El creciente caos que se vive en Hong Kong desde hace casi un mes por las protestas a raíz de la polémica ley de extradición a China han derivado en una profunda crisis política -los manifestantes incluso llegaron a tomar el Parlamento hace unos días- y en un clima de incertidumbre generalizado que se ha extendido hasta el ámbito empresarial. Y es que buena parte de las aproximadamente 1.500 grandes compañías del país, como HSBC o HKEX, empiezan a pensarse seriamente cambiar su sede social a otro lugar por miedo a que la situación termine por afectar a la reputación de Hong Kong como un próspero núcleo de negocios.
"Creemos que las protestas violentas de los últimos días no reflejan cómo la mayor parte de la gente y los grandes capitales desearían ser escuchados", apuntaba el martes la Cámara de Comercio Americana en Hong Kong. Una preocupación que refleja el malestar generalizado ante unas protestas que podrían amenazar el estatus del país como capital financiera de Asia y, por extensión, la labor de puente que realiza entre el capital chino y el resto del mundo.
De hecho, lo que más preocupa es que en Hong Kong ocurra algo parecido a lo que ya ha ocurrido en otras regiones recientemente, como es el caso de Cataluña, donde casi 6.000 empresas se 'fugaron' de la comunidad autónoma en el año inmediatamente posterior al referéndum del 1-O. En el caso de Cataluña, el mayor número de compañías que se mudaron se produjo a finales de 2017, entre el 2 de octubre y el 29 de diciembre, siendo 3.208 empresas (60% del total) las que decidieron trasladar su sede social a otras regiones españolas.
Una crisis abierta con Pekín
Todo comenzó a principios de junio, cuando el Consejo Legislativo de Hong Kong tenía pensado leer, por segunda vez, la propuesta de ley de extradición a China. En concreto, la ley que entró a trámite el pasado mes de febrero permitiría al Ejecutivo de Hong Kong y a la Justicia tramitar las solicitudes de extradición de jurisdicciones sin acuerdos previos -en particular, China y Taiwán- sin supervisión legislativa. El problema es que, según grupos en defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, esta medida incluiría la posibilidad de que China abuse del mecanismo para ahogar a la disidencia política y recortar la libertad de expresión en el archipiélago.
El director de Amnistía Internacional en Hong Kong, Man-Kei Tam, alertaba entonces de que, de ponerse en marcha esta ley, significaría que China "tendría la capacidad para atacar a sus críticos, a los activistas en favor de los derechos humanos, periodistas o trabajadores de ONGs y a cualquiera en Hong Kong, tal y como hacen en su territorio". Según Tam, esto implicaría entregarlos a "un sistema judicial que no ofrece ningún tipo de protección y está plagado de torturas, malos tratos, confesiones forzosas y juicios injustos".
Sin embargo, el pasado lunes, China decidió plantarse, condenando "enérgicamente" el asalto al Consejo Legislativo de Hong Kong protagonizado por cientos de manifestantes y reclamando que las autoridades locales "restauren el orden social normal lo antes posible". La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado (Ejecutivo) publicaba este martes un comunicado en el que calificaba la acción de "muy violenta". Asimismo, aseguraba que "algunos activistas extremistas, bajo el pretexto de oponerse a la enmienda de ciertas regulaciones del Gobierno hongkonés, dañaron voluntariamente las instalaciones del Consejo Legislativo".
La élite empresarial de Hong Kong, dividida en torno a la ley
En cualquier caso, el gran problema es que la élite empresarial de Hong Kong tampoco tiene muy claro que la polémica ley de extradición vaya a suponer ninguna mejora para el país. Hasta el pasado lunes, cuando se produjo el asalto al Parlamento, las grandes empresas temían que si se aprobaba la ley, Pekín podría actuar impunemente en Hong Kong y arrestar a los presuntos delincuentes, incluidos ejecutivos extranjeros, para enfrentarles a cargos bajo el opaco y politizado sistema legal de China.
Al principio, algunas compañías de Hong Kong apoyaron las protestas que se iniciaron el mes pasado. Más de 100 firmas cerraron sus puertas antes de las manifestaciones el 12 de junio para permitir que los empleados se unieran a una manifestación. Pero lo cierto es que la escalada de violencia del lunes por parte de algunos de los manifestantes podría costarles el apoyo entre la comunidad empresarial, que ahora empieza a temer que el caos que sigue imperando en Hong Kong termine por obligarlas a buscar otro lugar en el que operar.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios