El Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ha sido aprobado este martes, 31 de agosto, en Consejo de Ministros en primera lectura, lo que constituye el primer paso del trámite para su aprobación. La nueva Ley pone las bases para acabar con la precariedad del profesorado en la universidad, entre otras cuestiones, y forma parte de la reforma integral del sistema universitario que tiene pensado realizar el Gobierno para los próximos años, cuya implantación pretende que sea "gradual".
Esta nueva reforma universitaria busca reducir la contratación temporal de docentes, rebajándola del actual 40% permitido al 20% y subiendo el porcentaje mínimo de profesorado funcionario del 51 al 55%. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Universidades, Manuel Castells, ha subrayado también la intención de su departamento de incrementar la financiación de las universidades públicas hasta el 5% del PIB en una década, situando a España en la media europea.
La futura ley orgánica del Sistema Universitario Español (LOSU), la tercera en democracia tras la Ley de Reforma Universitaria de 1983 y la Ley Orgánica de Universidades de 2001, también incorpora un cambio en la designación de los rectores, un cargo reservado hasta la fecha a los catedráticos. En su primera rueda de prensa tras un Consejo de Ministros desde que asumió esta cartera a principios de 2020, Castells ha dicho que se cambia una "definición por rango a una por méritos", de modo que podrá ser rector cualquier funcionario que tenga tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y haya desempeñado cargos en la Universidad durante "al menos 4 años".
Entre los principales objetivos de la futura LOSU figura la lucha contra la precariedad laboral, sobre todo del profesorado asociado, por lo que -ha añadido el ministro- se obligará a rebajar la temporalidad en la contratación del personal docente e investigador, pasando del actual 40% permitido al 20%. Contempla además pasar del 51 al 55% el porcentaje mínimo de profesorado funcionario que debe tener las universidades públicas.
Las categorías profesionales con mayor presencia en las plantillas de personal docente e investigador (PDI) son las de titular de Universidad, en el régimen funcionarial, y la de asociado, en el régimen laboral a tiempo parcial, el 28 y 33%, respectivamente, según datos de la Conferencia de Rectores.
Los PDI suman 125.471 docentes, la mitad de los cuales tiene más de 50 años y solo el 19% menos de 40. Además, esta reforma del sistema universitario se marca cuatro objetivos: promover el acceso a la educación superior; adecuar la ordenación de las enseñanzas universitarias; garantizar la buena gobernanza de las instituciones universitarias y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador; y garantizar la calidad y la buena gobernanza de las instituciones universitarias.
La aprobación de la LOSU iría encaminada a lograr el objetivo número tres: garantizar la buena gobernanza de las instituciones universitarias y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador, según constaba en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español enviado a Bruselas a principios de mayo.
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