los acuerdos. Fue una negociación en la que Sánchez e Iglesias no participaron pero sí conocieron.

El sábado, mientras Sánchez se veía con el Papa Francisco en El Vaticano, PSOE y Podemos llegaban a un acuerdo para aprobar "a principios del año que viene" la limitación de los arrendamientos en las grandes ciudades. Lo negociaron el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra. Hubo pacto pero Belarra pidió un poco más de concreción en las fechas. Ábalos hablaba del primer trimestre, cuando el calendario legislativo del Gobierno contempla la aprobación en Consejo de Ministros de la Ley de Vivienda. Belarra no consiguió convencer al también secretario de Organización del PSOE y recurrió a Irene Montero.

La ministra de Igualdad entró entonces en escena para negociar directamente con Ábalos. Presionó y le intentó hacer ver la importancia de reflejar una fecha concreta. No era fácil para Unidas Podemos, que estaba recibiendo la insistencia del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Tampoco para los socialistas, de los que estaban pendientes bancos y fondos de inversión, según explican fuentes gubernamentales. Finalmente el acuerdo lo tuvieron que desbloquear los citados Redondo y Del Olmo, que han sido la argamasa de la coalición en esta negociación con un acuerdo que va más allá incluso del pacto de Gobierno. Por ejemplo se concreta que antes de terminar enero se van a aprobar medidas para contener o eventualmente "bajar los precios" -un término que costó aceptar para el PSOE- de los alquileres en zonas de mercado tensionado. Asimismo los ayuntamientos podrán bloquear las "subidas injustificadas" de los contratos. 

En cuanto al Ingreso Mínimo Vital, que subirá a 470 euros si se aprueban los PGE, la negociación la lideraron José Luis Escrivá y Nacho Álvarez a lo largo de todo el lunes, mientras se celebraba la Conferencia de Presidentes. El responsable de la Seguridad Social se resistía a aceptar medidas que la Vicepresidencia segunda lleva reclamando semanas. Finalmente entró en escena María Jesús Montero que fue quien selló el acuerdo para, por ejemplo, permitir que los servicios sociales acrediten determinados requisitos para acceder a la prestación o la posibilidad de que más de dos miembros de una misma familia la cobren. Fuentes cercanas a Hacienda hablan de un último tira y afloja bastante tenso por el IMV entre Álvarez y Montero. El Gobierno calcula que incluir estas medidas en la tramitación parlamentaria hará que el Ingreso Mínimo llegue a un millón de personas. Aseguran, por tanto, que aún queda camino por recorrer para ampliar el "escudo social".

Moncloa exhibe "unidad" en un acto muy cuidado

Moncloa quiso que Sánchez e Iglesias protagonizarán la "foto de los Presupuestos". Ya lo hicieron en 2018 pero entonces Unidas Podemos no era el socio de Gobierno. El Gobierno quiso dar máxima importancia política a este acto. Se cuidó todo: el lugar (la sala Tápies, que es donde el presidente recibe a sus visitas), el escenario (PGE 2021 en grande), un pódium en negro, un atril para colocar el famoso libro amarillo... Los tiempos en los que el vicepresidente económico o el ministro de Hacienda de turno presentaban las cuentas públicas han quedado atrás.

La de ayer, explican fuentes gubernamentales, fue la foto que escenificó la culminación de un trabajo. En el año más difícil de la historia reciente el Ejecutivo quiso demostrar unidad y "resistencia", como le gusta decir a Sánchez. Moción de censura, encuentro con Francisco en la Santa Sede, Conferencia de Presidentes con Von der Leyen... y PGE. Ahora en Moncloa se fijan dos hitos a nivel político: amarrar la prórroga del estado de alarma del jueves y lograr los apoyos necesarios para sacar adelante las cuentas públicas. Comienza otra partida y las fichas ya están sobre la mesa.

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