El fiscal Fernando Prieto argumenta que "ni uno solo de los 270 expedientes que obran en la causa cumplieron los requisitos" para que se concedieran las ayudas.
Presentada por un supuesto delito de revelación de secretos al hablar del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya que se trata de "un ejercicio de hipótesis y elucubraciones".
El 'pinchazo' a sus dispositivos electrónicos coincide con un viaje que realizó a la isla lusa de Madeira en las mismas fechas en las que se negociaban los indultos a independentistas catalanes.
El juez Calama pregunta al Ministerio Público qué diligencias se deben practicar para averiguar quién está detrás de la infección con Pegasus de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa.
Ha definido los trabajos de José Manuel Villarejo como de inteligencia corporativa y de fuentes abiertas pero, en ningún caso, una labor propia de detectives.
El juez Calama considera que tiene competencia para indagar sobre la existencia de un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos y pregunta a la Fiscalía qué diligencias se deben practicar.
El estudio del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) señala que tras los ataques con Pegasus al móvil del presidente no hay ningún organismo oficial. La Fiscalía pudo acreditar en México una infección privada.
Además del cambio de la razón social una vez adjudicados los contratos, al menos uno de ellos fue avalado por el Consejo de Gobierno en el mismo informe en el que se avaló el contrato con Priviet Sportive.
La asesoría jurídica del consistorio se opone a ampliar la investigación al gerente de la Funeraria de Madrid por supuesto delito de falsedad en documento público y obstrucción a la justicia, como pedía Más Madrid.
Tomás Díaz Ayuso fue citado en la Fiscalía en la semana del 6 de abril para aclarar la mediación que hizo en esta licitación pública que se adjudicó a la empresa de un amigo suyo, Daniel Alcázar.
Anticorrupción explicó sus dudas sobre la autenticidad de los documentos que los comisionistas aportaron al Ayuntamiento de Madrid en la comisión rogatoria emitida a Malasia, que ha concluido sin éxito.
La mitad de los representantes adscritos a la Sala del Tribunal Supremo, la cúpula del Ministerio, piden que no siga adelante la enmienda que permitiría al Gobierno exigirle al FGE información sobre casos judiciales.
El empresario se ha comprometido a aportar dinero a las cuentas embargadas hasta llegar a la cantidad que se le exige, mientras la Fiscalía pide que tome medidas para asegurar el reembolso de los 5,5 millones.
Anticorrupción considera que el consistorio se ha visto involucrado en un delito por pagar "una cantidad de dinero muy superior al valor real" y rechaza retirarle la condición de perjudicado dentro de la investigación.
La Fiscalía analiza las adjudicaciones a siete empresas por su presunta vinculación a los exministros José Luis Ábalos y Salvador Illa; a la vicepresidenta Nadia Calviño; y al presidente, Pedro Sánchez.
El comisionista envió a la coordinadora de presupuestos de Almeida dos fotos de San Chin Choon, dueño de la empresa proveedora de mascarillas que se negó a colaborar con la justicia, recibiendo una medalla.
Esta propiedad junto al dinero que le han bloqueado en sus cuentas bancarias no es suficiente para hacer frente a la responsabilidad civil que pide la Fiscalía Anticorrupción y que supera los 5 millones de euros.
Las autoridades del país asiático comunican que han localizado a San Chin Choon, máximo responsable de la mercantil Leno, pero que éste no se presta voluntariamente a aclarar las dudas de Anticorrupción.
Anticorrupción analizará si los hechos denunciados por Miguel Ángel Galán, presidente de Cenafe, pueden ser constitutivos de delito antes de decidir si abre una investigación por el 'pelotazo' de 24 millones.
El alcalde de Madrid ha destacado que la investigación de la Fiscalía deja claro que el Ayuntamiento no ha cometido irregularidades, después de haber solicitado una fianza de un millón de euros para Luis Medina.
La Audiencia Nacional acordó a finales de marzo dejar a Javier Biosca en libertad bajo el abono de un millón de euros, al entender que no hay riesgo de destrucción de pruebas. La postura de la Fiscalía fue a favor.
El expresidente de Bankia lleva investigado desde 2015 por el origen de su patrimonio. El juez le envió al banquillo por una decena de delitos en junio de 2021 y le embargó sus bienes por importe de 65 millones.
El fiscal pidió a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, que negoció los contratos con los dos imputados, que identificara a las personas que negociaron los términos del acuerdo.
El órgano ha recibido un informe de la Oficina Antifraude de la UE que acusa a la líder de Agrupación Nacional de malversar 137.000 euros de fondos europeos cuando era eurodiputada, entre 2004 y 2017.
Estas explosiones tienen lugar a pesar de que las fuerzas rusas, en principio, se habían retirado de la zona para centrar su ofensiva en el este de Ucrania.
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