Pese a ser uno de los asuntos que más titulares ha generado y que mayor debate social ha causado desde la llegada al poder de Pedro Sánchez hace ya más de dos años y medio, el Gobierno no ha querido dar muchas pistas a Bruselas sobre cuáles son sus intenciones con la reforma fiscal. Según revelan fuentes presentes en una reunión mantenida por Economía con los agentes sociales a mediados de esta semana a propósito de las propuestas fiscales remitidas a la Comisión Europea en las ya célebres 30 fichas del Plan Nacional de Reformas, el planteamiento gubernamental se habría limitado a referir las medidas adoptadas ya de cara a 2021 y a manifestar su intención de incrementar los flujos de ingresos de las Administraciones Públicas españolas gracias a la lucha contra el fraude fiscal y a la aprobación de nuevas medidas fiscales aún a determinar.
Tras un año de ‘impasse’ por la debacle económica de la Covid-19, el Gobierno afronta ahora el desafío de conciliar el apoyo a la recuperación de la economía con el cumplimiento del acuerdo de legislatura PSOE-Podemos, que básicamente se sustenta sobre medidas de subidas de impuestos. Algunas de ellas ya se han puesto en danza, como la creación de los impuestos sobre determinados servicios digitales (Tasa Google) y sobre transacciones financieras (Tasa Tobin); el gravamen complementario sobre las rentas más altas en el IRPF, el castigo fiscal a las socimis o a las sicav, o la implantación de un impuesto del 5% en el Impuesto de Sociedades sobre los dividendos y plusvalías recibidos desde filiales extranjeras. Otras están en camino, como los nuevos impuestos ‘verdes’ sobre los envases plásticos y los residuos. Pero hay otro grupo de medidas fiscales, algunas muy emblemáticas, que se han quedado pendientes de aplicación a la espera de que la situación económica mejore y ofrezca un contexto más propicio para una subida fiscal. Hablamos de la reforma de los impuestos sobre Patrimonio y Sucesiones y Donaciones para garantizar una tributación mínima en todas las comunidades autónomas, la implantación de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades o el grueso de las ‘subidas silenciosas’ asociadas a la eliminación de beneficios fiscales, sobre todo en el Impuesto sobre la Renta, pero también en la fiscalidad societaria.
El campo de juego, sin embargo, no está marcado de antemano. Mientras desde el área económica del Gobierno se deslizan mensajes que parecen vincular la adopción de cualquier nueva medida fiscal al vigor de la recuperación económica, desde el ámbito de Unidas Podemos se exige una negociación inmediata sobre la base del acuerdo de legislatura, pero con la ambición de elevar la presión fiscal más allá de lo planteado en el mismo. “La realidad es que la parte más relevante de la reforma fiscal en cuanto a su potencial recaudatorio se ha ejecutado ya”, asegura uno de los expertos fiscales de cabecera del Partido Socialista. “Es posible que no se traduzca en recaudación efectiva en 2021 por la situación económica en la que estamos, pero no hay ninguna medida que pueda generar más ingresos que las aprobadas este año”.
Los agentes económicos y, singularmente, las empresas permanecen sin embargo en guardia. En el ámbito empresarial no terminan de sacudirse el temor de que la presión de Podemos pueda forzar al Gobierno a endurecer de forma significativa la fiscalidad empresarial y de hecho CEOE ha movilizado a algunos de los fiscalistas más importantes del país para hacer frente a las eventuales medidas que plantee el Gobierno cuando aborde su comprometida reforma fiscal. Y desde Podemos se alienta esa percepción. “Si se mira a la evolución de los ingresos del Impuesto de Sociedades en los últimos años se aprecia perfectamente que hay un margen muy grande para conseguir más ingresos fiscales de las empresas y nosotros vamos a pelear para que así sea”, aseguran fuentes de la formación morada.
El argumento de los de Pablo Iglesias de que hay jugosos recursos fiscales que extraer de las empresas es rebatido de plano desde los despachos de asesoría fiscal. Aseguran que no se puede tomar como referencia de los ingresos que puede generar el Impuesto de Sociedades los más de 44.000 millones de euros de recaudación obtenidos en el año 2007, en la cresta de la ola del boom inmobiliario, y que los beneficios empresariales, base para el Impuesto de Sociedades, no son lo que eran entonces, no sólo para las empresas de la construcción sino para la mayoría del tejido productivo español. En los próximos años muchas empresas van a presentar pérdidas o unos beneficios muy exigüos, de forma que la idea inicial de imponer un tipo mínimo del 15% del resultado neto en este tributo puede ser “más efectista que recaudatoria”, dado que muchas sociedades tendrán la opción de deducir de la base sus pérdidas de años anteriores, aunque sea con la limitación actual del 70% de los beneficios declarados y con muchos menos gastos deducibles
A esto se suma la evidencia estadística del reducido potencial recaudatorio de los ajustes en el Impuesto de Sociedades. En los últimos años el único cambio regulatorio que ha sido capaz de generar ingresos significativos a través del Impuesto de Sociedades ha sido la elevación del tipo impositivo aplicable a los anticipos a cuenta, que en realidad no incrementa la recaudación en términos reales sino que únicamente adelanta su cobro, ya que lo que se percibe de más en los anticipos se percibe de menos con el ajuste final del mes de abril. El resto de los ajustes no han sido capaces de generar más que unos cientos de millones de euros. Una minucia si se compara con los cerca de 10.000 millones extra generados por las sucesivas subidas de tipos en el IRPF entre 2010 y 2013 o los 16.000 millones de euros generados por las subidas en el IVA.
