Prisión para Granados por usar la trama Púnica "en beneficio propio"

Madrid, 31 oct.- El juez Eloy Velasco ha enviado a prisión incondicional al exconsejero madrileño Francisco Granados por formar parte de la trama Púnica de corrupción que usó "en beneficio propio", así como a su amigo y socio David Marjaliza, considerado uno de los cabecillas de la red.

Granados ha comparecido esta mañana en la Audiencia Nacional durante unas dos horas tras declarar esta madrugada ante la jueza de guardia de Majadahonda por una denuncia de detención ilegal que presentó ayer noche y que fue desestimada, lo mismo que ocurrió con Marjaliza.

El ex secretario general del PP de Madrid ha respondido a las preguntas de la fiscal Anticorrupción y el juez, quien, tras escucharle, le ha enviado a prisión sin posibilidad de fianza imputado de siete delitos de corrupción y uno de pertenencia a organización criminal.

Velasco considera en su auto de prisión que Granados formó parte de la trama de corrupción municipal y regional destapada en la operación Púnica y que la usó "también en beneficio propio".

El magistrado afirma que en la investigación se han identificado varias operaciones inmobiliarias que podrían haber sido en realidad una contraprestación a Granados por parte de empresarios que recibieron adjudicaciones gracias a su mediación.

Reseña que Granados es titular de "algunas de las cuentas" en un banco suizo que las autoridades helvéticas entendieron sospechosas de blanqueo de capitales "agravado".

Añade que hay indicios de que, a lo largo de su carrera pública, Granados podría haber beneficiado a Marjaliza y otros empresarios, como el imputado José Luis Huerta (de la empresa Waiter Music), en materia de contratación pública y urbanismo.

Según fuentes de su defensa, Granados ha negado durante su declaración que haya tenido negocio alguno con su amigo de la infancia Marjaliza, y ha asegurado que no poseía influencia en la concesión de contratos públicos de la Comunidad de Madrid y de ayuntamientos de la región.

El juez también ha mandado hoy a prisión a Marjaliza, considerado por el magistrado como la "cabeza de un amplio entramado empresarial núcleo de una organización criminal", así como "centro" de una "amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonializado la actividad pública de contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios y autoridades".

Este empresario se aprovechó presuntamente, según el juez, de sus "amplias relaciones personales y políticas para lograr las adjudicaciones irregulares tanto para sus propias empresas como para terceros, recibiendo una comisión por su actuación".

Marjaliza creó esa "compleja" red empresarial para evitar que sus sociedades se vincularan con las contrataciones públicas irregulares, que el detenido conseguía gracias a la ayuda de "autoridades públicas y funcionarios corruptos".

El magistrado también ha tomado hoy declaración a otros tres detenidos: el guardia civil que avisó a Granados de que estaba siendo investigado y dos empresarios.

El agente es José Manuel Rodríguez Talamina, que "puso en grave riesgo la investigación y ha dificultado severamente la marcha de la misma" al filtrar información a Granados y Marjaliza sobre la instalación de una cámara de vigilancia en una de sus empresas, apunta el juez.

A los dos empresarios, Víctor Manuel Ortega Martínez y Manuel Casado del Castillo, los ha puesto en libertad con fianza de 6.000 euros por haber actuado de interlocutores entre miembros del Ayuntamiento de Collado Villalba y la empresa Cofely, que pagó comisiones por adjudicaciones en este municipio.

El juez ha concluido así la toma de declaración de 32 detenidos, de los cuales ha mandado a 7 a prisión sin posibilidad de fianza, a otros 13 a prisión eludible bajo fianza, mientras que ha dictado libertad bajo fianza a 4 y ha puesto en libertad con cargos a otros 8.

Además de Granados y Marjaliza, han ingresado en la prisión madrileña de Soto del Real sin fianza el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP); el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP), uno de los supuestos cabecillas de la red y "conseguidor" de contratos públicos, Alejandro de Pedro; la "mano derecha" de Marjaliza, Ana María Ramírez, y un directivo de Cofely, Pedro García.

De los diez detenidos que permanecían en prisión eludible con fianza, hoy han salido ocho de ellos, de manera que solo quedan en la cárcel el empresario José Luis Huerta (300.000 euros de fianza) y el jefe de gabinete de la alcaldía de Parla Antonio Borrego (60.000).