Emilio Saracho quiere desvincularse del caso Popular. El último presidente del banco ha pedido al magistrado que dé luz verde a la prueba definitiva que, según él, terminaría con la pesadilla judicial que arrancó en el año 2017 cuando la Audiencia Nacional asumió la investigación penal por la resolución de la entidad. El banquero, que traza la línea con su antecesor en el cargo, Ángel Ron, propone que se llame a declarar cuanto antes a los expertos de la CNMV que han estudiado en profundidad al banco para poner coto a la responsabilidad penal que tuvieron los últimos gestores del Popular.
En el escrito remitido al juzgado y recogido por La Información, la defensa de Emilio Saracho explica que los años que lleva de 'pena de banquillo' no corresponden con el centenar de días que formó parte del entonces sexto grupo bancario del país. "El proceso penal constituye de por sí una pena, más en el caso de mi representado, quien, por 108 días en la presidencia, lleva más de 3 años sometido a un proceso penal, con noticias constantes en los medios de comunicación y el daño reputacional, familiar, moral y psicológico que eso conlleva", rezan sus abogados. Por ese motivo pide al magistrado José Luis Calama Teixeira que llame a declarar cuanto antes a los peritos del supervisor para que, igual que hicieron los expertos del Banco de España, presenten sus conclusiones en sede judicial.
Saracho se escuda en las explicaciones que prestó el entonces presidente de la CNMV Sebastián Albella, en relación al conocimiento que tienen los testigos de la última etapa del banco antes de que acabara en manos de la JUR a mediados de 2017. La comparecencia en la Audiencia Nacional de los dos expertos contó con el visto bueno de Anticorrupción y fue solicitada por primera vez hace poco más de un año, pero todavía no se ha materializado. Por ese motivo vuelve a insistir en que se les llame a declarar y apunta además a la idea de dividir la causa en piezas para desligarse por completo de las investigaciones vigentes que apuntan a la etapa de Ángel Ron. En los últimos meses, el magistrado se ha ido interesando en dos asunto que centran en la actualidad la causa y son el relativo a la ampliación de capital y las tasaciones inmobiliarias.
Hechos diferenciados
En lo que respecta al primero de los aspectos, el juzgado ha solicitado abundante documental al Santander (en calidad de heredero del Popular) para aclarar si hubo instrucciones veladas desde la entonces cúpula en aras a implicar en el proceso de ampliación a los accionistas del banco. Los testigos que han declarado en la causa hasta el momento apuntaron que los directores de oficinas les ampliaron préstamos y pólizas para participar en la ampliación de capital. Ello propició la imputación de nuevos exdirectivos y las advertencias del juez acerca de la existencia de un informe que el entonces vicesecretario del Consejo de Administración Heraclio Peña remitió sobre el hecho relevante que tuvo que emitir el banco el 3 de abril de 2017.
En el documento el directivo alertaba de que exjefes de Banca Minorista y de Negocio urdieron este plan y alentaron a la red comercial para conseguir sacarlo adelante. Con todo, la otra 'patata caliente' es la relativa a las tasaciones inmobiliarias. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha pedido recientemente más documental sobre este capítulo concreto a la entidad que preside Botín para ponerla a disposición del Banco de España y que estudie detenidamente el asunto. Tanto Ron como los consejeros de su etapa negaron problemas con las tasaciones pero los investigadores tratan de esclarecer si éstas se inflaron en el balance de la entidad. Lo cierto es que el Santander aportó una primera tanda de información al respecto en la que admitió que había más de 32.700 fincas que no había podido localizar entre los años 2014 y 2017.
La defensa de Saracho se hace eco de estos últimos acontecimientos para apuntar que desde que declarara en la causa el exdirector de comunicación del Popular, Carlos Balado, no se ha tomado ninguna decisión en la Audiencia Nacional que afecte a su gestión y, por ese motivo, pide trazar la línea con los hechos acontecidos hasta finales de 2016 con los últimos meses de la entidad. "Es fácilmente apreciable como el ámbito subjetivo de ese periodo de la investigación anterior a la llegada de mi principal al Banco Popular se ha ido engordando significativamente (desde los 22 investigados hasta alcanzar el número de 30 a día de hoy)", indica su defensa.
Las divergencias entre los dos últimos presidentes del Popular se hicieron patentes desde el mismo momento en que fueron llamados a declarar en sede judicial. El primero en inaugurar la ronda de interrogatorios fue Saracho. Entonces explicó que se encontró el banco en muy malas condiciones y que no veía muchas más alternativas más allá de su venta. Ron, por su parte, contraatacó su versión y dijo que dejó un Popular solvente cuyo valor quedó reducido a cero apenas unos meses después de su marcha. Ahora la defensa del primero dice que es 'víctima' de una investigación que trasciende de su actuación y que le ocasiona un grave daño reputacional.
"Esta defensa procesal está siendo, por tanto, paciente -al ser consciente de la dificultad de instruir esta causa–, coherente –desde la primera declaración del Sr. Saracho no ha modificado ni un ápice su defensa de la verdad material de lo acontecido durante los 108 días relevantes– y ética –toda vez que no está actuando frente a otras partes que sí que han buscado, desde el principio, "utilizar" al Sr. Saracho como escudo de sus propias responsabilidades y actos", reza el escrito el cual sentencia la colaboración continua de Saracho con el procedimiento cada vez que se le ha requerido.
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