Limitar la inviolabilidad del Rey abre la puerta a la fiscalización de sus cuentas

Moncloa y Zarzuela negocian un gesto histórico por parte de la Casa Real. Las últimas informaciones que implican al Rey Juan Carlos en el supuesto cobro de 65 millones de euros y que ya está estudiando la Fiscalía del Tribunal Supremo han llevado a la Jefatura del Estado y a la Presidencia del Gobierno a mover ficha. Ambas instituciones se manifiestan al unísono y en ese marco hay que enmarcar el anuncio inédito de Pedro Sánchez de abrirse a revisar la inviolabilidad y, por tanto, los aforamientos de cargos públicos y también del monarca. Esta reforma abriría también la puerta a fiscalizar las cuentas de la Casa Real, algo que los socios de investidura del PSOE van a intentar conseguir con una ofensiva que están preparando.

Son terrenos pantanosos pero Sánchez ha dado un paso que nunca antes ningún presidente había protagonizado: calificar como "inquietantes y perturbadoras" los datos que se están conociendo sobre el Rey emérito. Ni con motivo del caso Urdangarín se había producido una declaración así por parte de un inquilino de La Moncloa.

Lo que Sánchez ha puesto sobre la mesa es la posibilidad de "delimitar" o "matizar" esa inviolabilidad del Rey. Que "los aforamientos de cargos públicos deben circunscribirse a su actividad". Y es aquí donde surge el conflicto. ¿Hace falta una reforma agravada de la Constitución que conllevara el apoyo de 2/3 de Congreso y Senado, la disolución de las cámaras la convocatoria de elecciones y el referéndum? Es lo que está estudiando Moncloa. Dilucidar si sería necesario ese improbable proceso o con una modificación exprés de la Carta Magna, como la que hizo José Luis Rodríguez Zapatero con el artículo 135, sería suficiente. Fuentes de Presidencia consultadas por La Información prefieren no hacer comentarios sobre este escenario que ya ha anunciado el presidente.

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Moncloa sí confirma que presidente y jefe del Estado siguen manteniendo sus despachos semanales en los que no solo de habla de la Covid o se pacta el acto de homenaje a las víctimas del virus que se celebrará este jueves a las 9 de la mañana en el Palacio Real. Este asunto también está sobre la mesa, como lo estuvo la decisión de Felipe VI del pasado 15 de marzo, unas horas después de decretarse el estado de alarma, de renunciar a la herencia de su padre.

Fue otra decisión inédita y que ha motivado que Casa Real haya decidido publicar la liquidación trismestral de su presupuesto. Los primeros datos se dieron a conocer el pasado mes de junio y el procedimiento se repetirá trimestralmente. Precisamente es en ese terreno, en el económico, donde la oposición quiere poner el foco. Su objetivo es que la Jefatura del Estado pueda someterse a una fiscalización que podría llevar a cabo el Tribunal de Cuentas. Ya está habiendo movimientos al respecto.

Y son, precisamente, los socios de investidura de Sánchez quienes se están moviendo. De hecho, por su naturaleza de partidos republicanos, ultiman proposiciones de ley en este sentido, algo que ya llevan solicitando desde hace años. El partido presidido por Oriol Junqueras considera, en lo que se refiere a la fiscalización de la actividad económica-financiera de la Casa Real, bastaría con modificar la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas para añadir un nuevo apartado al artículo segundo en el que se recogiera esa medida. Esta posibilidad siempre se ha rechazado en la Mesa del Congreso, pero limitar la inviolabilidad podría abrir la puerta al cambio de criterio en el órgano de gobierno de la cámara baja.

Sánchez e Iglesias, diferencias pactadas

En el Gobierno de coalición existe una clara división entre PSOE y Unidas Podemos respecto a la situación de la Casa Real. Fuentes del partido dirigido por Pablo Iglesias ponían ayer mismo en duda la "utilidad de la monarquía". "Los escándalos que están apareciendo acorralan a Juan Carlos I, pero ponen en cuestión a Felipe VI y también abren un debate sobre la utilidad de la monarquía", aseguraban. "Lo que se está destapando es que se ha estado utilizando la Jefatura del Estado para intereses y negocios privados que han servido para que sus miembros se hicieran millonarios aprovechando su posición", añadían.

Estas diferencias están pactadas entre Sánchez e Iglesias. Unidas Podemos va a ir por libre en este sentido. De hecho, Gloria Elizo, vicepresidenta tercera del Congreso por la formación morada pidió la abdicación del jefe del Estado y la convocatoria de un referéndum. Estas reivindicaciones se van a diferenciar, y así está pactado, de la actividad del Ejecutivo de coalición.