Moncloa regatea a Bruselas con el IVA
Los expertos fiscales consultados advierten además que tras un año con el consumo hundido por la pandemia, la vuelta paulatina a la normalidad hace augurar una explosión del consumo interno, que indica que los ingresos fiscales extra no van a estar en los beneficios empresariales sino en los impuestos al consumo y, concretamente, en el IVA, en línea por otra parte con las recurrentes recomendaciones al respecto lanzadas desde la Comisión Europea y la OCDE. El margen para modificar el IVA pasaría por una revisión del tipo reducido y el superreducido, algo que pese a ser una recomendación europea no figura en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y UP,
El Gobierno no parece estar por la labor. Fuentes conocedoras de los trabajos internos realizados en el Ministerio de Hacienda en torno a las posibles reformas del IVA advierten de que intentar conseguir más ingresos a través de esta figura obligaría a elevar la fiscalidad sobre los servicios turísticos, la restauración, el sector inmobiliario o los alimentos de primera necesidad y que eso es algo que nadie del Gobierno está dispuesto a hacer, menos aún después de que la pandemia haya puesto al sector turístico al borde del colapso. Las fuentes cercanas al Gobierno consultadas señalan que si se hace algo en el IVA será para bajar el tipo impositivo a los productos de higiene femenina y los servicios veterinarios, dos cuestiones recogidas en el acuerdo de legislatura con Podemos y que no se introdujeron en los Presupuestos de 2021. Sí ven más probable que el Ejecutivo se avenga a mejorar la recaudación por la vía de elevar más la parte impositiva del tabaco, los alcoholes, los carburantes y hasta la electricidad.
Otro cauce de generación de nuevos ingresos fiscales que el Gobierno está dispuesto a continuar explorando es la fiscalidad verde. España continúa en los puestos de cola de la Unión Europea en cuanto a ingresos generados por impuestos verdes en porcentaje del PIB. La Comisión Europea ha llamado en más de una ocasión la atención sobre este fenómeno e incluso ha llegado a estimar en hasta 10.000 millones de euros los ingresos extra que se podrían generar por esta vía si España se pusiera al nivel de los países más avanzados en esta materia. El Ejecutivo ya ha demostrado que quiere avanzar por este camino y este año 2021 entrarán en vigor dos nuevas figuras tributarias de esta naturaleza: el impuesto a los envases plásticos y el impuesto sobre los residuos. El asunto, sin embargo, es más espinoso de lo que parece. En primer lugar, por la distribución de competencias, que hace complicado establecer figuras tributarias estatales; en segundo lugar, porque una parte del Gobierno recela del impacto sobre la industria de sobrecargar la fiscalidad ambiental o del efecto inducido que puede tener sobre el consumo si las cargas extra derivadas de estos impuestos acaban trasladándose al consumidor final.
El castigo a las rentas altas
Subidas de los impuestos de las empresas...y de las rentas altas. El mantra fiscal que el Gobierno ha adoptado con entusiasmo casi desde el minuto uno va a marcar también las medidas fiscales que se puedan aprobar en los próximos meses. Si hay una medida que el Ministerio de Hacienda está decidido a implantar sí o sí es la armonización fiscal de la imposición patrimonial: Impuesto de Patrimonio, Impuesto de Sucesiones e Impuesto de Donaciones. “Se va a hacer, haya reforma de la financiación autonómica o no”, asegura una fuente gubernamental. La medida no va a resolver ni de lejos el problema de ingresos del sector público español, pero está en el punto de mira del Ejecutivo y cuenta con el respaldo de buena parte de las comunidades autónomas, incluyendo algunas del Partido Popular. No será un camino sencillo. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha avanzado su atención de acudir a los tribunales si el Gobierno Central decide entrar en ese ámbito, actualmente de competencia exclusiva de las autonomías.
Una de las reformas fiscales que más se esperan y se temen en el colectivo empresarial es el destope de las bases en las cotizaciones a la Seguridad Social, una medida de gran alcance que se debería coordinar con los cambios que se vayan a preparara en el cálculo de las pensiones en los próximos años. Elevar el pago de esas cotizaciones entre un 10% y un 20% más sobre lo que se paga actualmente es algo que dan por descontado en alguno de las asesorías fiscales más importantes del país. El problema es que, en un contexto de control de la subida de las pensiones medias y ampliación progresiva de los años para su cálculo, ese destope de las cotizaciones no iría acompañado de una subida paralela (en menos medida) de las pensiones máximas que se puedan cobrar.
