"La actuación del señor Villarejo como agente encubierto no debía de ser conocida por nadie". Así lo dice el que exjefe de Seguridad de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño en su recurso contra su reciente procesamiento en el caso 'Tándem', en el que pone de manifiesto el "sinsentido" de quedar al borde del banquillo junto a Rafael Araujo, su homólogo en Repsol en la época de la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo, por no comprobar si éste seguía en activo en 2011 cuando fue contratado para tratar de frenar el pacto sindicado de Sacyr Vallehermoso y Pemex para hacerse con el control de la petrolera española. Así, tras insistir en que es prácticamente imposible que alguien que no pertenezca al Cuerpo Nacional de Policía pueda acceder al escalafón, el ex directivo de la entidad financiera asegura que intentar confirmar en qué situación se encontraba el principal investigado de esta macrocausa era "romper un hermetismo administrativo que era casi un secreto de Estado".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, dictó el pasado 20 de septiembre un auto por el que propone juzgar a los ex responsables del departamento de Seguridad de Repsol y CaixaBank, así como al entonces subdirector de este área en la petrolera Rafael Girona, al entender que existen indicios de la comisión de un delito de cohecho activo. En dicha resolución también se procesa al propio comisario jubilado, a su socio, Rafael Redondo, a los que atribuye un delito de cohecho pasivo y descubrimiento y revelación de secretos; y al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño por el último de estos delitos. De este modo, el magistrado instructor puso fin a la investigación que durante dos años se ha centrado en la contratación de Villarejo por parte de las dos compañías del Ibex 35. Todo ello después de que a finales de julio decidiera desimputar tanto a las empresas como al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y al de La Fundación La Caixa, Isidro Fainé.
Los ex directivos de Repsol y CaixaBank han presentado sendos recursos contra esta decisión, a los que ha tenido acceso La Información. En ellos reprochan al juez instructor y a los fiscales Anticorrupción que usen toda la información que obra en la causa -que se compone de una treintena de piezas- para reafirmar su convicción previa sobre la comisión de un delito de cohecho a la hora de contratar a Villarejo para que desarrollara lo que él mismo denominó 'proyecto Wine'. "Nada de lo actuado en la presente pieza ha servido para que el ilustrísimo instructor haya variado su inicial opinión sobre la naturaleza del encargo realizado a Cenyt y las circunstancias de su ejecución", afirma la defensa de Araujo. Es más, añade que se trata de "una aplicación refleja y automática de los resultados obtenidos en otras piezas de la causa", ya que "se pretende reproducir en ésta unas conclusiones que no vienen avaladas por elemento probatorio o indiciario alguno".
"Ninguno de los reiterativos, prolijos y circulares interrogatorios en los que se han repetido tres, cuatro o cinco veces las mismas preguntas sugestivas, retóricas y dirigidas, y ninguno de los documentos, papeles, notas, agendas o testimonios que han pasado por esta pieza, ha podido constatar ni de lejos ninguna de las anteriores presunciones inerciales que luego ha recogido el auto" impugnado, indica el recurso de Fernández Rancaño.
"Nada de lo actuado en la presente pieza ha servido para que el instructor haya variado su inicial opinión sobre la naturaleza del encargo realizado a Cenyt y las circunstancias de su ejecución"
En este sentido, las defensas recalcan que el requerimiento de los servicios de Villarejo en ningún caso tenían nada que ver con la obtención de datos personales y la interceptación de llamadas telefónicas del expresidente de Sacyr Luis del Rivero; de su mujer, Natividad Martínez; del exjefe de Seguridad de la constructora, Rodrigo Álvarez; y del antiguo director financiero de Repsol, Fernando Ramírez Mazarredo; sino con labores de "inteligencia corporativa" relacionada con "proporcionar y verificar información de interés empresarial vinculada con el pacto Pemex- Sacyr". Asimismo, destacan que en ningún momento hubo una evidencia que hiciera sospechar que el comisario jubilado seguía en activo durante la época que prestaba servicios en "abierto" desde la Torre Picasso de Madrid para prácticamente todas las empresas del Ibex 35.
El responsable de la Seguridad Corporativa en Repsol recuerda en su recurso que el primer contacto con Villarejo fue en un acto del Día de la Policía en octubre de 2011 y que, según las anotaciones en las agendas del comisario jubilado aportadas al sumario de la causa, hay constancia de que existían otros "proyectos" de Cenyt que afectaban directamente a Luis del Rivero. Unos trabajos que precisamente se están investigando en el marco de otra pieza separada de la macrocausa, como es la relativa al banco BBVA. De hecho, apunta que la decisión de contratar a Cenyt vino provocada por la instrucción que tenía ya de buscar un proveedor que pudiera analizar las posibles consecuencias del acuerdo suscrito entre Pemex y Sacyr, unido a que, en esa primera conversación, el propio espía le generó dudas acerca de que pudiera estar trabajando para la constructora.
Ni uniforme, ni coche oficial, ni despacho
En cualquier caso, defiende que Villarejo nunca se ha presentado con "uniforme", ni ha utilizado "coche oficial", ni ha dispuesto de "despacho en dependencias policiales", por lo que nunca llegó a barruntar que no se encontraba en excedencia en la Policía, como pensaba. "Durante décadas se sirvió de la cobertura que le daban las empresas del Grupo Cenyt para mantener oculta su condición policial. Esa cobertura sólo podía ser eficaz si esas empresas tenían una actividad real y proporcionaban servicios reales a empresas y particulares", reza el recurso de Araujo, que hace especial hincapié en que esta estructura societaria estaba "amparada y aprovechada por altos responsables del Ministerio de Interior".
Por su parte, Fernández Rancaño reitera que él "ni sabía, ni podía saber, ni estaba en posición de conocer, ni habría nunca podido averiguar" que detrás de Cenyt podría estar un policía en activo. En primer lugar, porque la empresa venía previamente seleccionada por Repsol; en segundo lugar, porque su contratación venía interesada por sus superiores en el banco y se hizo "sin ocultación, sin sospecha de nada y sin atisbo alguno de ilegalidad"; y, en tercer lugar, porque no tenía posibilidad, "ni obligación", de comprobar dicha circunstancia.
El escalafón no es público
Con respecto a este último punto, subraya que la Policía remitió al juez instructor recientemente un informe en el que certificó que el escalafón no es de acceso público, corrigiendo así al propio magistrado que en uno de sus últimos autos reprochó a Araujo y Fernández Rancaño su conducta "negligente" por no verificar la situación administrativa de Villarejo antes de contratarle. Por todo ello, el escrito del exjefe de Seguridad de la entidad financiera asegura que resulta "intelectualmente intolerable, hiriente e incluso cruel" imputar a alguien por no haber imaginado que Cenyt podría "encubrir alguna irregularidad administrativa" cuando "el Estado quería a toda costa mantener oculto" al comisario jubilado desde 2016.
Por último, Rafael Girona rechaza que el instructor de la Audiencia Nacional le atribuya también a él la comisión de un presunto delito de cohecho activo sin precisar cuál fue su actuación en la contratación del agente encubierto. El ex 'número dos' de Araujo defiende que durante la instrucción ha quedado acreditado que "no tomó parte en la gestión" del encargo realizado a Villarejo, ni tuvo ninguna participación en su contratación, ni negoció ningún precio para abonar sus servicios. Asimismo, zanja la cuestión señalando que el mero hecho de asistir a reuniones de trabajo con representantes del Grupo Cenyt "no es premisa" para que tuviera que saber de la condición de funcionario público del dueño del entramado empresarial.
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