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El representante del Frente Polisario para España, Abdulah Arabi, asegura que Sánchez se equivoca y que ha cedido a la presión de Mohamed VI de aceptar la propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental.
El representante del Frente Polisario para España, Abdulah Arabi, asegura que Sánchez se equivoca y que ha cedido a la presión de Mohamed VI de aceptar la propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental.
Rabat siempre ha descartado la independencia y solo contempla que el territorio siga dentro de su órbita. Dispondría de sus propios órganos legislativo, ejecutivo y judicial, aunque ajustados a criterios nacionales.
El Gobierno ha enviado una carta a Mohamed VI para poner fin a los roces entre los países vecinos en la que sostiene que el plan de autonomía para el Sáhara Occidental propuesto por Marruecos es "realista".
El juez ha rechazado imputar al político saharaui por un presunto delito de falsedad "al no haber indicio en de que fuera él quien hizo uso del documento personal falso expedido en beneficio con nombre figurado".
En el texto consta que en febrero de 2021 se pidió a la policía hacer "gestiones para la localización e identificación" del líder del Polisario.
La principal ausencia ha sido la de la embajadora marroquí, Karima Benyaich, quien permanece en su país desde que fue llamada a consultas el pasado 18 de mayo.
El Juzgado de Instrucción de Zaragoza pide que la Policía Judicial aporte información sobre a quien se avisó en la cartera que ocupa Grande-Marlaska, la fecha en la que se hizo, y el medio y procedimiento utilizados.
El comisario, según las mismas fuentes, ha asegurado al juez que una vez que recibió el chivatazo informó a su superior jerárquico, el director adjunto operativo (DAO), José Ángel González Jiménez.
El Juzgado de Instrucción de Zaragoza ha solicitado que se identifique y después se tome declaración a la trabajadora encargada de efectuar el registro del líder del Polisario en el Hospital de San Pedro de Logroño.
El pasado 29 de septiembre el Tribunal General de la UE anuló dichos convenios con Marruecos y dio la razón al Frente Polisario, quien los había denunciado por explotar recursos del Sáhara Occidental.
La jefa de gabinete del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, ha comparecido en calidad de testigo sobre el caso de la entrada del líder del Frente Polisario a territorio español.
El plan armamentístico posiciona al Reino como una potencia militar de primer orden al tiempo que se acerca a EEUU, con quien tiene contratos por 10.000 millones para modernizar sus fuerzas armadas.
"El Frente Polisario condena enérgicamente el silencio cómplice de la Secretaría General de Naciones Unidas y su injustificada renuencia a llamar a las cosas por su nombre", asegura en una carta.
Una vez subsanados los errores en la notificación de la citación, el titular del Juzgado de Instrucción ha interesado su testimonio dentro de la investigación sobre la entrada en España del líder del Frente Polisario.
El magistrado asegura que con el sobreseimiento "se está pidiendo un juicio anticipado que sólo procedería en el caso de que 'el hecho' material fuera inexistente".
Alega que lo hizo por "motivos de seguridad" y elude identificar a la persona que le facilitó el pasaporte argelino del líder polisario.
La exministra de Asuntos Exteriores ha comparecido durante una hora en el juzgado.
Explica en su auto que los hechos denunciados habrían ocurrido entre 1974 y 1990, por lo que ya estarían prescritos, de acuerdo con el Código Penal del 1973, que sería el aplicable.
En medio de estas tensiones se encuentra España, necesitada de cooperación en materia antiterrorista y de inmigración por parte de Rabat y del suministro por parte de Argel.
Los representantes saharuis han señalado que tienen "derecho" a solicitar una compensación por el acuerdo "ilegal" y no descartan llevarla a cabo si España o la UE deciden recurrir el fallo del Tribunal.
Considera que el asunto debía haberse tramitado como procedimiento ordinario, no como procedimiento abreviado.
Por su parte, Bruselas y Rabat han anunciado que tomarán "las medidas necesarias" para garantizar un marco jurídico que proteja la "estabilidad comercial".
El presidente ha recalcado que los españoles están "hasta la coronilla de los insultos y los gritos" y ha respondido al líder del PP preguntándole si está a favor de validar el acuerdo de pensiones.
Pide que se deje sin efecto la imputación de la exministra y que se archive el procedimiento. Aseguran que "no va a aportar mayor aclaración sobre los hechos investigados".
Pide que se le informe de cualquier alerta en cualquier país de la zona Schengen. La diligencia se suma a los informes que a lo largo de la causa ha reclamado a la Jefatura Superior de Policía de Navarra.
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