![El diputado de Podemos Jaume Asens](https://imagenes.lainformacion.com/files/image_606_387/uploads/imagenes/2022/11/24/el-diputado-de-podemos-jaume-asens.jpeg)
Unidas Podemos ha anunciado que presentará enmiendas a la reforma que deroga la sedición porque quiere modificar más delitos del Código Penal, aunque no ha dado detalles mayores detalles al respecto. "Esta reforma es fruto de un acuerdo y no va lo lejos que querríamos", ha reconocido el diputado de Unidas Podemos Jaume Asens en su turno de palabra en el debate que se celebra en el Congreso sobre la proposición de ley orgánica que presentaron PSOE y Unidas Podemos para derogar el delito de sedición.
Asens ha asegurado que el Código Penal "aún está plagado" de delitos que no ven con buenos ojos desde la formación 'morada'. Ha celebrado, sin embargo, el texto presentado junto al PSOE. "Hoy es una victoria de la democracia que se apruebe esta propuesta legislativa", ha señalado. En el marco de su intervención, el dirigente de Unidas Podemos ha defendido cinco razones para enviar el delito de sedición "al baúl de la Historia". Ha insistido en que este tipo penal es una "reliquia del pasado", una "anomalía preconstitucional" que "no se ajusta a los estándares" europeos, que -a su juicio- representa una "amenaza al derecho de protesta".
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Además, ha asegurado que la reforma que debate este jueves el Consejo "es un paso importante para desjudicializar el conflicto en Cataluña" que llega para "modernizar el Código Penal" como "una cuestión de higiene democrática". En concreto, PSOE y Unidas Podemos han planteado derogar el actual delito de sedición y sustituirlo por otro desórdenes públicos agravados que contempla para las autoridades penas de 3 a 5 años de prisión -frente a los 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente- e inhabilitación de 6 a 8 años -frente a los 10 a 15 años que establece la ley actual-. El texto que se debate y vota este jueves propone eliminar el artículo 544 del Código Penal -que define el delito de sedición- y modificar el artículo 557 para dar lugar a lo que el presidente del Gobierno denominó "desórdenes públicos agravados".
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