París, 28 abr.- El primer ministro francés, Manuel Valls, anunció hoy una leve suavización de su programa de recortes para los próximos tres años en un intento de atraerse el máximo posible de apoyos de su propio partido en la votación consultiva que tendrá lugar mañana en el Parlamento.
Sabedor de que el ala izquierdista del Partido Socialista (PS) rechaza los ajustes de 50.000 millones de euros entre 2015 y 2017 anunciados el pasado día 16, Valls avanzó medidas destinadas a los pensionistas y funcionarios más modestos.
Con esos gestos pretendió calmar al sector más moderado de su partido, aunque no respondió al ala más radical, que reclama una reorientación más general de la política económica.
Resta por ver cuánto pesa dentro del PS ese sector crítico, algo que quedará patente en la votación de mañana, consultiva y no vinculante para el Gobierno pero que ha cobrado una enorme importancia como factor de legitimación de su política.
Considerado un representante del ala más liberal del PS, Valls ya vio como once diputados socialistas se abstenían en el voto de confianza que abrió su mandato el pasado 1 de abril.
Ahora, temeroso de que el divorcio con el partido se agrande, ha bajado el tono de sus recortes haciendo concesiones a los más moderados.
Ese gesto y el debate interno mantenido hoy por la dirección del PS provocó que el buró nacional del partido aprobara por dos tercios a favor y uno en contra una resolución de apoyo a dicho plan, al considerar que ha tenido en cuenta el parámetro de la restauración de la competitividad, pero también "la exigencia de solidaridad".
La anunciada congelación de pensiones, explicó hoy Valls en una carta enviada a los diputados socialistas, no incluirá a las que estén por debajo de 1.200 euros, lo que afectará a 6,5 millones de jubilados.
Además, 1,2 millones de funcionarios, los que tienen los salarios más bajos, tendrán una apreciación del mismo de 440 euros anuales, con lo que soportarán mejor la congelación anunciada.
Los empleados públicos obtuvieron también el compromiso de revisar anualmente sus estancados sueldos en función de la situación económica del país.
Finalmente, Valls cedió en lo referente a la subida del subsidio de las personas sin ingresos, que había previsto no aplicar hasta septiembre del año próximo y que se aplicará doce meses antes.
A ello se suma el compromiso de que, tras las elecciones europeas, el presidente, François Hollande, peleará en Bruselas por un cambio en la política monetaria para combatir la fortaleza del euro que mina la competitividad exterior de los europeos.
Se trata de "pequeñas medidas simbólicas" que no cambian en lo esencial el plan, afirmaron algunos de los diputados díscolos, mientras el primer ministro asegura que no está dispuesto a ir más lejos y considera "imprescindible" apoyarlo.
Con los 50.000 millones de euros obtenidos de la no revalorización de la mayor parte de las pensiones y salarios de funcionarios y del recorte de ciertos servicios públicos, pretende, ante todo, financiar su plan de reducción de tasas patronales.
Valls cuenta así con estimular la competitividad francesa, para que las empresas puedan volver a invertir y comenzar a crear empleo en el sector privado.
Los empresarios pagarán 30.000 millones de euros menos de impuestos en tres años y, a cambio, se comprometen a aumentar sus plantillas, según el llamado "pacto de responsabilidad" anunciado a finales del año pasado por Hollande e interpretado como un giro económico a la derecha.
Valls, que hizo suyo ese pacto, afirmó que no se puede financiar incrementando los impuestos de los particulares, por lo que la única forma posible de hacerlo es recortando los gastos del Estado.
"Llevamos mucho tiempo viviendo por encima de nuestras posibilidades", martilleó el primer ministro, quien recordó que la deuda pública cuesta en intereses 45.000 millones de euros anuales al erario público.
Pero los recortes son también necesarios para que Francia sitúe el año próximo su déficit público en el 3 % del PIB, tal y como se había comprometido con Bruselas.
"El rumbo, más allá de las medidas, está claro: acelerar el ritmo de crecimiento mediante la reducción de las cargas de las empresas, apoyar el poder de adquisición y reducir el déficit mediante el ahorro", indicó hoy Hollande, para quien el pacto "no es una medida sin más, sino la estrategia de Francia hasta el final del quinquenio".
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