El Gobierno retiró a última hora de los Presupuestos Generales de 2021 la subida del IVA a la Educación privada. La reforma de este impuesto estuvo incluida en el anteproyecto de ley de cuentas públicas prácticamente hasta el final, a escasas horas del Consejo de Ministros que iba a aprobarlo, aunque el área de Unidas Podemos en el Ejecutivo no la compartía. Fue una negociación con el PNV, socios prioritarios para Pedro Sánchez y conocedores de primera mano de los proyectos fiscales de la coalición, la que hizo desaparecer esta medida del documento final, según indican fuentes tanto del departamento que dirige María Jesús Montero como del grupo parlamentario capitaneado por Aitor Esteban.
El PSOE fue quien puso encima de la mesa el imponer un IVA del 21 por ciento a determinadas actividades de la sanidad y la educación privadas. Tal y como se adelantó en estas páginas, la ministra Montero planteó a sus socios de Gobierno la posibilidad de acabar con determinadas exenciones en el pago de este impuesto y que, por tanto, solo estén libres de su tributación la totalidad de la formación y los cuidados sanitarios en el ámbito público. En un principio se negoció un planteamiento genérico a ambas actividades pero a medida que avanzaban las semanas se fue acotando hasta quedar reducido a la universidad privada. Unidas Podemos seguía sin verlo.
El PNV entró en escena a última hora. Fue Aitor Esteban, según fuentes 'jeltzales' quien negoció directamente con Montero. Le trasladó que no le gustaba esa subida del IVA a la universidad privada. Para los nacionalistas vascos, los centros de educación superior son una parte esencial del sistema formativo y expresaron en esa línea su oposición a cargar a centros como Deusto, una institución en Bilbao, con un IVA al 21%. Las fuentes del PNV consultadas aseguran que Hacienda les transmitió que recogía el guante de sus postulados y finalmente la medida desapareció del proyecto de ley que ha entrado en el Congreso de los Diputados.
Las educación privada en general queda, por tanto, exenta de tributar el IVA. Así se recoge en la normativa en vigor que el Gobierno no cambiará, al menos de momento. Las deducciones hacen referencia a la "educación de la infancia y de la juventud, la guarda y custodia de niños, incluida la atención a niños en los centros docentes en tiempo interlectivo durante el comedor escolar o en aulas en servicio de guardería fuera del horario escolar, la enseñanza escolar, universitaria y de postgraduados, la enseñanza de idiomas y la formación y reciclaje profesional, realizadas por entidades de derecho público o entidades privadas autorizadas para el ejercicio de dichas actividades". Seguirán sin pagar impuestos.
Ciudadanos también pidió al Gobierno en su negociación paralela no tocar los impuestos a la educación concertada. Y, según presumieron fuentes de la formación naranja, lo consiguieron. "Cs siempre ha insistido en la necesidad de proteger la educación sostenida con fondos públicos, pública o concertada" y "vemos cómo no hay subida del IVA a las clases medias a partir de la Educación", añaden.
Lo cierto es que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 prevé de forma inesperada un volumen de gasto inferior en algo más de 1.600 millones de euros al previsto en el techo de gasto aprobado por el Gobierno hace unos días. La ministra Montero explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se debe a la necesidad de ajustar el volumen de gasto presupuestario al flujo de ingresos previsto.
Hay que recordar que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) había realizado un cálculo de lo que supondría eliminar las exenciones del IVA a la educación y la sanidad privadas. Según el estudio sobre la eficiencia y eficacia de trece beneficios fiscales presentado el pasado mes de julio, las arcas públicas dejarían de ingresar casi 3.500 millones por esta situación. En concreto, la sanidad privada supone un coste de 1.763 millones de euros y la educación privada eleva la 'factura' a 1.694 millones de euros anuales.
El organismo presidido por Cristina Herrero advertía, sin embargo, en el mismo informe que este IVA del 21% supondría un incremento de coste sanitario y educativo para la administración de hasta 2.145 millones de euros en el peor de los escenarios debido a que una parte de la demanda del sistema privado se trasladaría al público. "Dado que el objetivo del beneficio fiscal es reducir los precios de las prestaciones de servicios esenciales y favorecer el acceso universal de la población a la protección sanitaria, es razonable plantear un escenario en que la exención del IVA sanitario se mantenga para aquellos servicios que, considerándose esenciales, no están cubiertos públicamente (básicamente, la atención odontológica para adultos)", concluye la Airef.
Otro impuesto que estuvo en entredicho hasta última hora y que sí aparece incluido en el proyecto de Presupuestos de 2021 es la subida del diésel. El PNV, en la persona de Aitor Esteban, negoció con Montero hacerlo desaparecer del mismo pero finalmente Hacienda sí lo incluyó. Para los socios de investidura de Sánchez la subida de esta tasa para equipararla a la de la gasolina se produce en un momento "inoportuno" y, según su versión, supondría un "duro golpe" a un sector automovilístico que se encuentra en plena reconversión. No son partidarios de suprimir esa reforma sino de aplazarla en el tiempo.
En la misma línea camina Cs, que defiende incluso que ya ha pactado con el Gobierno hacer desaparecer la subida del diésel de los PGE vía enmienda durante la tramitación parlamentaria. Hacienda, por su parte, se abre a hacerlo, lo que supondría reducir en 500 millones más los ingresos que ha calculado el Ministerio para el próximo año.
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